'Caso Tito Berni': desaparecen de una caja fuerte de la Policía los móviles del Mediador
El inspector jefe que lideró la investigación denuncia a varios agentes y remite una queja contra la juez ante el CGPJ
El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo (c), alias Tito Berni, a las puertas de los juzgados de Santa Cruz.. | Europa Press
Dos denuncias del inspector jefe de la Policía Nacional que lideró inicialmente la investigación del caso Tito Berni pueden producir un terremoto en la causa. Uno de los escritos, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, revela que los teléfonos móviles de Antonio Navarro Tacoronte (alias El Mediador) fueron sustraídos, presuntamente por otros agentes de la Policía Nacional y sin su permiso, de la caja fuerte del despacho que ocupaba el entonces jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, Francisco Moar, según informan a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La sustracción y allanamiento de despacho profesional denunciados por el propio mando ocurrió en dependencias policiales, según su versión, poco antes de que el entonces comisario provincial de Santa Cruz de Tenerife Luis Felipe San Martín Fernández-Marcote (ahora suspendido de empleo y sueldo tras ser imputado por presunta violencia de género) le apartase del caso Tito Berni «en cumplimento» de una supuesta orden acordada por la juez María Ángeles Lorenzo Cáceres, actual instructora de la causa, contra quien Moar también ha presentado una queja/denuncia ante el CGPJ pidiendo que se estudien sanciones disciplinarias o penales contra la magistrada por unos hechos que podrían haber entorpecido la investigación desde hace un año.
La denuncia de este inspector jefe de la Policía Nacional, a la que ha tenido acceso este diario, supone una revelación que puede poner en duda la integridad y fiabilidad de la cadena de custodia de los dos dispositivos del Mediador, de carácter trascendental para la investigación puesto que sobre los audios, fotografías, documentos y mensajes almacenados en su interior se basó inicialmente la investigación contra el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuertes Curbelo y otra veintena de personas -entre empresarios, un general de la Guardia Civil y políticos autonómicos y locales-, por presuntos delitos de corrupción.
Siete agentes denunciados
El inspector jefe, que fue apartado del caso Tito Berni en abril de 2023, se ha querellado por presunta denuncia falsa contra siete de los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos integrado en la Brigada Provincial de Santa Cruz de Tenerife, quienes a día de hoy permanecen al frente de las pesquisas. Todos ellos firmaron una denuncia interna por presunto acoso laboral contra Moar, que fue archivada en vía administrativa y que provocó que el Inspector Jefe permaneciera apartado de la investigación del caso Tito Berni precisamente en momentos en que empezaban a aflorar otras líneas de trabajo policial y nombres de otros políticos, funcionarios y empresarios presuntamente implicados.
La resolución del expediente administrativo contra Moar por acoso laboral concluyó y fue archivada varios meses después. El instructor acreditó que los hechos denunciados formaban parte de una habitual relación laboral jerárquica entre jefe y subordinados, pero en ningún caso podían catalogarse como acoso. A pesar de ello, la investigación del caso Tito Berni sigue en manos de los agentes ahora querellados por presunta denuncia falsa, entre otros delitos, mientras que tanto la juez como la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Canarias mantienen apartado del caso, solo y exclusivamente, a Moar.
Señala a la juez de ‘Tito Berni’
El inspector jefe también ha remitido una queja ante el CGPJ en la que denuncia una supuesta relación de «amistad íntima» entre la juez Lorenzo Cáceres y el jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Bueno. Este último y seis agentes de su equipo son quienes presentaron una presunta denuncia falsa por acoso laboral contra el inspector jefe que lideraba la investigación, el denunciante Francisco Moar. Sin embargo, la magistrada del caso Tito Berni mantiene en la investigación a los siete querellados, mientras Moar ha sido definitivamente relevado de su puesto de Jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife.
En su denuncia/queja ante el CGPJ, según confirman fuentes jurídicas, el inspector jefe solicita a la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces que estudie las «responsabilidades disciplinarias, y en su caso, penales» por parte de la juez del caso Tito Berni en relación a una serie de hechos relatados en su queja. Entre otros, sugiere que el jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos habría aprovechado su «amistad» con la juez para negarse a acatar un oficio enviado por Moar a la jueza el 17 de marzo de 2023 (un mes después de la detención de los imputados en el caso Tito Berni).
