La Fiscalía rechaza cerrar el 'caso Tsunami' como pide el entorno de Puigdemont
El director de la oficina del expresident solicita archivar la causa por un error en los plazos de instrucción
Ilustración de Alejandra Svriz.
La Fiscalía no apoyará la petición de cerrar la causa de Tsunami Democràtic por un error en la instrucción, como solicita el director de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont. El historiador Josep Lluís Alay presentó la semana pasada un escrito ante la Audiencia Nacional advirtiendo de que el juez incumplió los plazos a la hora alargar la investigación en 2021, por lo que las diligencias posteriores carecerían de legitimidad. En cambio, el Ministerio Público se ha mostrado de acuerdo en prorrogar las pesquisas, algo que realizó Manuel García-Castellón a principios de semana, justo antes de cumplirse el límite legal.
Alay presentó la semana pasada nuevas alegaciones ante el Juzgado Central de Instrucción número 6. El asesor de Puigdemont subrayó en su escrito que el plazo máximo de instrucción de Tsunami finalizó el 29 de julio de 2021 «sin que se haya prorrogado con antelación a dicha fecha, y se ha continuado prorrogando indebida e ilegalmente la instrucción, contraviniendo manifiestamente lo establecido en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo».
El Ministerio Público considera que ese extremo carece de fundamento. Sus representantes se han reunido en varias ocasiones para estudiar la propuesta de Alay, según han confirmado a este diario fuentes fiscales. Han determinado que no van a apoyar su solicitud, por lo que la causa de Tsunami seguirá adelante tras la decisión de García-Castellón de prorrogar la instrucción otros seis meses, hasta el 29 de julio.
Prórroga para Tsunami
«No se pueden acordar diligencias de investigación con fecha posterior al 29 de julio de 2021 por tratarse de un límite infranqueable el del agotamiento del plazo de instrucción», defendió el jefe de la oficina de Puigdemont. Alay ya recurrió la negativa de la Audiencia Nacional a recusar a García-Castellón como juez instructor. En su último escrito, asegura que hasta esa fecha no se tomó declaración a ninguno de los investigados, así que todas las actuaciones desde entonces «son nulas de pleno derecho».
La decisión afectaría de lleno al expresidente catalán, al que el magistrado señaló en noviembre como uno de los presuntos responsables de Tsunami, que articuló la respuesta de los independentistas a la sentencia contra los líderes del procés que emitió el Supremo en octubre de 2019. El magistrado insiste en imputar a Puigdemont por un delito de terrorismo, ya que como presunto cerebro de la plataforma sería responsable de la muerte de un turista francés en el bloqueo que sufrió el aeropuerto de El Prat.
García-Castellón ha alargado la investigación hasta el 29 de julio. Esto no significa que la investigación de Tsunami acabe ese día, ya que puede prorrogarse por periodos de seis meses o inferiores. En la resolución, el juez instructor indica que en las pesquisas practicadas hasta ahora se infiere indiciariamente que la plataforma que gestionó los disturbios posteriores a la sentencia del procés, algunos de ellos violentos, fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia.
El magistrado sostiene que Tsunami estuvo dirigido por varias personas que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo. Su finalidad, insiste García-Castellón, era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente al Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva.
«Indicios insuficientes»
Una opinión que comparte el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que abogó por prorrogar la instrucción porque los hechos, «cuanto menos», son constitutivos de desórdenes públicos graves. En cambio, el representante del Ministerio Público considera que los únicos hechos constitutivos serían los que tuvieron lugar en el puesto fronterizo de La Junquera y el aeropuerto del Prat, donde murió por infarto un turista francés.
Carballo indica en su informe que los indicios contra el expresident, al que García-Castellón quiere imputar por terrorismo, son «insuficientes», ya que que no revelan que Puigdemont estuviese al frente de la estructura de Tsunami. El fiscal también subraya que los hechos recogidos en la causa no acreditan la existencia de jerarquías, como sostiene el juez, ni la distribución de funciones entre los investigados ni que hubiese un órgano directivo.
Que el Ministerio Público apoye la prórroga de la instrucción de Tsunami no supone ningún cambio en su postura respecto al caso. Su respuesta está relacionada con que, si no se alarga la investigación por el órgano que ahora mismo dirige las pesquisas, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la causa sería remitida a Cataluña y no podría seguir instruyéndose, ya que incumpliría los plazos.
El fiscal adscrito al caso Tsunami ya apeló ante la Sala de lo Penal al entender que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para instruir la causa. El Tribunal Supremo está estudiando si se queda con la investigación que debe dilucidar el papel que tuvo Puigdemont en la plataforma, tras la exposición razonada que el juez García-Castellón envió en noviembre al Alto Tribunal. El expresidente catalán, uno de los 12 dirigentes señalados, es eurodiputado en la actualidad, por lo que está aforado.
