La Audiencia frena las exhumaciones en el Valle de los Caídos por si vulneran la libertad religiosa
El Gobierno presentará alegaciones porque «no concurren los requisitos» que alega la denuncia de Abogados Cristianos
Escudo de los Reyes Católicos esculpido en el Valle de los Caídos. | Rafael Bastante (Europa Press)
Las víctimas del franquismo vuelven a la casilla de salida. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 de la Audiencia Nacional ha ordenado a Patrimonio Nacional que paralice las exhumaciones en marcha en el Valle de los Caídos. El juez ha admitido las medidas cautelarísimas solicitadas por Abogados Cristianos, que actúa en representación de la nieta de una de los más de los 33.000 asesinados durante la Guerra Civil que siguen enterrados en el complejo. El Gobierno presentará alegaciones porque entiende que no concurren los requisitos que aduce la denuncia. Tiene tres días para hacerlo.
El auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, obliga a Patrimonio Nacional a suspender de forma inminente las exhumaciones en el Valle de los Caídos, renombrado desde el año pasado como Cuelgamuros, hasta que se dicte nuevo auto. Abogados Cristianos considera que los trabajos autorizados por el Ministerio de la Presidencia en junio para recuperar los restos de 128 víctimas suponen una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa.
La decisión del juzgado de la Audiencia Nacional responde «al objeto de tomar conocimiento de un modo más profundo de la situación para resolver sobre la medida cautelar con carácter definitivo y con vigencia durante la completa tramitación del asunto». Fuentes gubernamentales explican a este diario que los servicios jurídicos del Estado ya trabajan en las alegaciones porque consideran que «no concurren los requisitos» que aduce la denuncia de Abogados Cristianos.
Víctimas del Valle de los Caídos
La organización de juristas argumentó que «el derecho constitucional a la libertad religiosa ampara el derecho a una digna sepultura». En su escrito, presentado en octubre, aseguraba que «la mera necesidad de tener que realizar las pruebas de ADN a los cadáveres (lo que implica cierto grado de profanación), se está incurriendo en una vulneración de un ejercicio de la libertad religiosa». En su denuncia insiste en que «para realizar estas pruebas no han solicitado consentimiento a los familiares».
Entre esos descendientes se encuentra la nieta de una de las apenas 200 mujeres enterradas en el complejo, que da lugar a la queja de Abogados Cristianos. Su presidenta, Polonia Castellanos, sostiene que se trata de «otro ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos. Lo único que busca con estos trabajos es dañar la Basílica».
Castellano ha pedido «respeto» para los símbolos. En el Valle de los Caídos, construido por el franquismo con ayuda de mano de obra esclava republicana, se levanta «la cruz más grande del mundo». Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle, también ha celebrado la decisión judicial. Sostiene que el derecho a descansar en paz con respeto a su dignidad no debe ser discriminado ni ignorado conforme al artículo 10 de la Constitución Española.
Las víctimas del franquismo se preguntan qué sucede con su derecho a enterrar a sus familiares con dignidad. En el escrito presentado en octubre por Abogados Cristianos se afirmaba que las exhumaciones del Valle de los Caídos «presentan notables dificultades técnicas e incluso una imposibilidad que está pasando completamente por alto la Administración. Ello provoca que las exhumaciones en cuestión afecten y lesionen con toda seguridad un derecho fundamental, en concreto la libertad religiosa».
Víctimas identificadas
La asociación de juristas insiste en que la imposibilidad técnica ha sido acreditada por Ministerio de Justicia, según demuestra el informe sobre viabilidad de identificación en el enterramiento del Valle de los Caídos presentado el 15 de febrero de 2011. En su opinión, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde hace un año, «deberían tomarse medidas únicamente de reparación de carácter simbólico y moral».
No es la primera vez que intentan evitar las exhumaciones que han solicitado los descendientes de 128 víctimas enterradas en el Valle de los Caídos, la mayoría sin permiso. Tras siete años de trabas burocráticas, el Tribunal Supremo dio luz verde a los trabajos en marzo tras rechazar el recurso de una asociación. Los operarios iniciaron las labores el 12 de junio. Solo un mes más tarde, la Audiencia Nacional ya rechazó las medidas cautelares que solicitó la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.
La organización recurrió el auto y solicitó la inadmisibilidad de la demanda principal, algo a lo que se ha negado la Fiscalía. El Ministerio Público alegó que la suspensión de las actuaciones generaría «un evidente perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación y, en concreto, al cumplimiento del deber de la Administración Pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas», un mandato recogido en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre del año pasado.
Ya han sido identificadas y devueltas 11 víctimas. La ceremonia de entrega tuvo lugar el pasado 20 de agosto en el Parque de La Ermita de la Virgen de Rivilla, junto al cementerio de Pajares de Adaja (Ávila). Al acto acudió el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que aseguró que el Gobierno «va a hacer todo lo que esté su mano para que las víctimas del franquismo dejen de estar olvidados en cunetas y caminos».
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid ya anuló en septiembre la licencia urbanística que permitió a Patrimonio Nacional realizar las obras para acceder a las criptas en el Valle de los Caídos e iniciar las exhumaciones. Sin embargo, los trabajos continuaron adelante. Los descendientes de las víctimas criticaron el parón en las labores en verano. Aseguraban estar enfadados porque la Secretaría de Estado de Memoria Democrática les había asegurado que iban a continuar. Los familiares justificaron las prisas por la incertidumbre política que dejaron las elecciones el 23 de julio.
