Una asociación de fiscales denuncia ante el Supremo la falta de idoneidad de García Ortiz
APIF sostiene su acusación en «la reiterada sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves»
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. | Europa Press
Nuevo frente para Álvaro García Ortiz. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha interpuesto una demanda en el Tribunal Supremo contra su nombramiento como fiscal general del Estado. Según el texto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE carece de la idoneidad requerida para asumir el cargo. La organización que preside Miguel Pallarés sostiene su acusación en «la reiterada sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves en el desempeño de las obligaciones derivadas del cargo». El Consejo General del Poder General (CGPJ) ya censuró su designación a finales de noviembre.
Una de las cuestiones que ha pesado en la denuncia de APIF es la sentencia del Supremo que calificó como «desviación de poder» el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal jefe de la Sala de lo Militar. La decisión supuso el ascenso de su antecesora a la máxima categoría del Ministerio Fiscal, una designación que acabó anulando el alto tribunal. Apenas un mes más tarde, García Ortiz fue renovado en el cargo por el Gobierno.
«Ello bastaría para justificar la no renovación en un cargo cumbre y fundamental en un Estado de derecho, pero es que además, no se ha tratado, ni mucho menos de un hecho aislado, tal como recoge el informe contrario a su idoneidad que emitió el CGPJ, por vez primera en democracia», insiste APIF.
Pendientes del Supremo
La asociación recuerda que hay otro nombramiento de Delgado pendiente en el Supremo, el de fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática. El asunto ha sido recurrido y solo falta que se conozca la sentencia. En opinión de APIF, un fallo similar al que dictó el alto tribunal en noviembre significaría un golpe definitivo para García Ortiz. A esta cuestión se añade otra querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra unos fiscales que podrían haber revelado datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso «por instrucción del propio fiscal general».
APIF también reprocha la «línea abiertamente progubernamental» de García Ortiz. La asociación alude a «incidentes como expedientes disciplinarios a fiscales por hechos neutros jurídicamente, quejas de fiscales por sus silencios ante ataques abiertos a jueces y fiscales (incluso en sede parlamentaria), negativas a permitir que el Consejo Fiscal se pronuncie en cuestiones de índole profesional y absolutamente imprescindible para el desarrollo de la Fiscalía, la necesidad de un presupuesto independiente del Ministerio de Justicia, o sobre las investigaciones pretendidas de jueces y fiscales en sede parlamentaria».
La organización que preside Pallarés ya ha pedido la dimisión de García Ortiz en dos ocasiones. La primera, a principios de febrero, cuando interpuso un recurso contra su nombramiento ante la Sala Tercera del Supremo al considerar que no era la persona idónea para el cargo. Solo un mes más tarde, APIF volvió a solicitar su marcha después de que el alto tribunal decidiera investigar al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont por terrorismo en contra de la opinión de la Fiscalía.
De hecho, APIF sostiene que el caso adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta que la Junta de fiscales del Supremo abogó mayoritariamente por investigar a Puigdemont. La línea que defendía el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que envió al alto tribunal una exposición razonada en noviembre. «No solo fundamenta su resolución en jurisprudencia, (…) además, cita la Memoria de la Fiscalía de 2020», insistió entonces la asociación.
