La RFEF ficha a los abogados Oliva-Ayala para superar la convulsa etapa de Rubiales
El prestigioso despacho ha tenido como clientes a Rodrigo Rato, Emilio Botín, Pablo Casado y Lionel Messi
Ignacio Ayala, Luis Rubiales y Pedro Rocha, presidente interino de la RFEF. | Ilustración de Alejandra Svriz
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) quiere pasar página para superar la convulsa etapa de Luis Rubiales. El ente federativo ha fichado al despacho Oliva-Ayala Abogados para que le asesore en temas jurídicos. El equipo liderado por el prestigioso penalista Ignacio Ayala releva en ese cometido a GC Legal. El órgano que preside Pedro Rocha rescindió el contrato con dicha empresa a finales de marzo, días después de que su director, Tomás González Cueto, fuese detenido en la operación Brody. El registro de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en marzo provocó un nuevo terremoto en el balompié nacional tras el polémico beso del exdirigente granadino a la futbolista Jenni Hermoso.
La contratación de esta firma se produjo hace unas semanas, confirman a THE OBJECTIVE fuentes de la RFEF. Desde el ente federativo indican que se trata de un procedimiento habitual porque la casa siempre ha contado con asesoría jurídica externa. El organismo que preside Rocha se decantó por Oliva-Ayala Abogados por ser uno de los despachos de referencia en nuestro país en materia penal. La gestión de Rubiales, con varios frentes abiertos ante la justicia, hace que se avecinen curvas.
Esta misma semana, la RFEF ha despedido a varios pesos pesados durante la etapa anterior. Entre ellos, Albert Luque, director deportivo de la Selección Española. Está implicado en el caso Rubiales por presuntas coacciones a Hermoso para que dijese que el beso que recibió fue consentido. La misma suerte han corrido Rubén Rivera, exdirector de Marketing, también investigado, y Pedro González Segura, antiguo responsable de los servicios jurídicos de la federación, detenido en la operación Brody.
Curvas en la RFEF
Estos movimientos llevarían el aval del despacho Oliva-Ayala. Entre los clientes que ha tenido destacan Emilio Botín en la querella por las cesiones de crédito e indemnizaciones millonarias al presidente y consejero delegado de Central Hispano; Jesús Polanco en el caso Sogecable o Jesús Gil en el caso Malaya. Ayala también fue el abogado de Lionel Messi durante su litigio con Hacienda, representó a Rodrigo Rato en el caso Bankia y fue el primer letrado de Iñaki Urdangarin. Además, el expresidente del PP, Pablo Casado, le confió su defensa en el caso máster.
El despacho fue fundado hace más de tres décadas por Ignacio Ayala, actual socio director, y Horacio Oliva. Cuenta con una dilatada experiencia internacional, ya que ha prestado asesoramiento a personas físicas y jurídicas en multitud de jurisdicciones y ha intervenido en procedimientos en países de varios continentes y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Un trabajo que les ha llevado a ser reconocidos en los rankings más prestigiosos del mundo, como Chambers and Partners y Legal500.
Oliva-Ayala releva a González Cueto, hombre de confianza de Rubiales durante su etapa al frente de la RFEF. El abogado desembarcó en el ente federativo poco después de que el exdirigente granadino se convirtiera en su presidente en mayo de 2018. Lo hizo como asesor jurídico externo de la mano del entonces secretario general del organismo, Andreu Camps. Se habían conocido mientras el director de GC Legal formaba parte de la comisión de arbitraje del Comité Olímpico Español (COE).
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que González Cueto se convirtió en el arquitecto jurídico de Rubiales a pesar de que la RFEF contaba con un equipo legal. Durante su mandato, el bufete recibió 4,2 millones. La Guardia Civil subraya que en el tercer y cuarto trimestre de 2018 los ingresos de GC Legal provenientes de la RFEF pasan de ser el 18% del total de las operaciones a una media en torno al 50% de las ganancias que tuvo entre 2019 y 2021.
