La asociación de jueces progresistas denuncia el «sesgo partidista» del CGPJ

Un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dos varas de medir. Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha denunciado este sábado que el órgano de gobierno de los jueces actúa con «un sesgo claramente partidista», después de que un día antes emitiera una declaración institucional para reprobar las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, contra el juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami Democrátic. La asociación progresista considera que los magistrados no reciben la misma protección cuando son atacados.

«Aún estamos esperando que el CGPJ ampare al magistrado José Ricardo de Prada de las críticas del senador (José Antonio) Monago y de la campaña de desinformación del PP sobre la sentencia Gürtel», ha denunciado JJpD en su perfil de la red social X, antes Twitter. El magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene la vitola de bestia negra de los populares, ya que fue uno de los autores de la sentencia que condenó al partido por sus actividades ilícitas de la trama Gürtel, lo que abrió las puertas de La Moncloa al PSOE tras una moción de censura en 2018.

El expresidente de la Junta de Extremadura aseguró en diciembre, durante un pleno en el Senado, que «el mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España lo mecieron ustedes (el PSOE). Porque un juez, el juez De Prada, introdujo en una sentencia un párrafo a propósito de la sentencia sobre la Gürtel que provocó la caída del Gobierno del señor Rajoy». Una acusación falsa, ya que se debe a un error que confunde desde hace años a la opinión pública y que se deriva de un comunicado que emitió el dirigente gallego en el que calificaba de infundada la atribución de responsabilidad en el fallo.

Amparo del CGPJ

Una semana más tarde, Monago rectificó sus declaraciones. Admitió que se había equivocado y que sus palabras fueron «desafortunadas». El senador del PP recalcó que «no hay lawfare en España» y admitió que no debió aludir a De Prada. Sus acusaciones llevaron al magistrado a solicitar amparo al CGPJ al considerarse «perturbado» en su independencia judicial a raíz de las palabras del expresidente extremeño. En su opinión, las acusaciones vertidas intentaban descalificar de «forma extraordinariamente grave» su «actuación jurisdiccional» sin «ningún otro fundamento que el puro interés político».

La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, la misma que se pronunció este viernes contra la ministra Ribera, inadmitió su solicitud porque el caso al que se refirió ya estaba cerrado. El CGPJ también tuvo en cuenta que Monago rectificó posteriormente sus declaraciones, lo que «implica que incluso la hipotética perturbación futura que las declaraciones del 12 de diciembre de 2023 pudieran haberle acarreado al magistrado peticionario de amparo queda vacía de contenido, poniendo de manifiesto dicha rectificación el respeto necesario a las decisiones judiciales».

Una resolución que no agradó a JJpD, de la que forma parte De Prada. La asociación progresista envió una carta al CGPJ el pasado 12 de enero en la que pedía que emitiera «al menos» un comunicado publico para respaldar «la impecable» carrera de José Ricardo de Prada frente a «la campaña de desinformación» que estaba sufriendo. En la misiva se recopilaban algunas de «las agresiones verbales» que había recibido el magistrado de la Audiencia Nacional tras la sentencia de Gürtel.

JJpD criticaba que el CGPJ no haya «encontrado hasta la fecha el momento ni el motivo para otorgar su protección al magistrado y a su impecable ejecutoria, innoble y sistemáticamente afrentada en estos años». El órgano de gobierno de los jueces hizo caso omiso a la petición, aunque su presidente interno, Vicente Guilarte, prometió defender a todos los representantes de la magistratura que lo necesitaran sin mirar su adscripción. Una promesa que para la asociación progresista no es suficiente.

Defensa de García-Castellón

Las quejas del magistrado De Prada no son nuevas. En junio de 2018, tras la moción de censura que apartó del poder al PP de Mariano Rajoy, el juez se quejó en una entrevista en El País de que el CGPJ no había salido en su defensa ante los ataques sufridos desde la política y los medios de comunicación durante los tres últimos años. «Y no solo yo, también mi familia. Se ha utilizado cualquier pretexto para ello. Y únicamente mi asociación (JJpD) ha salido en ocasiones en mi defensa», insistió para recriminar la actitud del actual órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó hace cinco años.

La respuesta a los ataques a De Prada contrasta con la que el CGPJ ha dado cuando se trata de García-Castellón. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces emitió este viernes una nota en la que reprendía a Ribera porque sus palabras «contribuyen al deterioro institucional». En el comunicado se señalaba a la ministra por poner en tela de juicio la independencia judicial, después de que acusara al instructor de Tsunami de pronunciarse «en momentos políticos sensibles» durante la entrevista que concedió a TVE.