El Gobierno incumple desde hace un año la ley que protege a quienes denuncian la corrupción
Hay Derecho denuncia que este escenario deja a los denunciantes «en un limbo contrario al derecho europeo»
José Luis Peña, a la izquierda, en la Audiencia Nacional el pasado marzo. | Javier Lizón (EFE)
El Gobierno sigue sin nombrar a la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Y eso que ha pasado un año desde que se aprobó la ley que prevé la creación de esta figura que debe velar por aquellas personas que informen sobre casos de corrupción. La situación contrasta con las exigencias que se han impuesto al resto de administraciones y a las empresas privadas, que deben contar con canales internos de información. Los expertos se muestran divididos por el retraso, que achacan a los procesos electorales. La Fundación Hay Derecho denuncia que este escenario deja a los denunciantes «en un limbo contrario al derecho europeo».
Este martes se cumple un año que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que protege a los informante de corrupción, pero quienes alertan de estas prácticas siguen sin tener una figura que les proteja. Hay Derecho afirma que esta situación supone que quienes informan de corrupción sufran graves represalias por su acción a favor del interés general, que no dispongan de asesoramiento, encuentren dificultades para alertar de manera anónima y que no exista una institución que vigile el cumplimiento de la ley.
Hay Derecho subraya que esta situación supone una falta de equivalencia entre la exigencia que se hace a las empresas privadas a partir de 50 trabajadores y entidades públicas, para las que se preveía un plazo obligatorio de creación de canales internos de denuncia o información, y la falta de plazo y de cumplimiento en la creación del canal externo que dependería de la todavía inexistente Autoridad de Protección del Informante.
Competencia del Gobierno
«No es admisible que se exija más a ciudadanos y empresas corrientes que al propio Gobierno, que es el responsable legal de que llevemos un año sin autoridad de protección a denunciantes de corrupción», subraya Safira Cantos, directora general de Hay Derecho. En su opinión, el Gobierno está dejando pasar una oportunidad única de generar confianza ante potenciales denunciantes de corrupción: «Traspuso la directiva europea tarde y ahora ni tan siquiera se cumple la ley».
La ley que regula la protección de los denunciantes de protección, y que prevé crear la Autoridad de Protección del informante, entró en vigor el 13 de marzo del año pasado. Se aprobación responde a una directiva europea que debió haberse transpuesto antes del 17 de diciembre de 2021, pero España incumplió los plazos. El retraso supuso que la Comisión Europea abriera un procedimiento de infracción contra España.
«La falta de una Autoridad independiente de protección va en contra de la generación de confianza de potenciales informantes de corrupción que desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir abusos y prácticas corruptas. El Ministerio de Justicia debe cumplir la ley», insiste Cantos. THE OBJECTIVE preguntó sin éxito al Ministerio de Justicia los motivos de este retraso.
La creación y organización de la Autoridad Independiente de Protección del Informante está desarrollada en el capítulo III de la ley que se aprobó hace un año, aunque no entró en vigor hasta el 13 de marzo. La normativa no establece ningún plazo para que el Gobierno cree el órgano. El artículo 53 precisa que su presidente, con rango de subsecretario de Estado, debe ser nombrado por real decreto a propuesta del ministro de Justicia por un período de cinco años no renovable entre personas de reconocido prestigio.
«Lío político»
El elegido deber comparecer ante la Comisión correspondiente del Congreso, que deberá ratificar el nombramiento por mayoría absoluta en el plazo de un mes. El presidente del órgano estará asesorado por una comisión consultiva que integrarán 13 personas, entre ellas un representante del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las asociaciones de informantes y dos miembros elegidos por Justicia.
«Ha habido lío político y es lógico que no se haya procedido a la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Solo hace falta que se inicie el procedimiento y se le asigne el personal», reconocía hace unos meses a este diario Juan Molins, socio y fundador de MDC Abogados.
Javier Puyol, magistrado en excedencia, exletrado del Tribunal Constitucional y socio director de Puyol Abogados consideró que existe «lentitud institucional» y apunta a reformar la ley aprobada hace un año porque «se transpuso una directiva europea de forma acelerada». En su opinión, hay comunidades autónomas que han sido más diligentes que el Gobierno, pero hay otras, como Madrid, que tampoco han puesto en marcha la figura.
Ana Garrido, la denunciante que destapó la trama Gürtel que se dedica a asesorar sobre temas de corrupción con su empresa Proética & Compliance, sostiene que todos los incumplimientos que se están produciendo derivan de la ausencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Afirma que la nueva ley recoge varias medidas como el régimen sancionador a los autores de represalias, la creación de nuevas agencias antifraude regionales o la obligación de implementar canales de denuncia internos.
«Resulta que está ocurriendo todo lo contrario: están intentando cerrar agencias antifraude que funcionan; a quienes se saltan la normativa no les pasa nada y el régimen sancionador no se aplica». En opinión de Garrido aprobar una ley para que no se aplique es «un sinsentido». Y concluye: «¿Se anima y obliga a la ciudadanía a denunciar ilícitos penales, enviándolos a la ruina? Menudo incentivo».
