Un condenado por los ERE deja su puesto en la Junta de Andalucía antes de entrar en prisión

Miguel Ángel Serrano Aguilar fue condenado a seis años de cárcel en 2019 por su participación en el caso ERE, pero ha mantenido su alto cargo en la Junta de Andalucía hasta hace unos meses, cuando pidió jubilarse. Semanas más tarde, el pasado lunes, ingresó en prisión. Llegó a la Administración regional hace dos décadas gracias a los socialistas, pero el Gobierno de Juan Manuel Moreno lo mantenía a pesar de la sanción. Fuentes sindicales indican a THE OBJECTIVE que disfrutaba de un contrato blindado que impedía su despido.

Seis de los ocho sentenciados por el caso ERE están ya en prisión. Los otros dos, entre ellos José Antonio Griñán, han esgrimido padecer una grave enfermedad para demorar los plazos. Serrano ingresó el lunes por la tarde en la cárcel de Sevilla I. Lo hizo acompañado por sus familiares y otros dos condenados, Francisco Vallejo y Jesús Rodríguez Román, que eligieron el mismo centro para cumplir sus penas.

Los tres ocuparon puestos prominentes en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de donde partieron las ayudas fraudulentas. Serrano lideró un organismo dependiente, pero vital para la concesión de las subvenciones, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Lo hizo entre 2004 y 2008. Desde ese año a octubre de 2011 dirigió otro ente público. Luego volvió a la agencia, donde desempeñó cargos relevantes.

Corrupción en Andalucía

Serrano, que ha solicitado el indulto, fue condenado en 2019 por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años de cárcel y 17 de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. El fallo no impidió que continuara trabajando en IDEA, donde desempeñaba el cargo de jefe de unidad de Incentivos Europeos. El Gobierno de Moreno argumentó que seguiría en el cargo hasta que existiera fallo firme del Supremo. Sucedió en julio, aunque la sentencia completa se publicó en septiembre.

Esta confirmó la pena inicial, pero la Junta de Andalucía siguió sin tomar una determinación sobre el condenado. Adujo que aún no había recibido notificación oficial de la sentencia. Tuvo que ser el propio Serrano el que pusiera fin a su vinculación con la Administración regional al pedir su jubilación. Lo hizo antes de que llegara la notificación de ingreso en prisión, confirman a este diario fuentes gubernamentales.

Los sindicatos consultados sostienen que ese escenario se ha producido porque Serrano disfrutaba de un contrato blindado que impedía su despido so pena de una indemnización económica considerable. Un extremo que no confirma la Junta de Andalucía. La Consejería de Economía precisó en septiembre a THE OBJECTIVE que el cargo que ocupaba era el de jefe de unidad, equivalente a jefe de servicio, por lo que tenía una relación laboral y no era directivo ni cargo público.

Serrano llegó a la Junta de Andalucía en 1989 gracias al PSOE para desempeñar en Granada el puesto de gerente provincial del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, reconvertido en IDEA). Estuvo ahí hasta 2000. Luego encadenó una serie de responsabilidades en la agencia, incluso llegó a dirigirla entre 2004 y 2008. Tras pasar por varios departamentos de la Administración andaluza, fue nombrado jefe de unidad de IDEA en 2011.

Sin empleados a sus órdenes

Ha mantenido ese puesto más de una década, admiten fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, en la que se inserta el ente, que en las próximas fechas se integrará en una nueva agencia. En la legislatura anterior, durante el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, IDEA formaba parte de la Consejería de Transformación Económica e Industria, cuota de la formación naranja.

El consejero del ramo, Rogelio Velasco, explicó que Serrano estaba trabajando como personal laboral y que no ocupaba ningún puesto de responsabilidad. De hecho, no tenía ningún empleado a sus órdenes. Como recurrió la condena ante el Supremo, Velasco avanzó que no habría una decisión sobre él hasta que el alto tribunal se pronunciara de manera firme. Nunca la hubo.

Los sindicatos afirman que no se tomaron medidas porque Serrano tenía un contrato blindado. «Lo último que querría la Junta de Andalucía sería premiarlo con una buena indemnización después de haber sido inculpado en el caso ERE», sospecha un dirigente sindical. Sostiene que la fórmula podrían disfrutarla otros trabajadores que permanecen en la Administración regional desde la etapa anterior.

En la pasada legislatura se realizó un informe que constató que la administración paralela estaba formada por 92 entidades en las que trabajaban casi 30.000 personas. Tras la sentencia del Supremo, la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, afirmó desconocer la situación de Serrano. Lo mismo que aseguró Elías Bendodo cuando era consejero de Interior y Administraciones Públicas en la pasada legislatura.

La intención de Juanma Moreno es extinguir IDEA, uno de los epicentros de la corrupción de los ERE. Será uno de los cuatro entes públicos que se fusionen para crear TRADE, la nueva Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico. La ley que la creó entró en vigor el 31 de diciembre tras ser publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), aunque su constitución efectiva no se ha producido aún.