Un grupo de juristas presiona para debatir la amnistía en el Congreso pese al plan del PSOE

La fundación Hay Derecho presentará en el Congreso este martes, en la víspera del Día de la Constitución, más de 100.000 firmas contra la ley de amnistía. Su intención es que los partidos «escuchen la voz de la sociedad civil» porque la medida «afecta a la igualdad de todos los españoles y rompe las reglas democráticas». La asociación de juristas también va a solicitar a los grupos parlamentarios que permitan comparecer a sus expertos «para advertir de los riesgos» que entraña aprobarla. La fórmula elegida por el PSOE, la proposición de ley, no requiere informes ni implica la creación de una comisión específica.

La Mesa del Congreso dio el 21 de noviembre luz verde a la tramitación de la proposición de la ley de amnistía. La propuesta salió adelante con los votos de PSOE y Sumar y el rechazo del PP tras un polémico informe jurídico de los letrados de la Cámara. La tramitación se realiza por vía de urgencia, lo que acorta los plazos a la mitad, algo que puede pedir el Gobierno, dos grupos parlamentarios o una quinta parte del Congreso, según establece el artículo 93 del Reglamento.

«No estamos viviendo un problema de España contra Cataluña, ni de izquierdas contra derechas. Si hoy se concede una amnistía u otra excepción que quebrante los principios de igualdad y la separación de poderes por intereses puramente partidistas, ¿qué impide que mañana otro partido lo vuelva a hacer?». Con ese argumento inició Hay Derecho la petición hace un mes a través de Internet. La iniciativa ha sido apoyada por casi 102.000 personas.

La amnistía en marcha

Las rúbricas se entregarán a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aunque desde la fundación son conscientes de que carecen de efectos prácticos. En España, la iniciativa legislativa popular requiere al menos 500.000 firmas. «No son vinculantes. Lo hacemos porque hay muchos ciudadanos preocupados por la amnistía y quieren que se escuche su voz. El partido de Gobierno no planteó el tema durante la campaña», reconoce Safira Cantos, directora general de Hay Derecho.

El PSOE registró la proposición de ley de amnistía en la Cámara baja en solitario. El Gobierno tiene que dar su visto bueno a la iniciativa, ya que tiene capacidad para vetarla. Una vez superado ese obstáculo, la Mesa del Congreso debate su toma en consideración y comienza a tramitarla, situación en la que se encuentra en este momento.

La fórmula elegida regatea los preceptivos informes que debe solicitar el Ejecutivo al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en caso de que una norma se tramite como proyecto de ley. Los dictámenes de estas instituciones no son vinculantes, pero pueden deslegitimar la amnistía. En Hay Derecho sostienen que la iniciativa «quiebra principios esenciales como la igualdad de trato ante la ley». Por eso quieren que los políticos escuchen a los expertos antes de que se apruebe.

La fundación, que nació en 2015 para defender el Estado de derecho, considera que la proposición de ley requiere la toma en consideración de la ley de amnistía y su votación final en Pleno, lo que no descarta que pase por una comisión. Sus miembros son conscientes de que es complicado que creen una específica para tratarla, pero no tiran la toalla para ir a otra de las comisiones parlamentarias recién creadas, como la Constitucional o la de Justicia. Ambas estarán presididas por diputados socialistas.

Acuerdo de investidura

Cantos explica a THE OBJECTIVE que los expertos de la fundación ya han acudido en otras ocasiones al Congreso para explicar diversas cuestiones, y que lo han hecho a petición de diferentes partidos. «Es una fórmula que establece el Reglamento, aunque debe decidirlo la Mesa», insiste la jurista. Durante una década dirigió Amnistía Internacional en la Comunidad de Madrid, cargo por el que PP, PSOE y Más Madrid pidieron que compareciera en la Asamblea regional.

«El problema es que la amnistía no surge de una cuestión natural, sino que es fruto de un acuerdo de investidura. Ese es el pecado original», insiste Cantos. El debate se centra en si esta cabe o no en la Constitución. Preguntada sobre su posición sobre si la ley que supondrá dejar en el olvido los delitos cometidos durante el procés hubiese sido aprobada en otras circunstancias, afirma que habría que analizar los reparos, ya que «no solo es solo la amnistía, sino cómo se da».

Hay Derecho ya consiguió la semana pasada que el Tribunal Supremo anulara el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al considerar que no cumple el requisito de ser «una jurista de reconocido prestigio», como establece la ley. Los magistrados sostienen que, en contra de las consideraciones de la Abogacía del Estado, la fundación no es una pantalla instrumental, desarrolla su actividad en diversos campos y colabora con diferentes organismos nacionales y la Comisión Europea.

Cantos rechaza que su organización pueda ser acusada de estar politizada: «Algunos han intentado agarrarse a eso para desacreditar la legitimidad de nuestros argumentos». Asegura que algunos intentan desacreditar a Hay Derecho calificándola de sesgada, pero que ellos también han denunciado la conducta del PP, que se niega a renovar a los vocales del CGPJ, con el mandato caducado hace cinco años, y cuando gobernaba Mariano Rajoy los progresistas «se acercaban y aplaudían la lucha contra el abuso de poder».