Dos exconsejeros de Andalucía irán a juicio por subvenciones millonarias con dinero público

Los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y Manuel Recio irán a juicio por conceder subvenciones millonarias «arbitrariamente» con dinero público. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda abrir juicio oral contra los dos antiguos dirigentes socialistas y otras seis personas, a las que acusa de beneficiar con más de 33 millones de euros al entramado de sociedades del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, fallecido en 2021, para los cursos de formación de los extrabajadores de la multinacional de automoción Delphi.

En un auto fechado el 10 de octubre al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el magistrado acuerda abrir juicio oral contra los dos exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía como presuntos responsables penales y civiles directos de la comisión de delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación. A los otros seis investigados les imputa delitos penales y civiles directos por delitos continuados de fraude en subvenciones.

Entre esos seis investigados se encuentra un hijo de Ojeda, cuya responsabilidad penal quedó extinguida tras su muerte. Las otras cinco personas tenían una dependencia laboral o vinculación societaria con las empresas dirigidas por el exconsejero de Andalucía entre 1987 y 1990. El juez también abre juicio oral contra cinco entidades en calidad de responsables civiles subsidiarios por delitos continuados de fraude de subvenciones, y contra otras nueve entidades en calidad de partícipes a título lucrativo.

Entramado en Andalucía

El instructor, que declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Sevilla, requiere tanto a los acusados como a las entidades que abonen distintas fianzas a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse. De no prestarlas, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma solicitada.

A los exconsejeros Fernández y Recio requiere fianzas por valor de 27 y 9 millones de euros respectivamente, mientras que a los otros seis acusados les reclama pagos que oscilan entre los 6 y los 32 millones. El juez ha tomado la decisión de abrir juicio oral contra estos ocho acusados y las entidades referidas tras los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía, el PP-A y la Tesorería General de la Seguridad Social.

En un auto dictado el 26 de septiembre del año pasado, el magistrado acordó  continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra los ocho investigados y dio traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que solicitaran la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

El magistrado analiza en este auto la situación generada en la Bahía de Cádiz con motivo del cierre de la compañía Delphi, señalando que ante la situación generada y con el fin de atender la problemática social que se cernía sobre este área geográfica, la Junta, a través de sus responsables políticos, anunció su compromiso de atender de forma específica a los afectados por el cierre de Delphi y conseguir su recolocación en empresas de la Bahía de Cádiz.

Tratamiento singular

Una vez producido el despido, los afectados por el cierre de la factoría fueron incluidos en el denominado Dispositivo de tratamiento singular, en cuyo desarrollo el juez destaca tres etapas. En este sentido, los hechos investigados en esta causa estarían encuadrados en la segunda etapa, desarrollada desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2011 y donde una serie de empresas y entidades impartieron formación a los acogidos a dicho dispositivo, pero en este caso «simulando una contratación laboral».

El coste de la formación y de la contratación (salarios y cotizaciones a la Seguridad Social) «se financió a través de subvenciones directas; excepcionalmente, un número proporcionalmente reducido de extrabajadores de Delphi sí prestaron servicios laborales efectivos, en concreto los contratados por Gadir Solar y una parte de los incorporados por Alestis Aerospace.

El instructor afirma que los exconsejeros de Empleo investigados «asumieron estos compromisos y acordaron establecer y mantener este sistema de subvenciones a la contratación, a pesar de ser conocedores que la normativa en vigor en modo alguno amparaba dicho sistema y que se simulaban contratos de trabajo que no se respondían con la realidad», para lo cual «habrían puesto en marcha un irregular sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias, que se destinaron, por un lado, a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de extrabajadores de Delphi (con la colaboración de las asociaciones y fundaciones dirigidas y controladas por Ojeda); por otro lado, a mantener las percepciones de los extrabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo».

El juez asevera que «el sistema habría dado lugar, además, a que algunas de las asociaciones beneficiarias de las subvenciones desviaran fraudulentamente una parte considerable del importe de las mismas hacia una serie de entidades vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor para la actividad subvencionada», todo ello «sin que los responsables de la Consejería de Empleo llevasen a cabo actuación alguna en orden a comprobar el correcto destino de las ayudas, posibilitando así la aplicación irregular de los fondos».

Al hilo de ello, subraya que, de lo actuado, «resulta factible deducir que los referidos responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía habrían concedido estas ayudas bajo la apariencia formal de subvenciones excepcionales a la contratación, sin observancia y en contradicción con las previsiones que para el otorgamiento de subvenciones o ayudas públicas contemplaba la (entonces vigente) normativa autonómica y estatal».

Subvenciones autonómicas

El juez precisa que, en fecha no concretada pero en torno a los meses de verano de 2009, previo a que comenzara la segunda fase del dispositivo mencionado, el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, habría convocado a una reunión informal a Ojeda, «quien era notoriamente conocido por ser beneficiario en la concesión de subvenciones autonómicas, habiendo sido consejero de Hacienda de la Junta», informándole el primero de que los trabajadores de Delphi «iban a cumplir los dos años de paro y que había que dar una salida a los mismos», al tiempo que «se le ofreció la gestión de una ingente cantidad de subvenciones a través de empresas y entidades que serían directa o indirectamente controladas» por el propio Ojeda.

«El entramado habría de conformarse en torno a la simulación de contrataciones con empleados de la empresa Delphi, incluyendo así salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta a través de las empresas y entidades» de Ojeda. El texto agrega que debía señalarse «las entidades que ofrecía» el ex consejero de Hacienda, «meros testaferros de su voluntad, contrataría a los trabajadores de Delphi del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública».

El auto afirma que los proyectos subvencionados consistían en proporcionar formación a los ex trabajadores de Delphi para mejorar su empleabilidad. Se exigía su contratación y alta en la Seguridad Social, aunque la actividad de los contratados no habría sido otra que la de recibir formación, «sin que existiese una verdadera prestación de servicios dentro del ámbito de organización y dirección de la correspondiente empresa o entidad beneficiaria de la subvención».

De ese modo, los contratos de trabajo «solo tenían como objetivo crear una apariencia de ficticia relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social como único medio para proporcionar a los ex trabajadores incluidos en el Dispositivo de Tratamiento Singular el periodo de carencia necesario para acceder a unas prestaciones a las que de otro modo no tendrían derecho».

Asociaciones ficticias

Las subvenciones fueron otorgadas el 10 de agosto de 2009, el 26 de febrero de 2010 y el 3 de diciembre de 2010 a cada una de las cinco asociaciones que habría ofrecido Ojeda: la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEAA), que habría percibido la suma de 7 millones; la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), que habría obtenido 5; la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), que habría percibido 7; la Asociación para la Calidad Europea (Inteca), que habría obtenido otros 7 millones; y la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura), con un montante cercano a los 6 millones.

El juez explica que las dos primeras subvenciones habrían sido concedidas «al margen de los procedimientos y principios legalmente aplicables», por el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, en su calidad de presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Las subvenciones del 3 de diciembre de 2010 fueron otorgadas por su sucesor en el cargo, Manuel Recio, «sin estudios y análisis previos y sin ni siquiera comprobar la legalidad de las mismas, haciendo dejación de sus más deberes elementales en el cargo».

«Los referidos consejeros de Empleo habrían de resultar conocedores de que las cinco asociaciones eran ficticias, y que todas ellas no habrían de ser más que entidades constituidas y dirigidas por Ojeda (bien por él directamente, bien por personas de su confianza) con el fin de canalizar y obtener las subvenciones descritas», señala el juez. Durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía en 2016, Recio señaló que «no conocía ni nunca se ha reunido» con Ojeda.