Vox denuncia a Marlaska y al fiscal general por excluir a Otegi de dos asesinatos de ETA

Vox quiere esclarecer por qué ha desaparecido el nombre de Arnaldo Otegi en dos informes de la Guardia Civil. La formación ha denunciado a la Fiscalía la omisión a pesar de que varios miembros de ETA declararon que el actual coordinador de Bildu les mandó asesinar a Juan de Dios Doval y a Luis María Hergueta. Como adelantó este diario, el Gobierno habría ordenado que no apareciera en los documentos definitivos, aunque conste en sus anexos. Los de Santiago Abascal solicitan al Ministerio Público que llame a declarar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La denuncia de Vox pide a la Fiscalía que, además de Marlaska y García Ortiz, cite a la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, órgano que ha archivado ambas causas. El texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, afirma que Marta Durántez aparece en las publicaciones como responsable jerárquica de ambos expedientes, algo que descartan desde su entorno. Asociaciones de guardias civiles también han rechazado que los agentes modificaran los documentos y apuntan a instancias superiores.

El escrito, firmado por la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, demanda a la Fiscalía los expedientes completos sobre los que ha trabajado la Guardia Civil y sus modificaciones. También solicita las diligencias de aprobación del informe definitivo y las instrucciones que se hubiesen emitido. Otra de las peticiones que realiza es que se inicie un expediente disciplinario interno para averiguar el motivo de la omisión del nombre de Otegi en los documentos.

Investigar a Otegi

«Las manipulaciones de los informes lleva a invisibilizar con la falta de mención expresa a Otegi como miembro dirigente de la organización terrorista ETA que estuvo implicado, al menos, en 10 delitos de terrorismo, nueve secuestros y un asesinato, favoreciéndole. De la misma forma, los cambios en los informes, los retrasos y la decisión de no prorrogar la instrucción provocó el archivo del procedimiento por el secuestro de Hergueta», insiste la denuncia.

Los de Abascal consideran que quienes han decidido y emitido instrucciones para la modificación de los informes para provocar su retraso o no prorrogar la instrucción «ha interferido de forma definitiva en las investigaciones, ha manipulado y alterado pruebas esenciales y ha modificado las circunstancias procesales para que resultaran favorecidos los asesinos y terroristas que estaban siendo investigados y que formaban parte de la cúpula de ETA». Entre ellos, Otegi, que militó en la banda entre los años setenta y ochenta.

Vox reconoce que esas decisiones debieron de adoptarse en los núcleos de poder tanto del Ministerio Público como de la Benemérita, «motivo por el que se deberá investigar las instrucciones jerárquicas recibidas respectos a estos informes así como las emitidas por quién y en qué momento, tanto desde la Fiscalía como desde la Guardia Civil».

El texto rechaza «la utilización de las instituciones para las finalidades espurias que se infieren». La denuncia de Vox asegura que ese uso es «inadmisible» teniendo en cuenta que «tanto la Guardia Civil como el Ministerio Fiscal, bajo dependencia jerárquica conforme establecen sus respectivas organizaciones internas, tienen entre sus más elementales obligaciones el desarrollo de sus funciones con imparcialidad y siempre bajo el respeto a la Constitución y a la normativa legal».

Cooperador necesario

El informe del caso Doval llegó al fiscal Manuel Azcárraga a principios de diciembre, días antes de que abandonara su plaza para marcharse a la Fiscalía Antidroga. El dirigente de UCD fue asesinato el 31 de octubre de 1980 por tres etarras. Dos de ellos fueron juzgados y absueltos. En sus declaraciones policiales señalaron a Otegi como «responsable» de su comando en Francia y, por tanto, su superior directo. La transcripción íntegra aparece en el anexo, pero no en el informe final, algo que ha soliviantado a Vox hasta el punto de pedir la declaración judicial de los máximos dirigentes de la Fiscalía y de la Guardia Civil.

La formación lamenta que en los informes no aparezca el nombre del coordinador de Bildu «a pesar de la importancia de la misma al ser el fundamento para la calificación de su acción como cooperador necesario e incluso autor intelectual». Y continúa: «Esta importancia deriva de las declaraciones de los autores materiales, que señalaron a Otegi como responsable (…) sin embargo, en este informe, de un modo insólito, no se incluye».

El informe se limita a señalar a los superiores de Otegi en la estructura de ETA como los responsables del asesinato del dirigente de UCD. Incluso atribuye la orden directa a su superior inmediato en esos momentos, José Luis Aulestia Urrutia, Zotxa. El de Doval es uno de los más de 300 crímenes de ETA sin resolver, pero no el único caso en el que han desaparecido las alusiones al coordinador de Bildu.

Este diario avanzó que el Gobierno habría ordenado al general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC), Valentín Díaz Blanco, que eliminara las referencias a Otegi en un informe en el que se le vincula con el asesinato de un directivo de la fábrica de Michelin en Vitoria, Luis María Hergueta. Tres jóvenes acabaron con su vida el 25 de junio de 1980 cuando regresaba a casa para almorzar.

Secuestro de Abaitua

ETA reivindicó al atentado y lo justificó aludiendo a conflictos laborales. Fueron condenados dos trabajadores de su fábrica. José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, fue procesado como posible autor del delito, pero el juez Santiago Pedraz lo anuló al comprobar que en esa fecha el dirigente etarra no formaba parte de ETA político-militar.

Vox denuncia ante la Fiscalía que el informe de Hergueta recoge «similares incidencias» y subraya que dichas modificaciones provocaron su entrega fuera de plazo. La participación de Otegi en su asesinato se remonta al año anterior, cuando habría ayudado a secuestrar al director de Michelin, Luis Abaitua, para conseguir información de Hergueta. El actual coordinador de Bildu fue condenado a seis años de prisión.

Tal y como publicó THE OBJECTIVE, apenas un mes antes de las elecciones generales del pasado 23 de julio, el Gobierno habría ordenado al general Valentín Díaz eliminar las referencias al dirigente abertzale. García Ortiz habría estado al tanto de la investigación secreta porque cada vez que se solicitaba la prórroga de las diligencias su subordinado tenía la obligación de informarle en virtud de una circular aprobada en diciembre de 2022.

«Aunque en los anexos figuraban detalles suficientes para la inclusión de todas las personas que participaron en el procedimiento, la fiscal solicitó el archivo del procedimiento a los pocos días indicando que los hechos objeto de la investigación estarían prescritos», reprocha Vox.

Informe clave

La remisión a la Fiscalía del texto se demoró debido a que los investigadores estaban realizando modificaciones. El documento definitivo llegó a finales de enero, cuando ya había vencido el plazo para ampliar las diligencias, algo que pone en boga la formación que preside Abascal. Según la información que posee este diario, García Ortiz habría rechazado prorrogar la investigación a pesar de que el fiscal le advirtió de que faltaba un informe clave.

La Fiscalía archivó en enero las investigaciones contra Otegi al entender que estaban prescritas o juzgadas. La Asociación Dignidad y Justicia presentó meses antes una denuncia tras una publicación de El Mundo que le incriminaban en diversas acciones terroristas entre 1978 y 1983. Hasta entonces, el dirigente abertzale había sido vinculado con tres secuestros, los de los políticos de UCD Gabriel Cisneros y Javier Rupérez y el de Abaitua, el único por el que fue condenado.