La Fiscalía pide condenar a Camps, el «paciente cero» de Gürtel en Valencia
Asegura que el expresidente valenciano «intervino para deshacer los posibles obstáculos» de la trama
Francisco Camps llegando a la Audiencia Nacional | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido condenar al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, al que ha definido como el «paciente cero» que posibilitó la «parasitación y la colonización» de la trama ‘Gürtel’ en la administración autonómica.
Así se ha expresado la fiscal Concepción Nicolás durante la exposición de su informe final en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la ‘Gürtel‘, unos hechos por los que solicita un año de prisión para Camps.
En la recta final de la vista oral, que arrancó hace 10 meses, la Fiscalía ha puesto el foco en la relación del responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, con Camps para explicar la llegada de la trama a Valencia y para pedir una «respuesta» acorde a las «conductas graves» que a su juicio han quedado demostradas.
Para el Ministerio Público, la «proximidad y el abuso de la relación» entre ambos por parte de ‘El Bigotes’ «posibilitó» que éste último «pudiera contratar y tener acceso a las consellerías», lo que «explica el inicio de las contrataciones» que están en el punto de mira. «El presidente intervino para deshacer los posibles obstáculos», ha añadido la fiscal.
«El grupo criminal, que es el grupo Correa, desembarca y coloniza en las instituciones públicas. Como ha quedado demostrado, (el líder de la Gürtel, Francisco) Correa creó un sistema de corrupción institucional. Hablamos de la parasitación y colonización de la Generalitat valenciana. Se instalan las empresas de Correa a través de un paciente cero que es Francisco Camps, que le ofreció irse a Valencia», ha detallado la Fiscalía.
Pide una «sentencia condenatoria»
En relación a los grandes eventos, Anticorrupción ha sostenido que se trató de un «encargo arbitrario, ilícito e injusto pero absolutamente inteligente». «Era muy ventajoso, y no solo económicamente. Orange Market tenía el prestigio, la confianza, el contacto, el acceso, el motivo, la ocasión y la oportunidad», ha añadido.
En este contexto, la Fiscalía ha denunciado una serie de «prácticas que se hacen de forma constante y que se vienen reiterando». «Cuando se contrata sin procedimiento, sin competencia y se dan de forma directa adjudicaciones estamos hablando de un delito de prevaricación. Hablar de que el contrato menor es redundante y común no valida la utilización de los medios» ha recordado.
Así, la fiscal ha pedido no «minimizar la importancia de estos hechos solo porque se traten de cuestiones patrimoniales». «Hablamos de conductas que no son meras infracciones o irregularidades, sino absolutamente contrarias a los intereses de la administración publica, incluso contrarias a un modelo constitucional», ha sostenido.
Por último, Anticorrupción se ha preguntado «quién repone la situación de quien ha dejado de vigilar, de custodiar y de servir, de quienes han dejado de tratar de forma prudente y austera la cosa pública». «La única restitución de estas conductas graves la tiene el derecho penal. Tenemos la obligación de dar respuesta, por eso solicito una sentencia condenatoria», ha apostillado Nicolás.
Cabe recordar que la Fiscalía pide para Correa, su número dos, Pablo Crespo, y para el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, una condena de dos años y tres meses de prisión respectivamente por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con un delito de prevaricación, por un delito de falsedad en documento mercantil y por otro de malversación de caudales públicos.
La Fiscalía solicita asimismo para el que fuera gerente de Orange Market Cándido Herrero ocho años de cárcel por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con uno de prevaricación administrativa, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y por los delitos de malversación de caudales públicos.
El resto de peticiones
Para las trabajadoras de la trama Mónica Magariños e Isabel Jordán la Fiscalía pide un año, ocho meses y 15 días de cárcel por los delitos de falsedad en documento mercantil y malversaciones de caudales públicos. Además, solicita dos meses de cárcel por un delito de tráfico de influencias a sustituir con una inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.
Anticorrupción también reclama la pena de inhabilitación para cargo público por dos años y seis meses para la ex directora general del Libro Silvia Caballer así como la pena de inhabilitación para cargo público que merezca la consideración de personal eventual porque implique funciones de confianza o asesoramiento especial por tiempo de tres años para el exjefe de gabinete de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana Enrique Navarro.
Para la que fuera gerente de la fundación ‘La luz de las imágenes’ María del Carmen Díaz Quintero la Fiscalía pide la pena de 18 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo e inhabilitación absoluta durante tres años.
El exgerente de la sociedad Proyecto Cultural Castellón Vicente Farnós de los Santos, por su parte, afronta una petición de Anticorrupción de un año de prisión por un delito de malversación e inhabilitación para cargo público por dos años y seis meses.
Asimismo, el Ministerio Público solicita para el que fuera jefe del gabinete técnico de la Sociedad de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (SEPIVA) Enrique Bort 10 meses de prisión por el delito de falsificación en documento oficial e inhabilitación para cargo público por dos años y seis meses.
Cabe recordar, como recoge la Fiscalía en sus conclusiones, que previamente al inicio de la vista oral los acusados Correa, Crespo, Magariños, Jordán, Caballer, Farnós de los Santos, Navarro, Díaz Quintero y Bort presentaron escritos en los que se adherían a las por entonces calificaciones provisionales.
