La dificultad de indultar a Griñán: el Gobierno solo perdona al 1% de quienes lo piden
El Ejecutivo perdonó en 2021 a un total de 46 personas, de las que nueve fueron los condenados por el ‘procés’
Ilustración de Alejandra Svriz.
El Ministerio de Justicia ya tramita las solicitudes de indulto de José Antonio Griñán y los otros ocho condenados por el caso de los ERE. Está obligado a hacerlo. La ministra Pilar Llop ha puesto énfasis en que se trata del procedimiento habitual para evitar confusiones de la opinión pública, soliviantada con la posibilidad de que se otorgue una amnistía para superar el procés. «Un Gobierno en funciones nunca puede otorgar indultos», ha insistido. Los datos tampoco están del lado del expresidente andaluz. En 2021, último año con datos, el Ejecutivo solo aceptó la medida de gracia en el 1,3% de los expedientes que tramitó.
La División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del departamento que dirige Llop, dirigió nueve oficios (uno por cada condenado) el pasado 28 de septiembre a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla para solicitarle «un informe respecto de la petición de indulto». Se trata de un paso ordinario, ya que el informe del tribunal sancionador es pertinente para seguir adelante con el procedimiento.
«La solicitud (de Griñán) se tramita como todas. Se le ha dado el mismo curso que a las demás. Ahora está en fase judicial y seguirá su tramitación ordinaria. Todos los indultos se tramitan de la misma manera», reconoció Llop este lunes en Ifema, donde acudió a inaugurar un seminario. La tramitación en marcha no tiene nada de especial, ya que el Gobierno está obligado a hacerlo con todas las solicitudes que llegan.
El Gobierno niega el perdón
El sistema penitenciario español cuenta con casi 50.000 presos, una de las cifras más bajas en las dos últimas décadas. El Gobierno ha dicho por activa y por pasiva que no piensa indultar a los condenados por el caso de los ERE. Los números tampoco son halagüeños para los demandantes. En 2021, el último año con datos, se resolvieron 3.473 expedientes. A pesar de la ingente cantidad de peticiones, solo se concedieron 46 indultos (29 hombres y 17 mujeres), lo que supone el 1,3% del total.
En junio de ese año, el Gobierno concedió la medida de gracia a los nueve condenados en el juicio del procés. El Ejecutivo decidió otorgar estos indultos por «utilidad pública» guiándose «por el espíritu constitucional de concordia y para abrir una nueva etapa de reencuentro entre Cataluña y España», según explicó la entonces ministra portavoz, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros.
En 2020 se tramitaron 3.388 expedientes para perdonar a un total de 28 personas (18 hombres y 10 mujeres), lo que entrañó apenas un 0,7%. Una cifra algo inferior de la que se registró un año antes, cuando se cursaron 4.162 expedientes y se indultó a 39 condenados (25 hombres y 14 mujeres), esto es, al 0,9%. Se da la particularidad de que en el segundo semestre de ese año el Gobierno también se encontraba en funciones.
La cifra más baja de la década se produjo en 2018, cuando se tramitaron 4.382 expedientes y solo se indultó a 17 personas (11 hombres y seis mujeres). Supone apenas un 0,3% del total. Hay que apuntar que ese año, en junio, hubo un cambio de Gobierno, después de que prosperara la moción de censura contra el popular Mariano Rajoy, lo que abrió las puertas de La Moncloa a Pedro Sánchez. Un año antes, en 2017, se gestionaron 4.370 peticiones, pero solo se concedió la medida de gracia a 26 condenados, un 0,5%.
Una ley del siglo XIX
Los datos analizados por THE OBJECTIVE en una década (desde 2011 a 2021) demuestran que el Gobierno, independientemente de su color, apenas utiliza la medida de gracia. De los 59.335 expedientes resueltos en esos años, solo han sido agraciados 1.320 condenados, apenas el 2,2%. El indulto es una fórmula de perdón para todos los reos reconocida en una ley de 1870. Para que pueda otorgarse es necesario que el condenado tenga una sentencia firme y no haya reincidido en el mismo delito.
Lo concede el Rey a petición del Ministerio de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. La medida es individualizada, no implica la desaparición del delito y es discrecional, por lo que no tiene que estar motivada. Esto quiere decir que el proceso es aleatorio, a pesar de que es necesario un informe del tribunal sancionador y otro de la Fiscalía. En el caso de Griñán y los otros ocho condenados por los ERE ya se ha solicitado el primero.
La Audiencia Provincial de Sevilla condenó al expresidente andaluz a seis años y dos días de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos en noviembre de 2019. El Supremo ratificó la sentencia en julio del año pasado, aunque el texto definitivo, de más de 1.200 páginas, no se conoció hasta septiembre. Era el requisito necesario para comenzar los trámites oportunos para solicitar el indulto.
Un camino que siguieron los otros ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados. Se trata de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández; el viceconsejero Jesús Rodríguez Román; el exdirector de Trabajo Juan Márquez y los dirigentes de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Miguel Ángel Serrano Aguilar y Agustín Barberá. El único que se ha salvado de ingresar en prisión, por enfermedad, ha sido Griñán.
