Los fiscales temen que García Ortiz encargue el caso de Puigdemont a su 'número dos'
Sánchez Conde ya se encargó de elaborar el informe que rechazaba investigar al expresidente catalán por terrorismo
Sánchez Conde, García Ortiz y Puigdemont. | Alejandra Svriz
Los fiscales tienen la mosca detrás de la oreja. Temen que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, regatee el turno de reparto y encargue la causa de Tsunami abierta en el Tribunal Supremo a su número dos, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde. La misma que elaboró el informe del Ministerio Público que rechazaba elevar el caso al alto tribunal. El texto descartaba que los aforados, el expresidente catalán Carles Puigdemont y el parlamentario de ERC Rubén Wagensberg, cometieran un delito de terrorismo, como defendía la mayoría de la Junta de fiscales. Las discrepancias derivaron en una decisión salomónica: dejar el dictamen en manos de un superior.
«Nos han quitado el caso de Puigdemont. Lo va a llevar directamente Sánchez Conde. No lo han comunicado oficialmente, pero sí de forma oficiosa», reconocen los fiscales consultados por THE OBJECTIVE. La Sala de lo Penal del Supremo decidió el pasado 29 de febrero investigar al expresidente catalán por terrorismo, siguiendo el criterio del juez instructor, Manuel García-Castellón. Los otros 10 imputados serán juzgados en la Audiencia Nacional.
La fórmula por la que Sánchez Conde podría acabar llevando el caso Puigdemont se denomina avocación, una técnica de derecho administrativo que permite trasladar la competencia para resolver un asunto desde un órgano jerárquicamente inferior a otro superior. Los miembros del Ministerio Público consultados afirman que el procedimiento es «legítimo», ya que la ley lo permite por el principio de unidad.
El futuro de Puigdemont
El artículo 23 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que «en cualquier momento de la actividad que un fiscal esté realizando en cumplimiento de sus funciones o antes de iniciar la que le estuviese asignada en virtud del sistema de distribución de asuntos entre los miembros de la Fiscalía, podrá su superior jerárquico inmediato, mediante resolución motivada, avocar para sí el asunto o designar a otro fiscal para que lo despache».
Ese precepto dispone que la sustitución debe comunicarse ante el Consejo Fiscal, que podrá expresar su parecer. No obstante, la opinión de este órgano consultivo no es vinculante, por lo que García Ortiz tiene las manos libres para decidir qué compañero se queda con la causa de Puigdemont. El Consejo Fiscal se reunirá a mediados de abril, por lo que la decisión final podría demorarse unas semanas.
La avocación no supone una novedad en este tipo de procedimientos. Los propios fiscales reconocen que se ha aplicado en otras ocasiones, por ejemplo en la causa especial del procés, cuando la Fiscalía designó a cuatro profesionales de distintas sensibilidades para evitar críticas a su labor. No obstante, los miembros del Ministerio Público aseguran que jamás se ha realizado un cambio de competencia de estas características.
«Nosotros no tenemos un interés particular en el caso de Puigdemont; quien sí lo tiene es García Ortiz», recalca un fiscal. Como ejemplo pone lo sucedido hace apenas un mes y medio, cuando la división en la Junta de fiscales del Supremo sobre la pertinencia de investigar al expresidente catalán por terrorismo motivó que el caso pasara del miembro del Ministerio Público designado, Álvaro Redondo (que solo apreciaba desórdenes públicos), a la teniente fiscal.
División entre fiscales
El propio artículo 23 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala que, en caso de discrepancia entre fiscales, debe resolver la cuestión el superior jerárquico común. El siguiente precepto establece que los acuerdos de la mayoría tienen carácter de informe, pero que prevalece el criterio del fiscal jefe. «Sin embargo, si esta opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes, deberá someter ambas a su superior jerárquico». Justo lo que sucedió.
En la junta de fiscales celebrada el pasado 6 de febrero, 12 de los 15 asistentes apreciaron delitos de terrorismo y 11 observaron indicios para incriminar a Puigdemont. Los representantes del Ministerio Público en el Supremo apoyaban así la exposición razonada que emitió en noviembre el juez instructor en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que solicitó al alto tribunal que continuara la investigación de Tsunami.
La falta de acuerdo entre los dos fiscales jefe de la junta, Fidel Cadena (a favor de encausar al expresidente catalán por terrorismo) y Joaquín Sánchez-Covisa, hizo que entrara en escena Sánchez Conde. La teniente fiscal del Supremo presentó el informe a finales de febrero, pero no encontró indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo. La número dos de García Ortiz se posicionó junto a Redondo, pero en contra de la opinión de la mayoría de la Junta de fiscales.
La pelota pasó entonces al tejado de los magistrados del alto tribunal, a los que corresponde la última palabra. Unos días después de que Sánchez Conde presentara el informe, la Sala de lo Penal decidió por unanimidad abrir una causa contra el expresidente de Cataluña y Wagensberg, tras y como solicitaba García-Castellón. Las pesquisas del resto de imputados se dirimirán en la Audiencia Nacional.
Sánchez Conde fue elegida teniente fiscal del Supremo en enero de 2022 por la entonces fiscal general, Dolores Delgado. La exministra de Justicia también señaló a García Ortiz para que le sucediera en el cargo. Todos ellos han pasado por la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La misma organización a la que pertenece Felipe Briones, propuesto para ocupar la vacante en la Sala de lo Penal. Solo falta que el Consejo de Ministro ratifique su nombramiento, algo que las fuentes consultadas dan por seguro.
