PSOE, PP y Vox deberán acusar de forma unificada en el 'caso Mediador'
Los tres partidos tendrán que ponerse de acuerdo para que un solo abogado les represente
Juan Bernardo Fuentes Curbelo, en una intervención siendo diputado del PSOE | Congreso (Europa Press)
La Audiencia Provincial de Tenerife ha acordado que el PSOE, el PP y Vox deberán ejercer la acusación popular de forma unificada en la causa que se sigue contra el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo –alias ‘Tito Berni’–, por lo que los tres partidos tendrán que ponerse de acuerdo para que un solo abogado les represente.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados han resuelto que a la acusación popular que ejercerán el PSOE, el PP y Vox también se sumarán Fuerza Canaria Unida Democrática y la Organización de Usuarios y Consumidores de Agua (Aguaiuris).
Esta decisión tiene lugar después de que el partido socialista pidiera a la Audiencia Provincial que corrigiera la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, la juez Ángela Lorenzo-Cáceres, que en abril confirmó su decisión de rechazar la petición de los partidos políticos, de la AUGC y de Aguaiuris de ejercer la acusación por separado.
Los socialistas insistieron en que la resolución de la juez carecía de «fundamentación» porque consideraba que «ni la exigencia de fianza, ni la de única representación letrada» estaban «suficientemente motivadas».
La Audiencia Provincial, sin embargo, ha desestimado los argumentos del partido al considerar que los autos de la juez «colman todas la exigencias legales y jurisprudenciales en relación a la motivación de las resoluciones judiciales», dado que «se explican las razones por las que la instructora acordó la unificación del ejercicio de la acusación popular así como la necesidad de fianza y su importe».
Asimismo, la formación subrayó que este caso concreto se trataba de «organizaciones manifiestamente heterogéneas», que representaban «valores tan distintos –y en ocasiones contradictorios entre sí–«, por lo que «difícilmente podrán coincidir en una unitaria estrategia procesal acusatoria».
Los magistrados de la Audiencia de Tenerife han advertido de que, en esta fase inicial de la instrucción, razones relacionadas con el ámbito de los hechos «permiten apreciar una cierta convergencia entre las organizaciones, cuya agrupación se ha acordado frente a singularidades que obedezcan a ideologías o, incluso, diferentes estrategias procesales que deben ceder ante propósitos que no sean la búsqueda de la verdad y alcanzar la justicia, y no tanto desde la defensa de intereses particulares como desde la perspectiva del interés general».
La AUGC acusará en solitario
En otro auto, al que también ha tenido acceso esta agencia, la Audiencia Provincial ha admitido el de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que alegó que «forzar» una acusación unificada suponía «hacer incumplir la ley a una asociación profesional de miembros de la Guardia Civil» y «despojar a la AUGC de la posibilidad de ejercer el derecho fundamental de asociación».
Los magistrados han concluido que dada las «características de la asociación», con «una naturaleza militar y policial donde ha de primar su neutralidad ideológica y política», es «aconsejable y necesario que deba actuar separadamente de las otras entidades que evidentemente, habida su naturaleza (partidos políticos y una asociación de consumidores), podría moverse mas por intereses políticos e ideológicos».
La decisión de la Audiencia Provincial es uno de los últimos movimientos del conocido ya como ‘caso Mediador’, donde se investiga la presunta existencia de una red encabezada por ‘Tito Berni’, su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte y el general Francisco Espinosa que se habría dedicado a cobrar mordidas a cambio de favores políticos.
La trama estaría integrada por una organización criminal «formada principalmente por tres pilares y un claro nexo de unión entre todos los investigados». Contaría con «una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción como el cohecho y tráfico de influencias».
Según los investigadores, el grupo perseguía «un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas».
