La desaparición temporal de los móviles puede anular el caso del Mediador, según su abogado

La defensa de Antonio Navarro Tacoronte (alias El Mediador) sostiene que la desaparición durante varios días de los teléfonos requisados a su cliente, dos dispositivos de los que se extrajo buena parte del material incriminatorio, podría llegar a suponer la nulidad de la causa.

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, miembros del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional han entregado dichos móviles a la juez que investiga esta presunta trama de corrupción.

El abogado de el Mediador, Rachid Mohamed, ha confirmado a EFE que pedirá a la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife que investigue lo ocurrido con la desaparición temporal de esos terminales, que su cliente dejó en manos de la Justicia hace un año.

Con el resultado de esa investigación, decidirá si presenta otro recurso de nulidad del caso al haberse producido, presuntamente, irregularidades como la ruptura de la cadena de custodia de las pruebas.

Mohamed ha precisado que en la actualidad está a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva el incidente excepcional de nulidad en el que denunció que su cliente no entregó voluntariamente sus móviles, sino que fue coaccionado, y se queja de que la comparecencia de Navarro Tacoronte en la que sucedió todo ello no fuera grabada en vídeo (según el Juzgado, por problemas técnicos).

Otros dos abogados más de las defensas, que prefieren mantenerse en el anonimato, coinciden en que la desaparición hace algunos días de varios terminales telefónicos y tarjetas de la caja fuerte de la Policía en la que estaban custodiados «supone la ruptura de la cadena de custodia» y podría implicar la nulidad del caso.

Los letrados se preguntan qué pudo ocurrir durante los días en los que los dispositivos estaban desaparecidos, ya que opinan que ahora nadie puede garantizar que no hayan sido manipulados.

Hace algo más de un año, Navarro Tacoronte entregó dos terminales en los que se encontraban vídeos, fotos, documentos y conversaciones de audio y texto que dieron lugar al inicio de las investigaciones.

Estos dispositivos fueron depositados junto con otras pruebas en la caja fuerte del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en Las Palmas de Gran Canaria, de donde desaparecieron hace algunas fechas.

En el primer recurso presentado para anular la causa, la defensa plantea que hace un año el Mediador comparecía por un delito de estafa de poco más de 2.500 euros, pero luego tuvo que declarar sin asistencia letrada por una presunta trama de cohecho y tráfico de influencias en la que se han relacionado a políticos, empresarios y particulares, conocida desde entonces como caso Mediador.

La desaparición de los terminales fue denunciada por el policía Francisco Moar, apartado en un principio de la causa, y a continuación la magistrada Ángeles Lorenzo-Cáceres pidió su devolución, tal y como ha ocurrido hace escasos días.

Siete agentes denunciados

Como publicó THE OBJECTIVE la semana pasada, el inspector jefe, que fue apartado del caso Tito Berni en abril de 2023, se querelló por presunta denuncia falsa contra siete de los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos integrado en la Brigada Provincial de Santa Cruz de Tenerife, quienes a día de hoy permanecen al frente de las pesquisas.

Todos ellos firmaron una denuncia interna por presunto acoso laboral contra Moar, que fue archivada en vía administrativa y que provocó que el Inspector Jefe permaneciera apartado de la investigación del caso Tito Berni  precisamente en momentos en que empezaban a aflorar otras líneas de trabajo policial y nombres de otros políticos, funcionarios y empresarios presuntamente implicados.

La resolución del expediente administrativo contra Moar por acoso laboral concluyó y fue archivada varios meses después. El instructor acreditó que los hechos denunciados formaban parte de una habitual relación laboral jerárquica entre jefe y subordinados, pero en ningún caso podían catalogarse como acoso.

A pesar de ello, la investigación del caso Tito Berni sigue en manos de los agentes ahora querellados por presunta denuncia falsa, entre otros delitos, mientras que tanto la juez como la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Canarias mantienen apartado del caso, solo y exclusivamente, a Moar.

Señala a la juez de ‘Tito Berni’

El inspector jefe también remitió una queja ante el CGPJ en la que denuncia una supuesta relación de «amistad íntima» entre la juez Lorenzo Cáceres y el jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Bueno. Este último y seis agentes de su equipo son quienes presentaron una presunta denuncia falsa por acoso laboral contra el inspector jefe que lideraba la investigación, el denunciante Francisco Moar.

Sin embargo, la  magistrada del caso Tito Berni mantiene en la investigación a los siete querellados, mientras Moar ha sido definitivamente relevado de su puesto de Jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife.

En su denuncia/queja ante el CGPJ, según confirman fuentes jurídicas, el inspector jefe solicita a la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces que estudie las «responsabilidades disciplinarias, y en su caso, penales» por parte de la juez del caso Tito Berni en relación a una serie de hechos relatados en su queja.

Entre otros, sugiere que el jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos habría aprovechado su «amistad» con la juez para negarse a acatar un oficio enviado por Moar a la jueza el 17 de marzo de 2023 (un mes después de la detención de los imputados en el caso Tito Berni).