Abogados Cristianos solicita al juez que pare las exhumaciones del Valle de los Caídos
La organización pide medidas cautelarísimas en representación de una nieta de las víctimas enterradas en Cuelgamuros
Imagen del Valle de los Caídos, ahora renombrado como Cuelgamuros. | Rafael Bastante (Europa Press)
El Valle de los Caídos se ha convertido en un territorio de batalla. Abogados Cristianos ha solicitado medidas cautelarísimas al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid para paralizar las exhumaciones en la mayor fosa común de España. Lo hace en nombre de la nieta de una de las apenas 200 mujeres que fueron enterradas en Cuelgamuros. Hace solo unos días, otro juzgado anuló la licencia urbanística que permitió realizar las obras de habilitación para acceder a las criptas en las que se encuentran las víctimas del franquismo.
La demandante considera que los trabajos de exhumación autorizados por el Ministerio de la Presidencia en junio suponen una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa, consagrado en el artículo 16 de la Constitución. El texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, hace mención a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que manifiesta la posibilidad de «recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos».
Abogados Cristianos asegura que «la mera necesidad de tener que realizar las pruebas de ADN a los cadáveres (lo que implica cierto grado de profanación) está incurriendo en una vulneración de un ejercicio de la libertad religiosa». La organización denuncia que «para realizar estas pruebas no han solicitado consentimiento a los familiares».
Las tareas en el Valle de los Caídos
Su presidenta, Polonia Castellanos, insiste en que supone «otro ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos». En su opinión, se trata de una agresión por varios motivos: «Su inquina a la cruz más grande de la cristiandad y para desviar la atención de su proyecto para romper España».
«Lo único que queremos es que se respeten nuestros símbolos, nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestros derechos fundamentales, uno de los más importantes, que está siendo atacado de forma reiterada: el derecho a la libertad religiosa», insiste Castellanos.
En el escrito presentado, Abogados Cristianos afirma que las exhumaciones «presentan notables dificultades técnicas e incluso una imposibilidad que está pasando completamente por alto la Administración. Ello provoca que las exhumaciones en cuestión afecten y lesionen con toda seguridad un derecho fundamental, en concreto la libertad religiosa».
La asociación de juristas insiste en que la imposibilidad técnica ha sido acreditada por Ministerio de Justicia, según demuestra el informe sobre viabilidad de identificación en el enterramiento del Valle de los Caídos presentado el 15 de febrero de 2011. En su opinión, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde hace un año, «deberían tomarse medidas únicamente de reparación de carácter simbólico y moral».
Víctimas identificadas
No es la primera vez que una organización trata de evitar las exhumaciones que han solicitado los descendientes de 133 víctimas enterradas en el Valle de los Caídos, la mayoría sin permiso. Tras siete años de trabas burocráticas, el Tribunal Supremo dio luz verde a los trabajos en marzo tras rechazar el recurso de una asociación. Los operarios iniciaron las labores el 12 de junio, aunque los descendientes criticaron haberse enterado por la prensa.
Ya han sido identificadas y devueltas 11 víctimas. La ceremonia de entrega tuvo lugar el pasado 20 de agosto en el Parque de La Ermita de la Virgen de Rivilla, junto al cementerio de Pajares de Adaja (Ávila). Al acto acudió el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que aseguró que el Gobierno «va a hacer todo lo que esté su mano para que las víctimas del franquismo dejen de estar olvidados en cunetas y caminos». Eso, si no lo evitan los tribunales.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid anuló hace unos días la licencia urbanística que permitió a Patrimonio Nacional realizar las obras para acceder a las criptas en el Valle de los Caídos e iniciar las exhumaciones. Fuentes gubernamentales reconocen a este diario que la resolución no cambia nada y que los trabajos para recuperar los restos de las víctimas siguen adelante. No obstante, recurrirá la sentencia.
El Gobierno no ha aclarado a este diario si las exhumaciones siguen en marcha. En agosto, los descendientes de las víctimas criticaron el parón en los trabajos, que comenzaron a mediados de junio. Aseguraban estar «cabreadísimos» porque la Secretaría de Estado de Memoria Democrática les había asegurado que las tareas iban a seguir todo el verano. Los familiares justificaban las prisas por la incertidumbre política que dejaron las elecciones el 23 de julio.
