Un 'error' judicial impide a un inmigrante poner un recurso para recuperar su pasaporte

El peruano Jorge Castaño (nombre ficticio) se quedó sin pasaporte en julio. Unos policías se lo requisaron de forma cautelar al constatar que estaba en situación irregular. Castaño tiene limitados sus movimientos sin ese documento. No puede volver a su país, identificarse cuando paga con tarjeta, ni abonar el depósito de 50 euros que le exige el juzgado para recurrir el auto judicial que mantiene la decisión de los agentes. A pesar de habérselas ingeniado para hacerlo, no ha servido para mucho, ya que el número que aparece en el auto es erróneo.

El abogado de Castaño, Manuel Guerra, presentó un recurso de apelación el pasado 4 de octubre ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo contra la decisión de mantener la retirada del pasaporte. En el texto solicita que se dé traslado del caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Días más tarde, el letrado recibió «una sorprendente» llamada.

Al otro lado del teléfono, un funcionario le advertía de que el recurso no había sido admitido aún a trámite porque habían cometido «un error» al facilitar el número de cuenta de Consignaciones y Depósitos. Guerra teme que se trate de una maniobra para dilatar el proceso. Este diario ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con el juzgado para conocer el motivo concreto de esa confusión.

Retirada ilegal del pasaporte

Diversos abogados especializados en extranjería han reconocido a THE OBJECTIVE que la retirada de pasaportes a inmigrantes en situación irregular es cada vez más frecuente, a pesar de que no hayan delinquido. Guerra tilda de «ilegal» lo que le está sucediendo a su cliente, ya que la legislación no ampara la retirada de la documentación. E insiste: «La interpretación es contraria a la normativa».

El artículo 13 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en vigor desde 2015, establece que los extranjeros que se encuentren en España tienen «el derecho y la obligación» de conservar y portar consigo la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes del país de origen y que no pueden ser privados de ella «salvo en el curso de investigaciones judiciales de carácter penal».

No es el caso de Castaño, que carece de antecedentes penales tanto en España como en Perú, según ha podido comprobar este diario a través de los pertinentes certificados. Llegó a Madrid en 2018 buscando un futuro mejor. En el Padrón Municipal de Madrid aparece desde julio del año siguiente. Su letrado reconoce que está en situación irregular, pero que esta no es razón suficiente para arrebatarle el pasaporte, ya que solo supone «una simple infracción administrativa subsanable».

Los hechos sucedieron el pasado 18 de julio. Castaño, de 50 años, fue requerido por agentes de la Policía Nacional que, al comprobar que no tenía permiso de trabajo, decidieron confiscarle el pasaporte y que se personara una vez al mes en la comisaría hasta que un juez decidiera sobre su expulsión. El magistrado rechazó la petición de levantarle el castigo y afirmó que el recurrente no acreditó para qué necesitaba la documentación.

«Daño irreparable»

El abogado del afectado sostiene que la decisión le está causando «un daño irreparable». En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso este diario, indica que la retirada del documento constituye «una vulneración manifiesta de sus derechos fundamentales, restringiendo su derecho deambulatorio». El texto también subraya que la medida limita sus posibilidades de identificarse debidamente para realizar numerosos trámites de carácter ordinario.

«Es realmente llamativo que mi representado haya tenido numerosos problemas a la hora de identificarse en la entrada de los propios tribunales (…) y en la propia entidad bancaria le negaron la posibilidad de hacer el depósito exigido para presentar este recurso, teniendo que hacerlo a través de cajeros automáticos sin disponer de cuenta en el citado banco y con ayuda de terceras personas», se queja Guerra.

La preocupación del letrado estriba en que no existe un plazo estimado para resolver el asunto, por lo que la situación de su cliente puede demorarse durante años. Durante ese tiempo, asegura que Castaño estará desprotegido, ya que «el pasaporte no es solo un documento exigido para cruzar fronteras, sino que para un ciudadano extranjero es una manera de identificarse ante innumerables situaciones de la vida cotidiana».