Un juez vinculado a Óscar Puente maniobra para controlar el caso que salpica a su hermana
Un juzgado de Valladolid reclama ahora la causa contra un alto cargo de Sofía Puente en el Ministerio de Justicia
El ministro de Transportes, Óscar Puente. | Efe
La Audiencia Provincial de Valladolid y distintos juzgados de esa ciudad habían rechazado investigar hasta en cuatro ocasiones los mismos hechos. Sin embargo, poco después de que una juez de Madrid decidiese abrir una causa al apreciar indicios de delito, el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid intenta hacerse ahora con las riendas de la investigación contra un alto cargo del Ministerio de Justicia, subordinado directo de Sofía Puente, por manipular presuntamente una prueba clave en un juicio de divorcio. En concreto, el supuesto borrado del audio con la declaración de un menor en un procedimiento judicial que coordinó inicialmente como fiscal el marido de la actual número tres de Félix Bolaños en Justicia y cuñado del ministro de Transportes, Óscar Puente.
Unos días después de que la Audiencia Provincial decretase el «archivo definitivo» en Valladolid de la denuncia interpuesta contra el director general de Transformación Digital de Administración de Justicia, Aitor Cubo, como presunto responsable de la alteración de la prueba en los servidores del Ministerio de Justicia, tal y como reveló THE OBJECTIVE, el juez César Gil ha dictado ahora un nuevo auto, de forma extemporánea, en el que acuerda incoar diligencias por un supuesto delito de falsedad en documento público y obstrucción a la Justicia sobre los mismos hechos que los juzgados y la Audiencia de Valladolid se habían negado a investigar con anterioridad.
Lo llamativo es que se trata, además, del mismo magistrado que investiga por presuntas injurias al querellante –un abogado y padre que lucha por la custodia de sus tres hijos– en una causa paralela que se abrió a raíz de una batería de denuncias presentadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, la hermana y el cuñado de este último, el fiscal Manuel Javato, además del ex juez decano de Valladolid, Emilio Vega, y otros funcionarios judiciales de la ciudad castellano leonesa de la que Puente fue alcalde. Un caso por delito leve de injurias que se abrió con posterioridad a que el padre de tres hijos y abogado, Pablo Martínez, denunciara ante la Guardia Civil de Valladolid el borrado del audio con la grabación de la declaración del menor en el procedimiento de divorcio, que dirimió el entonces titular del Juzgado de Violencia contra la mujer número 1 y decano de los juzgados de Valladolid, Emilio Vega.
Piden mantener el caso en Madrid
«Casualmente, tras la denuncia ante la Guardia Civil, el citado magistrado Emilio Vega presentó su abstención así como anunció que iba a presentar una denuncia contra mi representado por considerar que todo era una ‘invención’ para difamarle, aún conociendo la existencia de una pericial que acreditaba la manipulación y cuando debería ser el propio juez quien promoviera de forma inmediata esa investigación», indican los abogados de Martínez. En un escrito, los letrados piden al juez César Gil que rectifique y suspenda las nuevas diligencias de investigación incoadas, dado que no se puede sustentar el delito de injurias desde el momento en que los hechos se están investigando en unas diligencias previas.
Los abogados de Martínez consideran incomprensible la apertura «fantasma» de estas diligencias previas por dos razones. En primer lugar, debido a que una juez de Madrid ya está investigando los mismos hechos desde el pasado 22 de marzo. Y, por otro lado, porque la propia Audiencia de Valladolid había acordado por esa y otras razones el «archivo definitivo» en esa provincia de la investigación por la manipulación del audio. «Todo parece que el ánimo que tiene es torpedear la investigación y no perder el control», dicen las fuentes jurídicas consultadas.
