España, condenada a pagar otros 15 millones por la retirada de primas a las renovables
La factura supera ya los 1.200 millones de euros, a los que hay que sumar otros 250 por intereses de demora
Aerogeneradores en el parque eólico de Sil y Meda, en Orense. | Agostime (Europa Press)
Llegan nuevos nubarrones a España. El Estado deberá pagar otros 15 millones de euros a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Esta vez la compensación deberá ser abonada al grupo inversor que encabeza el alemán Mathias Kruck, que solicitaba más de 67 millones en concepto de indemnización. La factura supera los 1.200 millones, a los que hay que sumar otros 250 por intereses de demora. Las compañías afectadas instan a los partidos a formar Gobierno y resolver la situación para evitar que aumente la cifra y que se confisquen nuevos activos.
La denuncia de este caso fue interpuesta en junio de 2015 y, al igual que ha ocurrido con una veintena de procesos similares, ha sido tramitada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), un organismo dependiente del Banco Mundial que se encarga de las cuestiones de inversiones, como es el caso de las primas a las renovables eliminadas hace una década.
España está obligada a adoptar sus resoluciones como país firmante del Tratado de la Carta de la Energía, que la UE ha solicitado abandonar. El tribunal que ha dado la razón a Kruk ha estado presidido por el prestigioso jurista británico Vaughan Lowe, que ha contado con la representación jurídica del bufete español Gómez-Acebo & Pombo y del despacho francés King & Spalding. La resolución del proceso llegó el pasado 6 de octubre, cuando se comunicó la decisión a ambas partes.
Las renovables frente a España
El último laudo condena a España a abonar una indemnización de 15 millones de euros, aunque los inversores reclamaban una reparación superior a los 67 millones. El fallo impone el pago de 540.000 euros derivados del presupuesto de constitución y organización del arbitraje y 320.000 euros en costas.
Si nuestro país no resarce a los demandantes antes del 21 de junio del próximo año, también deberá realizar pagar 2,9 millones en concepto de intereses. En su decisión final, el tribunal explica que España «viola la Sección III del Tratado de la Carta de la Energía con respecto a las inversiones de las demandantes y, específicamente, los derechos en virtud del artículo 10», que hace referencia a un trato justo y equitativo.
Hasta el momento, España acumula una veintena de condenas internacionales por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. El monto total supera los 1.200 millones de euros. El impago reiterado de estos laudos ha hecho que nuestro país figure por delante de Venezuela y Rusia en el ranking que mide el grado de cumplimiento de este tipo de sentencias.
Los intereses de demora, las condenas en costas y otros gastos asociados a esta situación aumentan la factura pendiente de pago en 250 millones de euros. Para no pagar, España se aferra a la Comisión Europea, que considera ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales entre países miembros por ser contrarios al derecho comunitario. Aboga por resolverlos en sus tribunales en lugar del Ciadi.
Embargos internacionales
Las compañías e inversores afectados están litigando en países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia para embargar activos españoles y compensar de esta forma los impagos. Por el momento, han intervenido cuatro títulos de deuda pública que sitúan a España en una situación de default técnico.
Los litigios comenzaron con el plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables que aprobó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Seis años más tarde, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó ese régimen perjudicando a las empresas que habían comenzado a recibir las ayudas, ya que la normativa tenía carácter retroactivo.
Las empresas afectadas por el impago a las renovables esperaban que las elecciones del 23-J supusieran un punto de inflexión en la batalla que emprendieron hace casi una década. La mayoría de las encuestas otorgaban la victoria del PP, formación con la que los representantes de las compañías avanzaron algunos pasos. La probable reelección de Pedro Sánchez ha rebajado sus expectativas, pues ha sido el presidente que se ha negado a pagarles hasta ahora.
