La filtración sobre Ayuso y el ascenso de Delgado dejan al fiscal contra las cuerdas
Dos de las tres asociaciones profesionales han solicitado la dimisión de García Ortiz en el último mes
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz el pasado verano. | Carlos Luján (Europa Press)
Las polémicas acorralan al fiscal general del Estado. Dos de las tres asociaciones profesionales han solicitado la dimisión de Álvaro García Ortiz en el último mes. La primera en hacerlo fue la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) tras la imputación del expresidente catalán Carles Puigdemont en el Tribunal Supremo y su sentencia sobre «desviación de poder» por el ascenso de su antecesora, Dolores Delgado. Ahora se suma la Asociación de Fiscales, que critica la filtración de las conversaciones entre la Fiscalía y el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La noticia sobre el presunto fraude del novio de Ayuso a Hacienda saltó el pasado martes, cuando eldiario.es publicó que la Fiscalía había interpuesto una denuncia contra Alberto González por defraudar presuntamente a la Agencia Tributaria más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla «para evitar pagar impuestos de sus negocios millonarios en la pandemia».
La mayoritaria Asociación de Fiscales defendió este viernes en un comunicado el deber de confidencialidad que afecta al derecho de defensa, después de que El Mundo revelara que García Ortiz habría ordenado difundir una nota de prensa que desvelaba conversaciones secretas entre la Fiscalía y el abogado del novio de Ayuso. Su defensa admitía los delitos tributarios que la presidenta madrileña negó en público y ofrecía un pacto al Ministerio Público.
Ayuso lo niega
«De haberse producido la filtración por algún miembro de la Fiscalía se habría vulnerado de forma grave, como mínimo, la ética que debe presidir su actuación», subraya la Asociación de Fiscales. La organización considera que lo sucedido puede vulnerar «con indeseadas filtraciones» las negociaciones en la búsqueda de una conformidad de las partes. Eso «daña gravemente el prestigio» de la institución, por lo que pide su «inmediata dimisión». La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que perteneció García Ortiz, sostiene que no divulgó ninguna información reservada y que actuó con «absoluta imparcialidad».
Esta no es la única polémica que protagoniza desde que fue nombrado fiscal general en julio de 2022 en sustitución de Delgado. Buena parte de la carrera considera que no es la persona idónea para el cargo, a pesar de que el Gobierno le renovó en diciembre. Especialmente tras una sentencia del Supremo que le acusaba de «desviación de poder» por promocionar a la máxima categoría de la carrera fiscal a su antecesora. El nombramiento de la exministra socialista como fiscal de Sala de Memoria Democrática en junio también está bajo sospecha.
El alto tribunal debe pronunciarse aún sobre este último nombramiento. Buena parte de la carrera fiscal sostiene que otro revolcón podría tumbar a García Ortiz. APIF ya recurrió en febrero ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo su designación al considerar que había dejado de ser un jurista de reconocido prestigio. Entre los motivos que alega se encuentra su decisión de «privar» al Consejo Fiscal, órgano consultivo, la posibilidad de pronunciarse sobre el informe que le había pedido el Senado sobre la ley de amnistía.
Otra de las causas que pesó en su reclamación fue el informe que remitió el Ministerio Público al Supremo sobre Puigdemont, en el que no se encontraban indicios para investigarle por terrorismo. El documento se posicionaba en contra del criterio de la mayoría de la Junta de fiscales, que consideró que se debía investigar al expresidente catalán por ese delito en la causa de Tsunami. El fiscal encargado, Álvaro Redondo, solo apreció meros desórdenes públicos.
El informe de Puigdemont
Las discrepancias entre los jefes de la Junta de fiscales motivó que el caso pasara a menos de la número dos de García Ortiz, que emitió un nuevo informe en la línea de Redondo. María Ángeles Sánchez Conde no encontró indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo, pero solo unos días más tarde la Sala de lo Penal decidió abrir una causa contra el expresidente de Cataluña.
APIF exigió entonces la dimisión del fiscal general porque su postura «desprestigia» a la institución. «Ningún cargo, en un sistema democrático, puede mantenerse en el ejercicio de su función cuando, en un asunto tan relevante, queda totalmente desautorizado por la máxima autoridad jurisdiccional de un país, y no es esta la primera vez, ni la más grave, que eso ocurre», insistía la organización que preside Miguel Pallarés.
El nombramiento del fiscal general del Estado es discrecional, es decir, el Gobierno puede designar a un candidato que cumpla los requisitos a pesar de que otros órganos consideren que hay personas más cualificadas. Para convertirse en jefe del Ministerio Público solo se exigen dos requisitos: que se trate de un profesional de reconocido prestigio y que tenga más de 15 años de experiencia.
García Ortiz salvó el escollo en ambos procesos, aunque en el último recibió la calificación de inidoneidad para el cargo por parte del Consejo General del Poder General (CGPJ). Era la primera vez en su historia que el órgano de gobierno de los jueces declaraba que un candidato no era el idóneo para el puesto. En esa decisión pesó que el Supremo le había condenado por incurrir en noviembre por «desviación de poder» en el nombramiento de Delgado, su antecesora en el cargo y de quien llegó a ser número dos.
El novio de Ayuso no se ha pronunciado sobre la supuesta filtración de las comunicaciones entre la Fiscalía y su abogado. En cambio, ha anunciado que se querellará contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por revelación de secretos. La dirigente socialista exigió explicaciones a la presidenta madrileña el miércoles, cuando presuntamente habría revelado un detalle que aún no se había publicado. Ella lo niega.