Los hechos se remontan al 23 de marzo de 2022. Ese día, y en el marco del juicio por divorcio de sus padres, el pequeño N. fue explorado en presencia del titular del Juzgado número 1 de violencia contra la mujer, el magistrado Emilio Vega, de una letrada de la Administración de la Justicia, María José Anocibar, y de un funcionario judicial no identificado en la sentencia de primera instancia. El resto de comparecientes y abogados en la vista recibieron órdenes de salir de la sala para que el menor no se sintiera coaccionado al dar su declaración. El vídeo de la grabación, según un informe pericial aportado a la causa, demuestra que el testimonio del menor resulta del todo inaudible desde el momento en que se produjo su declaración. Solo el juez, la secretaria judicial y un funcionario cuya identidad nunca ha sido aclarada pudieron escuchar al menor, en cuyo testimonio (completamente inaudible en la grabación) se basó el magistrado Vega para meter a los tres hermanos en un punto de encuentro, sin apenas relación con el padre y con la custodia exclusiva para la madre.
El abogado y padre de tres hijos, que ha logrado la imputación en la capital del alto cargo del Ministerio de Justicia y subordinado directo de Sofía Puente –quien trabajaba como fiscal en Valladolid antes de ser nombrada como alto cargo en el Gobierno–, quiere evitar que los juzgados de la ciudad castellano-leonesa se entrometan en la investigación abierta en Madrid y pasen a controlar las pesquisas por la presunta manipulación del audio con la declaración del menor. Como reveló este diario en días previos, la Audiencia Provincial y la Fiscalía de Valladolid se habían opuesto a investigar hasta ahora la presunta manipulación del audio del menor, a pesar de la existencia de un informe pericial que apunta a que la alteración de la grabación se produjo mediante la introducción de un «ruido rosa» en la sede del Ministerio de Justicia, en Madrid, donde se ubican los servidores en los que se almacenan las grabaciones de todas las declaraciones y vistas celebradas en más de 600 juzgados de toda España, entre ellos los de Castilla y León.
Piden cerrar la causa por injurias
En su último escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, que ahora intenta asumir la causa por la presunta manipulación del audio, el abogado Pablo Martínez pide que se archive la causa paralela por injurias abierta en su contra. Una investigación que instruye el mismo juez César Gil y en la que aparecen como presuntos perjudicados –además del magistrado Vega–, el ministro Puente, su hermana (nombrada como número tres en Justicia por Félix Bolaños el pasado mes de noviembre), el marido de esta última y otros funcionarios judiciales de Valladolid. Hasta ahora, los juzgados, la Fiscalía y la Audiencia Provincial vallisoletana se habían negado sistemáticamente a investigar la presunta manipulación del audio.
El giro en los acontecimientos –tras la imputación del alto cargo de Justicia en Madrid y el aparente encubrimiento desvelado por este medio–, también podría cambiar el rumbo de la causa paralela por injurias abierta contra el padre de los tres menores. «Dado que el propio Magistrado Juez Cesar Gil ha dictado un Auto de Incoación cuyo objeto es investigar la manipulación del audio, estando instruyéndose la causa ya en los Juzgados de Madrid (dado que el Juzgado de Valladolid no es competente, como bien conoce su SSª por la información aportada en el Juzgado de Instrucción nº 5) resulta evidente que no se puede seguir sosteniendo que las denuncias sean injuriosas únicamente por el ánimo de perjudicar el buen nombre del Magistrado Juez Sr. Emilio Vega Gonzalez», añade el escrito presentado por la defensa del padre de tres hijos, que también es abogado.
De investigado a víctima
La causa por injurias contra Martínez, considerado como víctima por la juez de Madrid que investiga ahora al alto cargo de Justicia por la manipulación de la prueba en el juicio de divorcio, se abrió en febrero de 2023 en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid tras asumir la fiscal jefe de esa provincia que los hechos denunciados podían ser constitutivos de un delito de injurias contra el magistrado Emilio Vega, quien dirimió la custodia de los tres niños en favor de la madre a pesar de que la declaración del mayor de los pequeños resulta del todo inaudible desde el primer día.
