La amnistía cierra la puerta a indemnizaciones y a restituir sanciones abonadas por el 'procés'
Los juzgados tendrán que devolver las fianzas depositadas para avalar a los encausados por la consulta del 1-O
Ilustración de Alejandra Svriz.
La ley de amnistía blinda las arcas públicas. La proposición de ley que ha registrado el PSOE este lunes en el Congreso se abre a anular «la responsabilidad penal, administrativa y contable» de aquellas personas que participaron en la organización de las consultas de independencia en Cataluña. Entre ellas, quienes usurparon funciones públicas o malversaron fondos públicos para financiarlas. En cambio, el texto cierra la puerta a que los acusados y encausados por el procés puedan solicitar indemnizaciones de reparación y recuperar las cantidades abonadas en concepto de sanción. Los juzgados sí tendrán que devolver las fianzas.
En las últimas semanas, muchos expertos advertían del agujero que podía suponer la medida de gracia para el Estado en caso de activarse las reparaciones a los condenados. Las compensaciones, insistían, podrían ser millonarias en favor de aquellas personas que habían sido condenadas a cautiverio después de que los delitos cometidos fuesen perdonados por una ley de amnistía.
El texto ha acabado con el debate de un plumazo. Los legisladores han incluido un dique de contención en la proposición de ley para evitar que los beneficiados puedan exigir al Estado reparaciones, como sucedió con la norma de 1977 con las víctimas del franquismo. También los militares depurados por la dictadura pudieron ascender de grado y recuperar las cantidades que habían dejado de cobrar durante esos años.
Reparaciones tras la amnistía
El artículo 7, incluido en el título II de la ley, especifica que la amnistía de un acto determinante de responsabilidad penal, administrativa o contable «no dará derecho a percibir indemnización de ninguna clase ni generará derechos económicos de ningún tipo en favor de persona alguna». Tampoco dará derecho a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa ni exonerará la responsabilidad civil frente a particulares.
Este extremo acaba de golpe con las pretensiones de algunos condenados por el procés que ya habían iniciado trámites con abogados para recuperar el dinero abonado o ser reparado, según consta a THE OBJECTIVE. A esas indemnizaciones podían aspirar los independentistas que entraron en prisión preventiva en noviembre de 2017. Algunos de ellos pudieron salir pagando fianza, aunque otros, como Oriol Junqueras, pasaron recluidos tres años y medio, hasta que el Gobierno les otorgó un indulto parcial en junio de 2021.
La proposición de ley señala que la amnistía incluye los actos cometidos con la intención de convocar, promover o procurar la celebración de las consultas ilegales que tuvieron lugar en Cataluña entre enero de 2012 y este mismo lunes. El artículo 8 extingue las responsabilidades civiles y contables «incluidas las que estén siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas, salvo aquellas que ya hubieran sido declaradas en virtud de sentencia o resolución administrativa firme y ejecutada».
Esa redacción supone mantener la condena que dictó el órgano fiscalizador en 2018 contra la financiación de la consulta en noviembre de 2014. Los dirigentes obligados a reintegrar a las arcas públicas los 4,9 millones de euros utilizados de forma indebida no podrán reclamar la cantidad abonada.
La condena a Mas
Algunos de los condenados, entre los que se encuentran el expresidente catalán Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau, tuvieron que dedicar parte de su patrimonio personal para hacer frente al fallo. Durante las negociaciones entre PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez algunas fuentes afirmaron que la intención de Carles Puigdemont era reclamar una indemnización al Estado.
Una opción que ya no será posible, porque la ley de amnistía corta el asunto de raíz. En cambio, los juzgados tendrán que devolver las fianzas depositadas como aval por los independentistas. Una vez que la medida de gracia entre en vigor, lo que podría demorarse casi un año, dejará sin efecto todos los procedimientos judiciales abiertos. La cantidad estimada supera los 10 millones de euros.
La mayor parte de ese dinero fue consignado por Caixa de Solidaritat, una asociación impulsada por entidades soberanistas, que ha aportado 17 millones desde la consulta ilegal de noviembre de 2014 para apoyar económicamente a los encausados. Solo para sufragar los requerimientos por el referéndum de octubre de 2017, la entidad que preside Pep Cruanyes ha dedicado 7,2 millones de euros. Denuncia que se trata de dos partidas idénticas en juzgados diferentes que ya ha reclamado.
