El Tribunal de Cuentas recupera medio millón de euros del 'caso ERE' tras su uso indebido
Las actuaciones del órgano fiscalizador han servido para solicitar la devolución de casi siete millones
Vista de la sede del Tribunal de Cuentas. | Europa Press
El caso ERE sigue abierto. El Tribunal de Cuentas ha emitido este martes una sentencia para que la Junta de Andalucía recupere casi medio millón de euros empleados de forma indebida. El órgano fiscalizador ha solicitado la devolución de 6,8 millones esquilmados a las arcas públicas por la red de corrupción política nacida a la sombra de las ayudas sociolaborales a la prejubilación concedidas por la Consejería de Empleo. Por el momento se han reintegrado 5,9 millones de euros.
La sentencia ha sido dictada por la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez. Se trata de un procedimiento de reintegro por alcance del Sector Público Autonómico. El fallo atañe a la Consejería de Empleo, concretamente a las ayudas sociolaborales a la prejubilación que se concedieron a Saldauto Sevilla.
Hernáez considera que existió un perjuicio a los fondos públicos de la Junta de Andalucía por un importe cercano a los 500.000 euros. En la resolución se condena como responsables contables directos, por la cantidad de 200.000 euros, a las herederas de Francisco Javier Guerrero, que falleció 2020. Era la persona que desempeñaba el puesto de director general de trabajo durante la primera parte del período al que se refieren los hechos enjuiciados. Su sucesor tendrá que hacer frente a la cantidad restante.
El origen de los ERE
El Tribunal de Cuentas explica que gracias a las sentencias condenatorias firmes contra las ayudas concedidas entre 2001 y 2010, la Junta de Andalucía va a recuperar un importe cercano a los siete millones de euros, aunque por el momento solo se han reintegrado 5,9 millones a las arcas públicas. Las actuaciones se han desarrollado desde enero de 2022 a la actualidad.
El caso de los ERE se remonta a 2001, cuando la Junta de Andalucía, entonces presidida por el socialista Manuel Chaves, inició un procedimiento para auxiliar económicamente a empresas con problemas que se veían obligadas a presentar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) para realizar prejubilaciones o despidos. Para eso se creó una partida denominada 31L incluida en los presupuestos regionales de cada año y que eran aprobados por el Parlamento de Andalucía.
La partida, también denominada fondo de reptiles, ascendió 900 millones de euros y sirvió para financiar las prejubilaciones de casi 6.000 trabajadores. Las ayudas las repartía el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego renombrado Agencia IDEA (Innovación y Desarrollo de Andalucía). La sentencia de la macrocausa ascendió a 680 millones de euros, y entre los condenados a prisión se encuentra el expresidente José Antonio Griñán, que no ha ingresado en el centro penitenciario por sufrir una grave enfermedad.
