El Supremo rechaza una denuncia de Vox contra Sánchez y los independentistas
El partido liderado por Abascal denunciaba que el PSOE había negociado la investidura y la amnistía con ERC, Bildu y Junts
Fachada del edificio del Tribunal Supremo con la bandera española en lo alto. | Jesús Hellín (Europa Press)
El Tribunal Supremo ha rechazado una denuncia de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parte de su Ejecutivo y los líderes independentistas de ERC, Bildu y Junts por negociar la investidura y la ley de amnistía.
La Sala de lo Penal ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE, que inadmite a trámite la denuncia presentada el pasado 16 de octubre por Vox contra buena parte del Gobierno en funciones y dirigentes independentistas por la comisión de actos preparatorios punibles de un delito de conspiración de rebelión, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.
Además de Sánchez, la denuncia se dirigía contra la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz; el ministro Félix Bolaños; el magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo; el expresident catalán Carles Puigdemont; el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, entre otros.
Dice el Supremo que la denuncia se encuentra en íntima conexión con la querella que este mismo partido presentó el 23 de diciembre de 2022 y que fue archivada poco después, hasta el punto de que «se relatan idénticos hechos» a los que fueron expuestos entonces.
Pero Vox sostiene que «los denunciados han continuado con la actividad denunciada, encaminada a lograr la subversión del orden constitucional», por lo que a los hechos ya expuestos en la querella añaden ahora las reuniones mantenidas entre representantes de Bildu y del PSOE sobre el futuro del País Vasco, el compromiso del PSOE de sacar adelante una ley de amnistía y las reuniones para negociar la investidura con Junts y ERC.
En respuesta, el Supremo se remite al archivo de la querella de diciembre por ser los hechos idénticos y «únicamente cabe ahora añadir que la valoración y fiscalización del contenido de las negociaciones que los denunciados estén llevando a cabo en aras a conseguir la investidura de Sánchez (…) rebasan las competencias que a esta Sala le atribuye la Ley».
