La Audiencia rechaza el recurso contra las exhumaciones del Valle de los Caídos

La Audiencia Nacional cierra de forma definitiva la denuncia contra las exhumaciones del Valle de los Caídos. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 ha inadmitido el recurso que presentó la nieta de una mujer enterrada en el complejo levantado por el franquismo. El juez ya levantó las medidas cautelerísimas a finales de diciembre al entender que las labores iniciadas en junio no afectaban a la abuela de la demandante, ya que sus restos no se encuentran en la cripta donde se trabaja. Abogados Cristianos ha anunciado un nuevo recurso, en esta ocasión de un hombre con nueve familiares en el complejo.

En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juez considera que las exhumaciones «no se están realizando en vía de hecho», esto es, que la Administración Pública no desarrolla las actuación fuera de su competencia, como alegaba el recurso que interpuso Abogados Cristianos. Lo hizo en representación de la nieta de una de las escasas mujeres enterradas en este complejo ubicado en San Lorenzo de Escorial en el que reposan más de 33.000 personas asesinadas durante la Guerra Civil.

El escrito señala que, en la documentación aportada por la Abogacía del Estado, «se advierte que existen un conjunto de actuaciones judiciales, normativas y administrativas previas que constituyen su soporte». Según el juez, la recurrente conocía estas cuestiones, pero que omitió informar al órgano judicial. La decisión supone la confirmación de que los trabajos, avalados por el Tribunal Supremo, continuarán sin interferencias.

Trabas a las exhumaciones

Abogados Cristianos no se va a quedar cruzado de brazos, ya que ha anunciado que presentará un nuevo recurso por la vía contencioso-administrativo. En esta ocasión lo hará en representación de un hombre que tiene a nueve familiares enterrados en la cripta en las que se están llevando a cabo los trabajos. Todos ellos fueron asesinados cuando acudían a misa. Polonia Castellanos, presidenta de la asociación, considera que ahora «la Audiencia Nacional no tendrá más excusa para detener unas exhumaciones que ese están haciendo de manera ilegal».

El magistrado admitió inicialmente las medidas cautelarísimas. El recurso de Abogados Cristianos aludía que el derecho a recibir digna sepultura forma parte del derecho fundamental a la libertad religiosa y comprende el cumplimiento de ritos, celebraciones, tratamiento del cadáver y sepultura. La asociación de juristas denunciaban que las obras de exhumación vulneraban, por tanto, el derecho a digna sepultura.

La paralización de los trabajos del Valle de los Caídos se prorrogaron apenas 48 horas, cuando el juez decidió dejar sin efecto la medida cautelarísimas al constatar la inexistencia de vía de hecho y la falta de legitimación de la recurrente, ya que los abogados del Estado adjuntaron documentos que demostraban que las exhumaciones se estaban produciendo en un lugar diferente al que reposa su abuelos.

Los restos a los que alude la recurrente se encuentran depositados en un osario que contiene 16 cuerpos identificados y, según atestiguan los documentos entregados a los descendientes, fueron trasladados a la Capilla del Pilar tras unas inundaciones en 1990. Así lo explica la Abogacía del Estado en el escrito de 42 páginas que entregó al juzgado. No obstante, Abogados Cristianos argumentó que durante la exhumación se han realizado «movimientos óseos» que «no han sido recogidas en los libros de registro».

Primeras víctimas identificadas

En su escrito, presentado en octubre, Abogados Critianos aseguraba que «la mera necesidad de tener que realizar las pruebas de ADN a los cadáveres (lo que implica cierto grado de profanación), se está incurriendo en una vulneración de un ejercicio de la libertad religiosa». La denuncia insistía en que «para realizar estas pruebas no han solicitado consentimiento a los familiares».

Tras conocerse que un juzgado volvía a paralizar las exhumaciones en el Valle de los Caídos, representantes del Gobierno tuvieron una reunión con descendientes de las víctimas en La Moncloa. El encuentro sirvió para tranquilizarles, ya que le adelantaron la situación. Además, les informaron de que los trabajos ya se encuentran en el segundo nivel del complejo. El equipo científico está realizando estudios antropológicos, aunque por el momento no ha efectuado ninguna nueva identificación.

En agosto, 1o familias pudieron recuperar a sus parientes. Eran las primeras víctimas identificadas en los trabajos de exhumación iniciados en junio en Cuelgamuros. Los restos fueron entregados por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una emotiva ceremonia celebrada en el Parque de La Ermita de la Virgen de Rivilla, junto al cementerio de Pajares de Adaja. Siete de ellos provenían de esta localidad de Ávila de apenas 150 habitantes. Los descendientes han tenido que superar diferentes trabas burocráticas desde 2016 y esperar casi nueve décadas para ofrecerles un entierro digno.

El proceso de exhumación sigue pendiente aún de una resolución judicial, ya que una sentencia anuló la licencia urbanística necesaria para poder acometer los trabajos. Un juzgado de Madrid, que también suspendió el proceso durante meses de forma cautelar, concluyó el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial otorgó la licencia de manera irregular. La Abogacía del Estado recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).