Un juez se niega a devolver el pasaporte a un inmigrante por no acreditar para qué lo necesita

Los abogados de extranjería alertan de un recurso cada vez más frecuente: la retirada de pasaportes a inmigrantes en situación irregular pese a no haber delinquido. Denuncian que esa maniobra supone una vulneración de derechos fundamentales, ya que la ley establece que no pueden ser privados de su documentación salvo en investigaciones penales. Es el caso del peruano Jorge Castaño (nombre ficticio), sin antecedentes. Al recurrir al juzgado, este rechazó devolverle el pasaporte porque no había acreditado para qué lo necesita.

Los hechos sucedieron el pasado 18 de julio. Castaño paseaba por Madrid cuando fue requerido por la Policía Nacional. Los agentes comprobaron que no tenía permiso de trabajo, por lo que se trataba de un inmigrante irregular a pesar de que contaba con un contrato laboral. Como medida cautelar decidieron confiscar su pasaporte y que se personara una vez al mes en la comisaría (le toca este miércoles) hasta que un juez decidiera sobre su expulsión.

Castaño, de 50 años, recurrió la decisión ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, pero el magistrado rechazó devolverle el pasaporte. Entre los motivos que alegó, según el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que el recurrente «no indica siquiera perjuicio concreto que le suponga el cumplimiento de la medida cuya suspensión solicita».

Confiscar el pasaporte

Para el abogado de Castaño, Manuel Guerra, la decisión supone la vulneración de un derecho fundamental. En su opinión se está restringiendo su derecho deambulatorio, ya que ni siquiera puede volver a su país. «El pasaporte no es solo un documento para cruzar fronteras. Para un ciudadano extranjero es su manera de identificarse ante innumerables situaciones de la vida cotidiana: desde un pago con tarjeta en el supermercado hasta la entrada en los juzgados», señala.

Guerra sostiene que la policía confiscó el pasaporte a Castaño para evitar que se pueda regularizar. Un recurso, lamenta, cada vez más frecuente en España. «El primer requisito que piden es tenerlo. Mi cliente tiene derecho al arraigo laboral: lleva más de dos años en nuestro país y ha trabajado al menos seis meses».

El juez sostiene que dejar sin efecto la medida cautelar de la policía supondría «una perturbación grave de los intereses generales, anticipando los efectos de una hipotética sentencia favorable, por lo que la medida ha de ser desestimada». Las medidas cautelares en el procedimiento administrativo tienen como objeto tratar de garantizar la efectividad de la resolución final. Guerra tilda de «ilegal» lo que le está sucediendo a su cliente, ya que la legislación no ampara la retirada del pasaporte.

El artículo 13 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en vigor desde 2015, establece que los extranjeros que se encuentren en España tienen «el derecho y la obligación» de conservar y portar consigo la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia. Además, señala que los extranjeros no pueden ser privados del pasaporte «salvo en el curso de investigaciones judiciales de carácter penal».

Sin antecedentes penales

No es el caso de Castaño, que llegó a España en 2018 buscando un futuro mejor. Su caso, insiste Guerra, supone «una simple infracción administrativa subsanable». En el Padrón Municipal de Madrid aparece desde julio de 2019. El afectado no tiene antecedentes penales ni en nuestro país ni en Perú, según ha podido comprobar este diario a través de los pertinentes certificados. La acreditación de su país está firmada por el cónsul adscrito José María Egusquiza el pasado 17 de agosto.

Guerra ha presentado un recurso de apelación, aunque aún no ha sido aceptado por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Solicita que lo traslade al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aunque reconoce que el proceso se puede demorar durante años, ya que no hay plazo. «Mi cliente está privado de libertad. Ni siquiera puede pagar el depósito para recurrir la decisión del juez, lo que supone indefensión».

«Cada día que pasa sin que se le devuelva su pasaporte es un día más en el que se vulneran sus derechos», esgrime el letrado en el recurso. En su opinión, se dan todos los criterios para que el juez adopte medidas cautelarísimas y devuelva la documentación a Castaño. En caso contrario estará produciendo un daño irreparable. Además, Guerra rechaza que existan intereses públicos para negarse a ello, ya que su devolución «no causa perjuicio alguno», aunque sí limita derechos fundamentales.