«Posteriormente, la esposa del Magistrado Juez Emilio Vega, la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado (presente en la audición del menor), la señora Anocibar, don Óscar Puente, así como su hermana (doña Sofía Puente) y su cuñado (don Manuel Javato) denunciaron también por injurias, ampliando la denuncia que realizó el magistrado Juez Vega, por motivos diferentes que nada tienen que ver con mi representado, llegando incluso a manifestar que el hecho de que don Óscar Puente tenga críticas en la prensa (bastantes) es como consecuencia de la actuación de este padre en defensa de su hijo», según indicó la propia Sofía Puente en su denuncia contra el padre que lucha por la custodia de sus hijos.
¿Segunda manipulación?
El propio juez Vega, además de la Audiencia Provincial y la fiscal jefe de Valladolid, se negaron a repetir la declaración del menor. Dieron la custodia a la madre y obviaron la presunta manipulación de la prueba, clave para dirimir el futuro de los tres pequeños cuya salud y rendimiento académico se ha visto notablemente afectado desde que, hace ya dos años, pasaron a estar semitutelados en el Punto de Encuentro donde los niños solo pueden ver al padre dos veces a la semana, a razón de dos horas cada día y en presencia siempre de un funcionario judicial.
Ahora, tras la apertura de la causa en Madrid y el presunto encubrimiento por parte de los juzgados de Valladolid, y a pesar de que la sentencia de divorcio se encuentra aún en fase de revisión por parte del Tribunal Supremo, se ha citado a los tres menores, a la madre y al padre para que sean sometidos a un análisis psicosocial el próximo 30 de abril. La cita se ha comunicado in extremis y mediante un oficio firmado por un secretario judicial en que se ha modificado el contenido de la evaluación psicológica solicitada en 2022 por la juez que sustituyó al magistrado Vega tras su abstención en el caso de divorcio. Así lo demuestran nuevos documentos a los que ha tenido acceso este diario y que apuntan a una posible segunda manipulación en esta causa.
En una providencia dictada por la juez sustituta de Vega en 2022, esta última solicitó que la evaluación psicosocial llevada a cabo por un equipo del Instituto de Medicina Legal de Valladolid se limitase a «informar sobre la evolución de las medidas acordadas» en relación al régimen de visitas establecido en la sentencia de divorcio. Sin embargo, en un oficio del pasado 11 de marzo de 2024, casi dos años después, un secretario del juzgado firmó un oficio en el que se va más allá y se acuerda la celebración de la evaluación psicosocial de toda la familia para la valoración también del «estado de los menores». Sin resolución judicial que lo sustente, es el propio secretario del juzgado quien envía una comunicación «oculta» al equipo psicosocial cambiando la prueba acordada por la juez sustituta y pidiendo la valoración de los menores, algo inaudito según las fuentes jurídicas consultadas.
El padre de los tres menores dice vivir un calvario judicial desde que hace dos años denunció por primera vez la presunta manipulación del audio con la declaración de su hijo mayor. Además, asegura que sus hijos se encuentran en situación de «secuestro administrativo» desde entonces y teme que la maniobra de ampliar la evaluación psicosocial puede tener como objetivo retirarle definitivamente la custodia de los niños. O incluso algo más grave, según ha denunciado el padre, «como es que la madre interponga una falsa denuncia por malos tratos o cualquier barbaridad, como ya tuve que denunciar en marzo de 2022».
Según la legislación en vigor, añaden fuentes del entorno del progenitor, la valoración del estado de los menores, en un procedimiento ya acabado, solo se puede solicitar cuando existen sospechas de abuso por parte de un padre contra sus hijos. Una situación que no se había denunciado, por parte de la madre, en ningún momento durante el procedimiento ni la sentencia de divorcio. Los abogados del padre consideran que es una maniobra instrumental para desacreditar al progenitor y evitar que se investigue el borrado del audio de la declaración del mayor de sus hijos. Incluso, añaden las mismas fuentes, el progenitor podría acabar ingresando en prisión si los menores sufriesen coacciones para declarar en favor de la madre.
