La Audiencia Nacional juzgará al abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico
La Sala de Apelación desestima la petición del abogado Gonzalo Boye, que podrá recurrir al Tribunal Supremo
La Audiencia Nacional juzgará al abogado de Carles Puigdemont por blanqueo del narcotráfico. La Sala de Apelación ha desestimado un recurso de Gonzalo Boye en el que sostenía la falta de competencia de este órgano judicial para enjuiciarle por un delito de blanqueo de capitales en relación con la Operación Mito, la presunta introducción en España de casi cuatro toneladas de cocaína dirigida por José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y el entramado creado para ocultar los beneficios obtenidos. La resolución no es firme, ya que puede presentarse recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Sala de Apelación confirma la resolución dictada el pasado 26 de julio. En aquella ocasión, la Sección Tercera de la Sala Penal ya desestimó un artículo de previo pronunciamiento en el que el abogado de Puigdemont pedía que se estimara la excepción de cosa juzgada y la declinatoria de jurisdicción.
Los magistrados explican que si bien la ley no contempla la competencia de la Audiencia Nacional para los delitos de blanqueo de capitales, sí la establece cuando exista conexidad con otros delitos cuya investigación se atribuya a este tribunal. En este caso, el presunto de narcotráfico que subyace en las operaciones realizadas por Boye.
La amnistía de Puigdemont
La resolución apunta que, tal y como expone la Fiscalía Especial Antidroga en su escrito de acusación, en línea con el auto de procesamiento de la juez de instrucción, las operaciones llevadas a cabo por Boye son acciones dirigidas por Sito Miñanco para recuperar un dinero intervenido en el aeropuerto de Barajas el 6 de febrero de 2017.
El Ministerio Público acusa al abogado de Puigdemont de un delito de blanqueo de capitales cometido en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial.
«Por todo ello, una vez fijado el objeto del proceso en los términos expuestos, la conexidad entre los hechos por los que se acusa a Gonzalo Boye y el eventual delito antecedente contra la salud pública se hace evidente, según el Ministerio Fiscal, y queda atribuida la competencia a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional», explica el auto.
La intención de Puigdemont, que pide una amnistía amplia, es que esta perdone también otros delitos, entre ellos los del clan Pujol, los de los policías del 1-O y los de su abogado. La intención inicial del expresidente de Cataluña era que la medida de gracia abarcara a «los 4.000 represaliados» que calculan que ha dejado el procés y también a los más de 40 policías y guardias civiles con procesos judiciales abiertos por presuntamente haber hecho un «uso desproporcionado de la violencia».