El Gobierno admite que tramita el indulto a Griñán pero niega que vaya a concederlo

Tramitar un indulto no significa que se vaya a conceder. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha admitido este lunes que hay en marcha un procedimiento administrativo por la medida de gracia que solicitaron el ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y otros ochos condenados por el caso de los ERE. La dirigente socialista afirma que es el trámite habitual y recalca que un Gobierno en funciones no puede conceder indultos.

La División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del departamento que dirige Llop, dirigió nueve oficios (uno por cada condenado) el pasado 28 de septiembre a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla para solicitarle «un informe respecto de la petición de indulto», según ha avanzado ABC. Se trata de un paso ordinario, ya que el informe del tribunal sancionador es pertinente para seguir adelante con el procedimiento.

La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñán a seis años y dos días de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos en noviembre de 2019. El Supremo ratificó la sentencia en julio del año pasado, aunque el texto definitivo, de más de 1.200 páginas, no se conoció hasta septiembre. Era el requisito necesario para comenzar los trámites oportunos para solicitar el indulto.

Griñán fuera de prisión

Otros ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados también siguieron sus pasos. Se trata de Carmen Martínez Aguayo (exconsejera de Hacienda); Francisco Vallejo (que lideró tres consejerías antes de la llegada de Griñán a la presidencia); Jesús Rodríguez Román (exviceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa), los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; Juan Márquez, exdirector de Trabajo; Miguel Ángel Serrano Aguilar, que ocupó diversos cargos directivos en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y Agustín Barberá, que llegó a dirigirla.

«Se tramita como todos. Se le ha dado el mismo curso que a los demás. (El de Griñán) ahora está en fase judicial y seguirá su tramitación ordinaria. Todos los indultos se tramitan de la misma manera», ha reconocido Llop este lunes en IFEMA, donde ha acudido a inaugurar el seminario Servicios Públicos de Justicia en tiempos de transformación, que se celebra en el marco de la presidencia española del Consejo de la UE.

Llop ha explicado a los periodistas que un Gobierno en funciones no puede conceder indultos, «pero se tramita igual». La titular de Justicia ha insistido en que la medida de gracia solicitada por Griñán, que no ha ingresado en prisión por una enfermedad, y los otros ocho condenados por el caso de los ERE está en fase de tramitación y sigue los trámites dispuestos, como en cualquier otro caso. Siempre se solicitan informes al tribunal sancionador y a la Fiscalía, aunque no son vinculantes.

La ley de 18 de junio de 1870 reconoce el indulto como un derecho de gracia que tienen todos los reos en España tras ser condenados por sentencia firme, siempre que no sean reincidentes en el mismo delito. Puede solicitarlo cualquier persona. Lo concede el Rey a petición del Ministerio de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. La medida es individualizada, no implica la desaparición del delito y es discrecional, por lo que no tiene que estar motivada.

Medidas cautelares

El artículo 25 de la ley de indulto establece que el tribunal sancionador debe concluir si este es conveniente. Lo hará constar a través de un informe donde debe incluir los datos del condenado, sus méritos y antecedentes y si cumplió la pena. Además, debe añadir las circunstancias agravantes o atenuantes que hubiesen concurrido en la ejecución del delito, el tiempo de prisión preventiva que hubiese sufrido y, especialmente, las pruebas o indicios de su arrepentimiento, si hay o no parte ofendida y si la medida perjudica a un tercero.

El 26 de septiembre, el Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad poner en libertad cautelar a los condenados por el caso de los ERE. Los 11 magistrados de la corte de garantías desestimó por unanimidad la petición de siete de ellos, que cumplen condena desde el pasado enero. En el caso de Griñán, había retirado su petición de medidas cautelares al no ingresar en la cárcel para tratarse por su enfermedad.