El poder de González Cueto
«Facturaba 500.000 euros y ahora 3 millones», llegó a afirmar el propio expresidente de la RFEF en una de las conversaciones telefónicas intervenidas en las que hablaba sobre el despacho de González Cueto. Todo pasaba por sus manos. De hecho, la federación creó a mediados de 2019 una serie de organismos autónomos para controlar la gestión del ente federativo en los que el abogado tuvo un papel esencial.
Entre esos mecanismos destaca el Comisionado de Control Externo, que tenía la misión de supervisar y emitir un dictamen previo preceptivo «sobre todos los contratos que impliquen un ingreso o un gasto superior a 30.000 euros anuales». Juan Rubiales, tío y ex jefe de gabinete del antiguo presidente de la RFEF, explicó a la Guardia Civil el papel «preponderante» que adquirió González Cueto con un cargo que, a su juicio, había sido creado ad hoc. En contraprestación, el abogado recibiría una remuneración cercana a los 300.000 euros anuales.
Los investigadores sospechan que González Cueto fue el cerebro en la firma de los contratos que están bajo sospecha: los de la Supercopa en Arabia Saudí y los de la reforma del Estadio de La Cartuja en Sevilla. La Guardia Civil cree que parte de los 3,8 millones de euros que pagó la RFEF a Gruconsa, una de las empresas agraciadas para la remodelación, retornaron al entorno de Rubiales a través de Dismatec Sport, la empresa de su socio Francisco Javier Martínez Alcaide, Nene. De esa cantidad, unos 88.300 euros podrían haber acabado en las cuentas del abogado.
El informe policial al que ha tenido acceso este diario asegura que González Cueto recibió dos pagos por un valor de 88.300 euros de Dismatec «cuya justificación se desconoce». Los investigadores afirman que ambos reintegros coinciden en cuantía y tiempo con dos transferencias realizadas por Gruconsa. El primer abono, de 42.350 euros, tuvo lugar el 8 de julio de 2021. Un día antes la constructora había traspasado a la compañía 45.375 euros. El segundo tuvo lugar el 4 de agosto: 45.980 euros apenas unas horas después de que Nene percibiera 47.190 euros.
«Trincar pasta»
Gonzalez Cueto fue uno de los detenidos el pasado 20 de marzo en la operación Brody. Solo un día después, la RFEF rescindió el contrato con su despacho, GC Legal. Una decisión que casi le cuesta la inhabilitación a Rocha. Una asociación le acusó de excederse en sus competencias tras sustituir a Rubiales. Semanas antes, tras finalizar el registro en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el presidente interino tomó una decisión salomónica que también afectó a otros dos investigados, el director de los Servicios Jurídicos, Pedro González Segura, y el de Recursos Humanos, José Javier Jiménez.
El asesor jurídico de la RFEF durante la etapa de Rubiales mostró su malestar con su gestión en varias conversaciones recogidas en los informes policiales a los que ha tenido acceso este diario. González Cueto acusa al exdirigente granadino de querer «dar palos», «trincar pasta» y de pedirle algo «ilegal». De esas conversaciones, a la Guardia Civil le «resulta llamativa» una frase del director de GC Legal: «Es acojonante con lo que también nos la hemos jugado todos en su momento, ¿eh?».
En una de las conversaciones intervenidas el pasado 25 de enero, González Cueto relata que ha pagado «muchas deudas» a Rubiales y se queja de que «lo único que quiere es dar palos, no se ha planteado trabajar». El abogado afirma a su interlocutora que el expresidente de la RFEF «necesita 100.000 euros al mes». «Está como una puta cabra» y «endosiado», se desahoga. El exasesor jurídico también descubre una supuesta operación en la que un patrocinador coreano iba a pagar 7 millones de euros en cinco años en lo que «era un chanchullo para trincar pasta».
González Cueto ha pedido al juez que declare nulas las actuaciones de la Guardia Civil en su contra: desde los seguimientos e intervenciones telefónicas, pasando por la documentación incautada en las entradas y registros hasta su detención. Sostiene que las diligencias realizadas vulneran el secreto profesional, ya que en ellas existen conversaciones con su cliente. La FIFA ha solicitado al abogado toda la información de la que dispone y que podrían arrojar luz a la presunta corrupción que se le imputa.