Filtraciones en el caso
Aquel oficio que la juez nunca llegó a firmar por su presunta «amistad íntima» con Bueno, según la denuncia de Moar, tenía como objetivo «salvaguardar la investigación judicial frente a los inminentes riesgos derivables de la desmesurada trascendencia mediática del procedimiento en aquel momento, como consecuencia de las posibles filtraciones que se estaban produciendo». Cabe recordar que, meses después, el Mediador denunció al propio José Antonio Bueno por la presunta filtración de audios y otros documentos de la investigación a medios de comunicación. Una investigación que fue archivada poco después, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife.
Es ahora en el juzgado de Instrucción número 5 de esa ciudad donde ha recaído la denuncia del inspector jefe Moar contra José Antonio Bueno y seis agentes que integran el Grupo de Delitos Tecnológicos que investiga el caso Tito Berni. Esa denuncia por presuntos delitos de allanamiento de despacho profesional, sustracción de terminales móviles de la caja fuerte y denuncia falsa, entre otros, es paralela a la queja presentada contra la juez Lorenzo ante el CGPJ. En ella, el mando policial revela que los dos teléfonos de Navarro Tacoronte fueron sustraídos presuntamente por los policías ahora querellados, sin su permiso, de la caja fuerte del despacho donde eran custodiados por Moar.
En calidad de jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos que llevaba la investigación bajo las órdenes de Moar, según la denuncia de este último, José Antonio Bueno era la única persona que tenía una copia de la llave de su despacho, al igual que de la contraseña de la caja fuerte donde se custodiaban los teléfonos del Mediador en el que momento en que fueron sustraídos sin permiso del entonces jefe de la Policía Judicial de Tenerife. En el escrito, Moar asegura que hasta entonces su relación de trabajo con José Antonio Bueno y su equipo era relación fluida y cordial. Incluso llegó a proponer a varios de ellos a una condecoración, por el buen desempeño realizado en el marco del caso Mediador desde enero de 2022.
¿Orden ilegal?
Pero la sustracción de los teléfonos móviles de su caja fuerte no es el único motivo por el que Moar ha denunciado a la juez y a siete agentes que investigan el caso Tito Berni. Otra de las razones principales por las que el inspector jefe de la Policía Nacional pide al CGPJ que estudie sancionar o investigar a la juez del caso Tito Berni es por la «orden verbal» que presuntamente dio en abril de 2023 al entonces comisario provincial de Tenerife, Luis Felipe SanMartín Fernández-Marcote, para que «se denegara a D. Francisco Moar Martínez el acceso a las actuaciones relativas a la investigación policial en relación a la denominada Operación Sala Trece y la más absoluta prohibición de acceso a la misma (también conocida como caso Mediador)».
A juicio de Moar, según su denuncia ante el CGPJ, esa presunta orden sería «ilegal, abusiva, excesiva y absolutamente desproporcionada y ajena al buen fin de la investigación, en tanto que se sitúa extramuros de la competencia y funciones de la denunciada (la magistrada Lorenzo), pues invade ilegítimamente competencias orgánicas ajenas a su jurisdicción».
«Necesariamente, y en todo caso, la denunciada debió haber adoptado en forma escrita de ‘resolución judicial’, motivada y justificada la misma, debiendo haber sido incorporada en aquel momento al procedimiento y por supuesto, debiendo haber sido notificada en legal forma a quien ahora suscribe en calidad de denunciante, al entender que hay un exceso de competencias con pleno conocimiento de la ilegalidad de la decisión que se tomaba, la cual no tenía otra finalidad que buscar apartarme de la investigación por los motivos y formas que posteriormente se van a ir reseñando», añade. THE OBJECTIVE se ha puesto en contacto con el inspector jefe, pero no ha querido hacer declaraciones al respecto por ser un asunto que se encuentra en manos de la Justicia.
