El Supremo pregunta a la Fiscalía si debe investigar a Puigdemont por terrorismo
El Ministerio Público ya recurrió la decisión del juez de elevar ‘Tsunami’ al rebajar los hechos a desórdenes públicos
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont. | Europa Press
El Tribunal Supremo ha dado el primer paso para decidir si se hace cargo de Tsunami Democrátic, la causa que investiga al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y a otros 11 independentistas por un presunto delito de terrorismo. La plataforma coordinó las protestas, algunas de ellas violentas, que se derivaron tras la sentencia sobre el procés en octubre de 2019. La Sala de lo Penal ha dictado una providencia para que la Fiscalía valore la exposición remitida por el juez Manuel García-Castellón al Alto Tribunal para que continuara con las pesquisas. El Ministerio Público ya recurrió la decisión porque considera lo sucedido meros desórdenes públicos agravados.
García-Castellón elevó esa exposición razonada al Supremo hace dos meses, el pasado 21 de noviembre. Hace apenas una semana, el juez rechazó un recurso de la Fiscalía, que se opone a elevar la causa. En ese auto, el magistrado se reafirma en su idea de investigar a Puigdemont por terrorismo porque las últimas diligencias afianzan su tesis inicial. En concreto, alude a los documentos sobre la muerte por un caro cardíaco de un turista francés tras los disturbios registrados en el aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019.
El Supremo solicita a la Fiscalía que se pronuncie tanto sobre la competencia para investigar y enjuiciar la causa que apunta a Puigdemont como el contenido de la exposición razonada de García-Castellón. La providencia también designa como ponente al magistrado Juan Ramón Berdugo, uno de los cinco miembros del tribunal que dictó la sentencia condenatoria del procés en 2019. Tendrá que someter su propuesta a la Sala de lo Penal.
Citar a Puigdemont
En caso de admitir el caso, el tribunal deberá nombrar a un magistrado como instructor y podría citar a Puigdemont y la número dos de ERC, Marta Rovira (ambos huyeron de España en octubre de 2017) como investigados, aunque para actuar formalmente contra el expresidente catalán es necesario que el Parlamento Europeo le levante la inmunidad, como ya ocurrió con la causa del procés.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mostrado sus reservas tanto a que se investigue a Puigdemont como a que las protestas organizadas por Tsunami contra la sentencia del procés en 2019 sean calificadas como delito de terrorismo. Ahora tendrá que pronunciarse la Fiscalía del Supremo, que en 2019 mantuvo una actitud muy dura contra los líderes independentistas y reprochó al Alto Tribunal que liquidara la causa con una condena por sedición en lugar de una por rebelión, con penas mucho mayores.
García-Castellón insiste desde hace dos meses en la existencia de indicios para «inferir» en que el expresident participó en el nacimiento y la planificaciones de las acciones de la plataforma. Entre esos datos menciona los mensajes que se enviaron los investigados Jesús Rodríguez y Josep Lluís Alay, director de la oficina de Puigdemont y una de las tres personas que recurrió la acusación por terrorismo. El juez considera que sus anotaciones en la agenda del expresident o los mensajes de este en X (entonces Twitter) apoyando a Tsunami son evidencias suficientes para procesarle por dicho delito.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional cuestiona las razones del juez y considera que los indicios contra Puigdemont son «insuficientes». Alude a que la investigación no ha arrojado «elementos que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal ni su carácter terrorista», que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público considera que no todos los hechos imputados a Tsunami tienen carácter delictivo.
Críticas del Gobierno
En su último escrito, García-Castellón insistió en «la gravedad de los delitos que, en este momento, se vislumbran» y «la clara afectación» que tuvieron «los intereses generales», «las estructuras económicas esenciales del Estado» y los daños y lesiones que se causaron en las protestas. Además, el juez se queja de tener que «insistir» ante la Fiscalía «sobre la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de terrorismo».
El texto supuso las críticas del Gobierno. Dos ministros (Teresa Ribera y Óscar Puente) arremetieron contra la presunta implicación política de las decisiones del magistrado. La vicepresidenta tercera aseguró el pasado viernes durante una entrevista en TVE que García-Castellón había mostrado «querencia» a actuar «en momentos políticos sensibles» y que sus decisiones siempre iban «en la misma dirección». Las asociaciones judiciales salieron al paso y Moncloa rectificó inmediatamente para reconocer la independencia judicial y la separación de poderes.
