García Ortiz coloca a un fiscal progresista en la Sala del Supremo que investigará a Puigdemont
El fiscal general del Estado propone a Felipe Briones para la fiscalía de lo Penal del Tribunal Supremo
Briones, Puigdemont y García Ortiz. | Ilustración de Alejandra Svriz
Felipe Briones será fiscal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto su nombre al Gobierno para que ocupe la plaza vacante de una Sala que dirime causas de especial trascendencia, como será la investigación por posible delito de terrorismo del expresidente catalán Carles Puigdemont. Los fiscales consultados por THE OBJECTIVE sostienen que se trata de un nombramiento interesado, ya que el elegido proviene de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que formó parte García Ortiz.
El fiscal general ha propuesto al Gobierno una veintena de nombres para cubrir ese número de cargos discrecionales. Entre ellos el de Briones. Sus colegas dan por segura su designación porque el paso por el Consejo de Ministros es solo un trámite.
García Ortiz lo eligió entre 25 candidatos a pesar de que no era el de más antigüedad (le superaba, por ejemplo, la exteniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, azote del clan Pujol) ni el aspirante con más respaldo en el Consejo Fiscal que se celebró el pasado jueves. A pesar de que sus decisiones no son vinculantes porque se trata de un órgano consultivo, la fórmula del «dedazo» comienza a ser una constante que preocupa en la carrera.
Vacante en el Supremo
Los últimos años se han saldado con numerosos nombramientos sin respaldo de sus compañeros, como el caso de Dolores Delgado, antecesora de García Ortiz, que fue promocionada al máximo escalafón y a la Fiscalía de Memoria Democrática a pesar de que otros candidatos contaban con mejor currículo. Los fiscales critican que la situación se ha vuelto a repetir. Briones obtuvo en el Consejo Fiscal cuatro de los 11 votos en liza, los mismos que Guillermo García-Panasco, adscrito a la mayoritaria Asociación de Fiscales, a la que llegó a presidir.
Los seis vocales de la Asociación de Fiscales, de corte conservador, dividieron el voto: cuatro optaron por García-Panasco y otros dos por Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros. El fiscal general siempre tiene la última palabra, aunque debe elegir entre candidatos que hayan obtenido al menos un voto del órgano consultivo. Briones obtuvo el apoyo de la teniente fiscal del Supremo, el de la jefa de la Inspección Fiscal y los de los dos vocales de la UPF, en la que milita.
«Es un profesional con una buena reputación, pero había otros candidatos más antiguos», reconoce un vocal. Otro afirma que «el problema es que García Ortiz viene designando gente de su cuerda desde el primer día». El artículo 13 del Estatuto del Ministerio Fiscal le legitima, ya que establece que le corresponde «proponer al Gobierno los ascensos y nombramientos para los distintos cargos previo informe del Consejo Fiscal, oído el fiscal superior de la comunidad autónoma respectiva cuando se trate de cargos de su ámbito territorial».
La Sala de lo Penal del Supremo está compuesta por dos secciones y un total de 27 fiscales. La elección de Briones no es baladí porque hay interés en «designar a fiscales de la cuerda». No obstante, los profesionales consultados consideran que no tendrá incidencia en la investigación de Puigdemont porque el caso se designará por avocación a la teniente fiscal. Ángeles Sánchez Conde fue la encargada de elaborar el informe del Ministerio Público tras la división en la Junta de fiscales, aunque no apreció indicios de terrorismo como advirtió la mayoría de sus miembros.
Culminación de la carrera
Briones llega a la Sala de lo Penal con 64 años. Se trata de un puesto muy codiciado ya que supone la culminación de la carrera fiscal. En su caso ingresó en 1985 y su primer destino fue la Fiscalía de Las Palmas. Un año después llegó a Alicante, donde ha estado hasta ahora. Ha desempeñado puestos en diferentes especialidades y hace dos décadas se convirtió en fiscal Anticorrupción de Alicante.
En el verano de 2020, en plena pandemia, se disputó la jefatura provincial con Jorge Rabasa, que llevaba desde 2014 en el cargo y optaba a la reelección. El Consejo Fiscal se decantó por la continuidad de Rabasa, el más votado gracias al apoyo de los vocales conservadores. Los compañeros consultados sostienen que Briones es «un excelente profesional», pero aseguran que está «muy ideologizado».
«Es miembro de la UPF y muy cercano al PCE», subraya un fiscal que le conoce bien. Uno de los primeros en cuestionar su ideología fue el ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, del PP, que afirmó en 2009 que todo el mundo conocía que Briones «tiene claras connivencias con IU». El antiguo regidor fue acusado por Anticorrupción en la operación Brugal por beneficiar a un empresario. El juzgado lo absolvió, pero en 2021 la Audiencia de Alicante le declaró culpable de un delito de cohecho por beneficiarse de un viaje a Creta en avión privado.
Briones no ha escondido nunca su sensibilidad política. Tampoco su simpatía por la causa saharaui. En abril del año pasado arremetió duramente contra el Gobierno por su cambio de postura con la antigua colonia tras visitar la zona con una delegación de fiscales de la UPF. El nuevo fiscal de la Sala de lo Penal del Supremo, que nació en Ifni en 1959, cuando aún era provincia española, aseguró en un periódico local que la invasión de Marruecos a ese territorio era «tan ilegal» como la de Rusia a Ucrania.
García Ortiz también ha propuesto como fiscal de Sala de Menores a Teresa Gisbert, miembro de la UPF. Briones mantuvo una disputa con la fiscal superior de la Comunidad Valenciana hace cuatro años, cuando supo que se había decantado por Rabasa como jefe provincial. Otros de los nombramientos impulsados son los de María Elena Carrascoso para la Sala Social del Supremo, María Dolores López como teniente fiscal Antidroga o el de la nueva inspectora fiscal, Carmen de la Fuente, que en 2022 dejó el cargo de fiscal jefe de Cartagena para ser asesora del Ministerio de Justicia.
