Funcionarios de Justicia se quejan al Defensor del Pueblo por los retrasos en sus traslados
CCOO denuncia que el Gobierno incumple de forma sistemática tanto la convocatoria como su resolución
CCOO redobla su pulso contra Félix Bolaños. El sindicato ha elevado una queja al Defensor del Pueblo para que inste al Ministerio de Justicia a cumplir los plazos de convocatoria y resolución de los concursos de traslado de sus funcionarios. La organización que lidera Unai Sordo denuncia que el Gobierno incumple de forma sistemática desde hace varios años tanto los plazos de convocatoria, que debe hacerse en el primer trimestre del curso, como sus resoluciones, lo que genera «mucha incertidumbre» entre los trabajadores.
El sindicato ha elevado la queja al Defensor del Pueblo este lunes, según fuentes de CCOO, que mantiene una batalla abierta con Bolaños por el incremento salarial de los funcionarios de Justicia. El ministerio convocó la mesa sectorial para este miércoles, tras semanas de presiones. La organización de Sordo lamenta ahora que el orden del día no incluya sus reivindicaciones laborales.
«Desde hace varios años, el Ministerio de Justicia no realiza la convocatoria del concurso de traslados de los cuerpos generales y especiales del personal de la Administración de Justicia dentro de los plazos legalmente regulados, siendo reiterado dicho incumplimiento sin ningún motivo justificado», se queja CCOO. El retraso se vendría produciendo con asiduidad desde hace, al menos, seis años, han alertado al Defensor del Pueblo.
Las convocatorias de Justicia
La convocatoria del año pasado se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 3 de septiembre, por lo que CCOO mantiene que, si no se resuelve de manera inminente, Justicia «volverá a incumplir el concurso de traslados este 2024», ya que no podrá ser convocarlo dentro del primer trimestre del curso, como establece la normativa. El sindicato destaca que debe realizarse una resolución provisional y, tras las alegaciones oportunas, la definitiva. Luego tienen lugar las tomas de posesión.
«Hasta la fecha no existe resolución provisional», insiste Luis Calero, portavoz de CCOO en el sector de Justicia. Un escenario que, en su opinión, genera «mucha incertidumbre» entre los trabajadores, que no pueden solicitar una plaza más cerca de su familia o allí donde desean fijar su residencia. Esta situación implica que los procesos se alarguen y que se perjudique a la Administración y el servicio que ofrece, ya que muchas plazas no se cubren o se hace a través de interinos.
Esta circunstancia no es nueva, sino que ha pasado «de ser coyuntural a convertirse en costumbre», reconoce Calero. Su sindicato alerta de que la convocatoria del concurso de traslados de 2021 apareció en el BOE del 13 de octubre de ese curso y, la del año anterior, en el boletín del 1 de septiembre de 2020. Las convocatoria de los tres años anteriores, desde 2017 a 2019, tuvieron lugar en julio, y eso que la ley establece que debe publicarse en el primer trimestre de cada ejercicio.
La normativa de aplicación a los concursos de traslado se encuentra entre los artículos 524 y 533 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y entre los artículos 39 y 55 de un real decreto de 2005 por el que se aprueba el reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
Vacantes en territorio nacional
«La LOPJ, en su artículo 531.2, obliga a establecer un sistema que garantice de manera permanente la inmediatez y agilidad en la provisión de las vacantes, así como un calendario para la convocatoria y resolución de los concursos de traslados», sostienen en CCOO.
En una nota a la que ha tenido acceso este diario, el sindicato explica que el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional cita en su artículo 44 que «el Ministerio de Justicia y los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con traspasos recibidos convocarán, dentro del primer trimestre de cada año natural y en la misma fecha, concurso de ámbito estatal para la provisión de puestos de trabajo vacantes en todo el territorio del Estado».
El artículo 51 de esta misma norma establece en su apartado 2.E «que el plazo máximo para la resolución de concursos para cubrir puestos genéricos será de seis meses, contados desde el día siguiente al de la finalización de presentación de solicitudes».
CCOO afirma que «de la literalidad de la normativa se deduce claramente que el concurso debe convocarse obligatoriamente dentro del primer trimestre del año y que la resolución y las tomas de posesión debe realizarse dentro del mismo año, algo que no sucede. Además, considera que el plazo de seis meses para hacerlo es «excesivamente amplio» y que debería reducirse para llevarse a cabo como máximo, en septiembre del año en curso.
El sindicato mantiene que la situación de los técnicos especialistas de laboratorio y ayudantes de laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses es «aún peor». CCOO se queja de que estos profesionales llevan sin poder solicitar un traslado desde la convocatoria publicada en el BOE del 15 de octubre de 2021, por lo que llevan más de dos años sin la oportunidad de cambiar su lugar de trabajo.