El Supremo envía al juez de la trama rusa la instrucción de 'criptoblanqueo' de Puigdemont
La acusación llevará su petición al juzgado que investiga la presunta financiación con criptomonedas del procés
Carles Puigdemont. | Archivo
El Tribunal Supremo ha indicado a la acusación popular de la causa especial que investiga por terrorismo a los políticos aforados Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, en el marco del caso Tsunami Democràtic, que remita su solicitud al juzgado de Barcelona que inició la instrucción sobre la posible financiación con criptomonedas del procés independentista. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la instructora de la causa especial en el Alto Tribunal considera que este asunto entra dentro del objeto de la investigación que se desarrolla en el Juzgado de Instrucción número uno. Este juzgado deberá hacer las pesquisas correspondientes con relación a los hechos denunciados por la acusación. Si la investigación concluye que Puigdemont tuvo responsabilidades en la trama, bien por su propia participación o por órdenes a sus subordinados, el Supremo podrá retomar el caso.
La instructora de la causa especial del Supremo ha remitido a Societat Civil Catalana, quien ejerce la acusación popular, a centralizar la investigación ante el juzgado de Barcelona que instruye el llamado caso Voloh, sobre la posible trama rusa del procés y la financiación con criptomonedas, y que fue el primer órgano judicial en abordar esta línea de investigación. El titular del juzgado Joaquín Aguirre prorrogó a inicios de 2024 la instrucción e insistió en el apoyo «económico y militar» de Rusia al expresidente catalán.
Están investigados en la causa el exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas, quien sugirió que el Kremlin estaba dispuesto a enviar 10.000 soldados rusos a Cataluña; el jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el informático Jaume Cabaní, uno de los ocho fugados que investiga también la Audiencia Nacional. El juez observa vínculos de estas personas del entorno de Puigdemont con emisarios del Kremlin y se han constatado la celebración de reuniones los días previos a la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017.
Según las fuentes jurídicas consultadas por este periódico, la instructora del Supremo quiere que realice la investigación el mismo juez y, si ve indicios suficientes, «lo haga constar y remita los particulares necesarios al Supremo, igual que hizo la Audiencia Nacional». Puigdemont, al ser eurodiputado, está aforado y solo puede ser juzgado por el Alto Tribunal. La acusación popular está en vías de cumplir con el trámite indicado, llevando su denuncia a este Juzgado de Instrucción de Barcelona, añaden estas fuentes.
Delitos al margen de la amnistía
Societat Civil Catalana solicitó a la jueza instructora que incluyera en sus pesquisas la transferencia que recibió la cuenta vinculada al expresidente catalán en la plataforma Ethereum, de criptomonedas, a través de Tornado Cash, un protocolo prohibido en Estados Unidos y que evita rastrear el origen del dinero, tal y como desveló THE OBJECTIVE.
Su intención es que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo investigue a Puigdemont por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos con enriquecimiento personal y por blanqueo de capitales, al entender que no son del alcance la ley de amnistía, ya que esta no abarca ni la malversación cuando hay «enriquecimiento personal», ni el lavado de fondos.
Como avanzó este periódico, Puigdemont recibió en diciembre de 2021 en su dirección de Ethereum un primer pago de alrededor de 3.500 euros en criptomonedas a través de Tornado Cash, un software perseguido por la Justicia de Estados Unidos por permitir el lavado de dinero y que fue usado por Lazarus Group, un grupo de ciberdelincuentes asociados con el gobierno norcoreano, para blanquear más de 455 millones de dólares. El equipo de Puigdemont en Bruselas no respondió a nuestra solicitud ni ha explicado el motivo de por qué no han devuelto esta transferencia de origen desconocido. En especial, al ser un representante público cuyos ingresos deben estar fiscalizados.
Tampoco se conoce si hay otros pagos con este protocolo a otras cuentas que pudieran estar asociadas al expresident, ya que la plataforma Ethereum permite tener más billeteras. Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto, con una criptomoneda propia llamada Ether y que es la segunda más importante después de Bitcoin. Sus transacciones son transparentes, salvo las que se hacen mediante estos «mixtures» o «coin anonimyzers», como Tornado Cash, que impiden conocer el origen del dinero. El propio Puigdemont publicita en su perfil de la red social X su dirección Krls.eth. Para el resto de transferencias, no ha usado este software y el dinero pasa a ser rastreable.
Desde la acusación consideran que «la recepción de una transferencia en la criptomoneda Ether en la cuenta personal de Puigdemont a través de una herramienta tan cuestionada como Tornado Cash podría evidenciar –en caso de demostrarse el desvío de dinero público para financiar Tsunami Democràtic– un acto de apropiación de fondos públicos con ánimo de lucro personal».
La UE prohíbe transacciones anónimas
Las plataformas como Ethereum buscan garantizar la privacidad de las transacciones, y para ello, cuentan con una clave criptográfica vinculada a una dirección que permite rastrear las transacciones. Es decir, son privadas pero no anónimas. El problema de protocolos como Tornado Cash es que funcionan mediante la mezcla de fondos de diferentes usuarios en una sola dirección, lo que dificulta la trazabilidad de los mismos. Esta característica ha hecho que sea criticado por su potencial para realizar actividades ilícitas, aunque no significa que todos los que lo hayan usado fuera con la intención de blanquear.
El pasado 19 de marzo, el la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo aprobó el primer texto legislativo para prohibir las transacciones anónimas con criptomonedas a billeteras auto custodiadas y los pagos en efectivo de más de 10.000 euros y los pagos anónimos de 3.000 para seguir el rastro de los criptoactivos y prevenir el blanqueo de dinero. Según fuentes comunitarias, en breve se llevará al pleno de la Eurocámara.
