Piden al Gobierno que inhabilite a Pedro Rocha por excederse de sus competencias en la RFEF
La Federación apartó de sus funciones a los directores relacionados con la causa que motivó los registros policiales
Pedro Rocha posa con Pedro Sánchez durante una recepción a la Selección Femenina en febrero. | Eduardo Parra (Europa Press)
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no gana para disgustos. El abogado que destapó el caso Rubiales señala ahora al presidente de la Comisión Gestora, Pedro Rocha, por «excederse» de sus competencias al apartar de sus funciones a dos empleados y rescindir el contrato del asesor jurídico externo, todos ellos detenidos el pasado miércoles durante una operación de la Guardia Civil. Miguel Ángel Galán ha solicitado al Gobierno que eleve su denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para inhabilitar a Rocha durante un año por falta «muy grave», lo que le impediría presentarse a las elecciones.
La RFEF tomó el pasado jueves una decisión salomónica. Horas después de finalizar el registro de la Guardia Civil rescindió el contrato con el despacho GC Legal, dirigido por Tomás González Cueto, asesor jurídico externo en la etapa de Luis Rubiales, y abrió un expediente sancionador al director de los Servicios Jurídicos, Pedro González Segura, y al director de Recursos Humanos, José Javier Jiménez. Fuentes del ente federativo explican a THE OBJECTIVE que han sido apartados temporalmente de sus funciones, respetando así la presunción de inocencia.
En el escrito al que ha tenido acceso este diario, Galán solicita al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, que traslade su denuncia al TAD. Incluso le deja un recado al recordarle que tiene «el imperativo legal» de «no actuar de cortafuegos de Rocha» porque lo contrario podría suponer un delito de prevaricación administrativa por omisión.
El interino Rocha
Galán pide inhabilitar a Rocha durante un año por una infracción muy grave recogida en el artículo 76.2a de la Ley del Deporte de 1990. Dicho precepto otorga esa calificación a los abusos de autoridad, como el que a su entender ha cometido el presidente de la Comisión Gestora del RFEF al apartar a dos empleados y rescindir el contrato al asesor jurídico externo.
El abogado que destapó el caso Rubiales recuerda que el TAD ya emitió el pasado 7 de marzo una resolución que afirma que el presidente de la Comisión Gestora carece de competencias para ciertas actuaciones y que podría haber incumplido diferentes normativas. El tribunal deportivo reconoció entonces que «el carácter excepcional e interino» del órgano obligaba a «una interpretación restrictiva» de las funciones de Rocha.
«Rocha, sin legitimidad para ello, realiza una vez más diferentes actuaciones por las que carece de competencia (…). Estas nuevas actuaciones de Rocha sin tener competencias para ello y sin ser presidente de la RFEF no debe entenderse como gestión federativa ordinaria ausente de todo tipo de valoraciones (…) supuso entrar en juicios políticos estableciendo nuevas orientaciones directivas condicionando, comprometiendo e impidiendo para las que deba fijar el futuro nuevo presidente», afirma la última denuncia.
Galán considera que la decisión de apartar a los empleados de la RFEF atañe «única y exclusivamente» a Rocha. En su opinión, esa forma de actuar no supondría una infracción muy grave si el dirigente extremeño fuese presidente del órgano rector del fútbol español, pero en estos momentos «solo es presidente de una Comisión Gestora» y, por tanto, tendría sus funciones limitadas, según avaló el TAD en su resolución del 7 de marzo.
Competencias limitadas
Fuentes del órgano federativo reconocen que el presidente de la Comisión Gestora tiene las competencias limitadas, pero que Rocha puede realizar movimientos concretos, especialmente si atañen a la limpieza del órgano. «Los empleados están suspendidos de sus funciones temporalmente, respetando el principio de inocencia hasta que se resuelva el proceso judicial», insisten.
La querella que originó los registros partió de Galán, que el 30 de mayo de 2022 denunció los contratos de la RFEF para llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda lleva meses solicitándolos. La negativa de los servicios jurídicos le hizo activar la operación del pasado miércoles. El querellante también ha solicitado a la magistrada que tome declaración a Rocha, a su directora de gabinete y al ex secretario general Andreu Camps para determinar su responsabilidad.
En su última denuncia, Galán acusa a Rocha «de entrar en juicios políticos» porque con sus decisiones estaría comprometiendo al futuro presidente. También le afea que no haya cumplido con el artículo 31.8 (de los Estatutos) «convocando elecciones previas a la presidencia para sustituir al dimitido Rubiales». Desde la RFEF consideran que su comportamiento es contradictorio, ya que se presenta como «adalid de la corrupción» y, a continuación, pone en cuestión las decisiones para impedirla.
Los registros y las detenciones efectuadas por la Guardia Civil impidieron a la Comisión Gestora reunirse el pasado miércoles, cuando tenía previsto convocar elecciones a la presidencia de la RFEF. El proceso quedó anulado sine die, aunque la intención es retomarlo lo antes posible porque la falta de esa figura pone en un brete los patrocinios y las decisiones respecto a la candidatura mundialista de 2030, ya que Rocha tiene funciones limitadas.
El empresario extremeño asumió la presidencia interina de la RFEF en octubre del año pasado, tras la dimisión de Rubiales por el polémico beso a Jenni Hermoso. Hasta entonces había sido su responsable económico y el único vicepresidente que no destituyó la noche previa a la Asamblea Extraordinaria de agosto en la que presumiblemente iba a dimitir. Desde entonces ha mantenido una tensa disputa con Galán por la fecha de las elecciones. El abogado defendía que los comicios debían realizarse de forma inmediata e incluso elevó el asunto al CSD.
