La Fiscalía de Valladolid encubrió la alteración del audio que salpica a un alto cargo de Justicia

La Audiencia Provincial y la Fiscalía de Valladolid obviaron en una sentencia y un informe, respectivamente, la presunta manipulación del audio por el que una juez de Madrid investiga ahora a un director general del Ministerio de Justicia que trabaja como subordinado directo de Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes y actual número tres de Félix Bolaños en el departamento que antes dirigía Pilar Llop.

Los hechos se remontan al 23 de marzo de 2022. Ese día, y en el marco del juicio por divorcio de sus padres, el pequeño N. fue explorado en presencia del titular del Juzgado número 1 de violencia contra la mujer, el magistrado Emilio Vega, y de un funcionario judicial no identificado en la sentencia de primera instancia. El resto de comparecientes y testigos en la vista recibieron órdenes de salir de la sala para que el menor no se sintiera coaccionado al dar su declaración. El vídeo de la grabación, según documentos jurídicos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, demuestra que el testimonio del menor resulta del todo inaudible desde el momento en que se produjo su declaración. Solo el juez y un funcionario cuya identidad nunca ha sido aclarada pudieron escuchar al menor, en cuyo testimonio (completamente inaudible en la grabación) se basó el magistrado Vega para dar la custodia a la madre del pequeño.

A pesar de esto último y de que el audio fue presuntamente alterado mediante la introducción de un «ruido rosa» el mismo día en los servidores del Ministerio, según un informe pericial incorporado a la denuncia por la que el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid ha citado ahora a declarar como imputado al Director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, la fiscal jefe de Valladolid emitió un informe en mayo de 2022 en el que se oponía a admitir una evaluación psicológica solicitada por el padre. El progenitor pretendía demostrar que sus tres hijos habían sufrido un deterioro importante en su salud por el trato que recibían de la madre desde que ambos se separaron. Cree que la declaración de su hijo durante el juicio, inaudible del todo, habría avalado esa versión.

Fiscalía de Valladolid

Sin embargo, la máxima representante del Ministerio Público en Valladolid, Soledad Martín Nájera, que no estuvo presente en el interrogatorio del menor, se opuso a la admisión de esta prueba al considerar que el pequeño «verbalizó claramente» en su declaración que no existía el deterioro psicológico alegado por el padre. En el documento no se hace alusión alguna a la presunta manipulación del audio denunciada por el progenitor. Se da la circunstancia de que quien firmaba aquel informe del Ministerio Público es la jefa directa de Manuel Javato, fiscal de Valladolid que coordinó inicialmente el procedimiento de divorcio en cuestión, cuñado de Óscar Puente y marido de la hermana del ministro, Sofía Puente, fiscal en comisión de servicios y número tres en el Ministerio de Justicia desde que Bolaños asumió esa cartera de manos de Pilar Llop en noviembre.

En la misma línea, y pese a no haber estado tampoco presentes en la exploración del menor ni haber podido escuchar el testimonio del pequeño por haber sido alterado el audio con su declaración, los tres jueces que componen la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid dictaron una sentencia posterior, el 18 de diciembre de 2023, en la que rechazaron el recurso de apelación presentado por el padre. Los magistrados confirmaron la custodia en favor de la madre y volvieron a dar por buena la supuesta declaración del menor pese a resultar inaudible la grabación y no poder contrastar si lo afirmado por el juez de primera instancia Emilio Vega -también decano de los juzgados de Valladolid- y la fiscal jefe de esa provincia.

Audiencia Provincial

«La exploración judicial llevada a cabo por el juzgador de instancia pone de relieve el malestar y desasosiego de N. y de sus hermanas al llevarlos el apelante a dos sesiones psicológicas sin que se haya justificado debidamente su necesidad, una vez que los menores habían sido entrevistados y evaluados por el equipo psicosocial que son profesionales expertos en exploraciones psicológicas relacionadas con las crisis familiares», indica la sentencia con la que los jueces de la Sección Primera de la Audiencia Provincial dieron por buena la actuación del entonces juez decano de Valladolid, pese a que el audio de la declaración del menor, el mayor de los tres hermanos, no pudo ser escuchado jamás por otras personas distintas.

«Las conclusiones del juzgador, que obtiene tras la exploración de N., son coincidentes con las del equipo psicosocial, por lo que se trata de un dato más que corrobora la acertada valoración de la prueba llevada a cabo», añaden los magistrados, contra quienes el padre de los niños presentó una querella por presunta prevaricación que fue inadmitida. El progenitor, abogado de profesión, alegaba que esos magistrados de la Audiencia Provincial y el juez Vega (decano de Valladolid en aquellos momentos) eran activistas políticos y amigos personales desde hace quince años. Una querella por prevaricación que, además de ser inadmitida, ha acabado suponiendo una multa de 6.000 euros contra el padre por supuesta mala fe procesal.

La actuación de la Audiencia Provincial y de la fiscal jefe de Valladolid en este caso cobra relevancia en la actualidad y queda en entredicho ahora por la apertura de una investigación en el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid. Como adelantó este diario, la juez Susana Trujillano, a diferencia de sus compañeros de los juzgados de Valladolid, sí ha apreciado indicios de delito en la presunta alteración del audio con la declaración del menor durante el juicio de divorcio de sus padres.

Investigan a un alto cargo

Además de abrir diligencias de investigación y de citar a declarar como imputado al director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, la magistrada de Madrid va a tomar declaración a los peritos del Laboratorio de Informática Forense Europeo, quienes elaboraron el informe pericial en el que se acredita que la exploración del menor fue alterada mediante la introducción de un «ruido rosa que no formaba parte del entorno natural». Según los expertos, la grabación habría sido alterada directamente en los servidores del Ministerio de Justicia, en Madrid, donde se almacenan y graban las vistas judiciales celebradas en más 600 salas de distintas comunidades autónomas y provincias distintas de España, entre ellas los juzgados de Valladolid.

El padre puso una denuncia contra la Dirección General de Transformación Digital de Administración de Justicia, con sede en Madrid, «al entender que es la responsable de custodiar grabaciones de audio y vídeo que se celebran en vistas de los Juzgados y que es donde se pudiera haber realizado la manipulación de la grabación de la exploración del menor». El alto cargo del Gobierno ahora investigado por estos hechos se encuentra bajo las órdenes directas de Sofía Puente, número tres en el departamento de Justicia desde noviembre pasado, cuando Félix Bolaños asumió las competencias del ministerio antes dirigido por Pilar Llop. Desde que Bolaños promoviera su ascenso a secretaria general Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, la hermana de Óscar Puente es la superior jerárquica del alto cargo al que la juez de Madrid ha acordado investigar.

Se da la circunstancia de que el juez decano de Valladolid (quien decidió dar la custodia de los hijos del denunciante a la expareja de este en el juicio por divorcio), así­ como el propio Óscar Puente, su hermana y el fiscal Javato, marido de esta última, además de otros funcionarios de Justicia, denunciaron a ese padre por haber compartido en su cuenta de X (antes Twitter) supuestas noticias falsas de varios medios de comunicación digitales en las que se relataba la supuesta relación de amistad entre el entonces alcalde de Valladolid con varios jueces y fiscales de esa ciudad y la supuesta existencia de cuentas bancarias en el extranjero de todos ellos. 

El ministro Puente, que niega ambas cuestiones, admitió recientemente haber informado a su hermana del contenido de esa investigación por presuntas injurias contra ese abogado y padre de tres hijos, además de contra los responsables dos medios de comunicación digitales que publicaron esas supuestas noticias falsas, pese a que las actuaciones se encontraban bajo secreto de sumario en aquel momento.