La ley de amnistía aboca a un nuevo cisma en el CGPJ: «No hay posibilidad de consenso»
La mayoría conservadora del órgano de gobierno de los jueces avalará el informe que defiende su inconstitucionalidad
Carles Puigdemont y Pedro Sánchez. | Ilustración de Alejandra Svriz
La ley de amnistía amenaza con generar un nuevo cisma en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Pleno se reúne este jueves para estudiar dos informes opuestos. El sector conservador hará valer su mayoría para imponer el texto redactado por Wenceslao Olea, que defiende que la norma es inconstitucional. Se ha especulado con la posibilidad de incluir cuestiones del documento elaborado por Mar Cabrejas, que considera que tiene encaje en la Carta Magna. Los vocales conservadores niegan cualquier consenso porque ambas posturas «parten de posiciones muy alejadas».
El CGPJ designó el 13 de diciembre al conservador Olea y a la progresista Cabrejas como ponentes de la propuesta de informe a la ley de amnistía que solicitó el Senado. Ambos vocales trasladaron las conclusiones a sus compañeros la semana pasada. Un escenario sin precedentes: aunque ya se habían designado dos ponentes en otras ocasiones, es la primera vez que se presentan dos informes distintos. Otras veces, ante la falta de acuerdo, se optó por encargar la tarea a un tercero.
El órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó hace cinco años, está compuesto por 16 vocales. Cinco menos de los que lo conformaban inicialmente. Las bajas se deben a cuestiones diversas, ya que hubo una defunción y varias dimisiones con la intención de presionar para su renovación, que los grandes partidos ya abordan en Bruselas con la mediación del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
La posición del CGPJ
La mayoría de los miembros del CGPJ pertenecen al sector conservador (nueve y el presidente interino Vicente Guilarte), por lo que todo indica que el informe que reprueba la amnistía será el más votado, aunque no es vinculante. Para que salga adelante es necesaria una mayoría absoluta, así que basta con que esos nueve vocales voten a favor del texto de Olea. No está clara la postura de Guilarte, que podría abstenerse para mostrar un perfil institucional.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que el documento definitivo incluya algunos puntos de la ponencia de Cabrejas. El sector progresista, formado por seis vocales, no lo vería con malos ojos. Es consciente de su minoría y de que el otro texto goza de apoyos suficientes para salir adelante. Aunque son informes opuestos, ambos advierten de la indeterminación temporal de la ley de amnistía y de las dudas que genera la cuestión del delito de terrorismo.
«Veo muy difícil, casi imposible, que haya consenso. Partimos de principios de base muy distintos, postulados muy lejanos», explica a este diario un vocal del CGPJ. Otro miembro del órgano de gobierno de los jueces insiste en esa dirección al afirmar que ambas sensibilidades parten de «postulados distintos», por lo que es complicado encontrar puntos de encuentros.
Los vocales consultados reconocen que, en otras ocasiones, se han aprobado informes por unanimidad, como el pasado diciembre, cuando el CGPJ se pronunció sin fisuras contra las comisiones por lawfare a las que los socios independentistas del Gobierno pretendían llamar a los jueces.
«No significa ruptura»
«Si no se acepta lo básico, que la ley de amnistía es inconstitucional, es imposible llegar a un consenso. No es una cuestión de detalles», insiste otro miembro del CGPJ. En su lugar, a algunos vocales del órgano de gobierno de los jueces se les ha olvidado que su función es deliberar. No obstante, afirma que votar por separado «no significa ruptura, sino diversidad».
Olea y Cabrejas trasladaron hace una semana sus propuestas de informe al resto de los miembros del CGPJ. El Pleno lo abordará en una sesión ordinaria este jueves, justo un día antes de que finalice el plazo impuesto por la Mesa del Senado, que ya había sido ampliado. Dos días después de conocerse los documentos, el Congreso votó la ley de amnistía, que ahora se debe tramitar en la Cámara Alta, donde el PP tienen la intención de demorarla dos meses.
El texto redactado por Olea señala que la proposición de ley no justifica su adecuación a los valores, principios y condiciones de la Constitución. El vocal defiende que ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Además, sostiene que la norma socava el derecho a la igualdad.
Olea tampoco ve admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución, como ocurre con los indultos particulares acordados por el Ejecutivo. En su opinión, la ley de amnistía también vulnera el principio de separación de poderes.
Fin legítimo
La propuesta de Cabrejas sostiene que «el silencio constitucional respecto de la amnistía no significa que exista un vacío jurídico». La vocal progresista defiende que la norma no supone una intromisión en la actuación de los jueces, pues, como toda ley, presupone necesariamente su aplicación por los tribunales en el ejercicio de la función jurisdiccional.
En su opinión, la constitucionalidad de la ley de amnistía pasa por acreditar que se persigue un fin legítimo que justifica de forma objetiva y razonable la diferencia de trato dispensada a las conductas delictivas amnistiadas respecto de aquellas otras que no lo son. Verificada la existencia de ese fin, su concreta regulación debe superar un juicio de proporcionalidad.
Cabrejas indica que la formulación de estos juicios excede de la función consultiva del CGPJ, ya que el control de constitucionalidad tiene por objeto leyes ya publicadas y es competencia exclusiva del Constitucional. No obstante, ambas propuestas ven inconcreciones en la ley. Concretamente, en lo relativo a su objeto con fórmulas «excesivamente abiertas e indeterminadas», al espacio temporal de los actos amnistiados, que se adelantó al 1 de noviembre de 2011, y a los actos que puede ser calificados como terrorismo.
