La Audiencia de Sevilla envía a Bolaños los indultos de Griñán y otros penados por los ERE

Cuenta atrás para indultar a los condenados por el caso ERE. La Audiencia Provincial de Sevilla ha remitido al Ministerio de Justicia el expediente del expresidente de Andalucía José Antonio Griñán y de otros siete condenados por el presunto fraude financiado con fondos regionales que habían solicitado la medida de gracia. El contenido de los informes no ha trascendido. Ni siquiera han sido notificados a la Fiscalía ni a las partes. Ahora corresponde al departamento que dirige Félix Bolaños adoptar una decisión.

Griñán, de 77 años, fue condenado por la Audiencia de Sevilla a seis años de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos en noviembre de 2019 por su implicación en el caso ERE. El Tribunal Supremo ratificó la sanción en julio de 2022. El expresidente andaluz reveló meses más tarde que padecía un cáncer de próstata diagnosticado «de alto riesgo», lo que le impedía tratarse en la cárcel. Es el único condenado que no ha ingresado en prisión, ya que el tribunal sancionador decidió en junio suspender la pena durante cinco años.

El expresidente andaluz y otros siete condenados solicitaron el indulto, al que se opone de manera contundente la Fiscalía. El Ministerio Público advierte de que «la corrupción política administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un Estado democrático de derecho, en el que han de prevalecer principios como la igualdad ante la ley, el control del poder público, la imparcialidad y la corrección en la actuación administrativa».

La salud de Griñán

Además de Griñán, han solicitado la medida los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández, condenado a siete años y 11 meses de prisión, y Agustín Barberá (siete años y un día); los exconsejeros de Innovación Francisco Vallejo (siete años y un día) y Jesús María Rodríguez Román (seis años); la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo (seis años y dos días); el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano (seis años y seis meses); y el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años, aunque goza de un tercer grado por motivos de salud.

Griñán solicitó la medida de gracias después de que el Supremo ratificara la sentencia en julio de 2022. Era un requisito necesario para comenzar los trámites. El Gobierno reconoció el pasado octubre que tramitaba el indulto para el exdirigente socialista y otros ocho condenados por el caso ERE, pero advirtió de que hacerlo no significaba que se fuese a conceder, ya que era el trámite habitual. El departamento que entonces lideraba Pilar Llop dirigió nueve oficios a la Audiencia de Sevilla para solicitarle un informe sobre la petición.

La ley de 18 de junio de 1870 reconoce el indulto como un derecho de gracia que tienen todos los reos en España tras ser condenados por sentencia firme, siempre que no sean reincidentes en el mismo delito. Puede solicitarlo cualquier persona. Lo concede el Rey a petición del Ministerio de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. La medida es individualizada, no implica la desaparición del delito y es discrecional, por lo que no tiene que estar motivada.

El artículo 25 de la ley de indulto establece que el tribunal sancionador debe concluir si es conveniente. Lo hace constar a través de un informe, como el que ha enviado la Audiencia Provincial a Justicia. El documento debe incluir los datos del condenado, sus méritos y antecedentes y si cumplió la pena. Además, debe añadir las circunstancias agravantes o atenuantes, el tiempo de prisión preventiva y, especialmente, las pruebas o indicios de su arrepentimiento, si hay o no parte ofendida, si la medida perjudica a un tercero y si resarció a la parte perjudicada.

La pelota está ahora en el tejado del departamento que dirige Bolaños. Los antecedentes para Griñán y los otros siete condenados por el caso ERE son poco halagüeños. En 2021, último año con datos, el Gobierno solo aceptó la medida de gracia en el 1,3% de los expedientes que tramitó. Durante ese ejercicio se concedieron 46 indultos (29 hombres y 17 mujeres), un porcentaje ínfimo para un sistema penitenciario que cuenta con casi 50.000 presos.