Médicos y enfermeros llevan a Estrasburgo la situación sanitaria en 92 prisiones españolas
Los profesionales alertan de que la falta de personal aumenta su estrés y genera desinterés para cubrir vacantes
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este miércoles en el Congreso. | Chema Moya (EFE)
Los servicios sanitarios en las cárceles españolas están al borde del precipicio. España cuenta con 92 prisiones con casi 50.000 reclusos que atienden apenas 200 médicos, uno por cada 250 convictos. Los facultativos y enfermeros que trabajan con presos han elevado la cuestión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, tras agotar todas las instancias en nuestro país. Se quejan de que esta «dramática situación» vulnera el derecho de los reos a recibir asistencia sanitaria y repercute en sus condiciones laborales. La falta de personal aumenta sus niveles de estrés y genera desinterés para trabajar en un centro penitenciario, donde las retribuciones son hasta 1.500 euros más bajas al mes.
Los últimos informes del Defensor del Pueblo reconocen que cada año mueren internos por no recibir la asistencia médica más elemental. Los profesionales lo achacan a la falta de personal, que les impide trabajar en unas condiciones equivalentes a las de sus compañeros del Sistema Nacional de Salud. Para paliar la situación, un colectivo de médicos y enfermeros penitenciarios han registrado esta semana un recurso de protección de Derechos Fundamentales ante el TEDH. La batalla comenzó en 2019, cuando los afectados presentaron dos reclamaciones ante el Ministerio del Interior, el departamento del que dependen.
Los profesionales de prisiones son los únicos de la sanidad pública que no están integrados en el Sistema Nacional de Salud. Y eso, a pesar de que el Ministerio de Sanidad aprobó en 2003 una ley que transfería los servicios sanitarios penitenciarios a las comunidades autónomas. Dos décadas después, solo han asumido la competencia tres regiones: Cataluña, País Vasco y Navarra. El ministro Fernando Grande-Marlaska inadmitió las reclamaciones alegando que «la falta de desarrollo de un precepto legal no es una actuación irregular de la Administración penitenciaria».
Retribuciones de los médicos
La demanda corrió la misma suerte en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, lo que ha llevado a médicos y enfermeros a pedir amparo al TEDH. El recurso al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE alude a una sentencia que emitió este tribunal en enero de 1994. El fallo establecía que «los Estados tienen el deber de proteger la salud de los detenidos y una falta de asistencia o tratamiento puede considerarse una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura, las penas y tratos inhumanos y degradantes».
Los médicos y enfermeros penitenciarios explican en el recurso registrado ante el TEDH que los incumplimientos de Interior han producido la vulneración de diferentes derechos incluidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entre ellos, la citada falta de personal, que en su opinión «repercute de manera directa (…) dejando servicios sin prestar y aumentando los niveles de estrés y ansiedad de los profesionales».
El escrito que ha presentado el colectivo afectado también alude a las diferencias retributivas que expone el Defensor del Pueblo en sus informes. La institución que lidera Ángel Gabilondo alerta de que los sanitarios penitenciarios cobran hasta 1.500 euros mensuales menos que el resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud. «Estas condiciones laborales y retribuciones económicas producen una falta de interés general dentro del mercado laboral para completar el cupo de personal necesario en las convocatorias», insiste el recurso.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) denuncia que casi un 60% de las plazas en los centros penitenciarios están sin cubrir y que hay interinos sin titulación, se firman contratos de dudosa legalidad, se dejan de cubrir guardias y el personal está desmotivado. Y eso, a pesar de que en las cárceles existe una proporción de infectados por VIH 10 veces superior a la media española, existen más de un 70% de personas con antecedentes de toxicomanía y un gran número de pacientes con problemas de salud mental. Denuncian que Interior ha optado por «poner parches» contratando servicios privados.
Carrera profesional
«La progresiva falta de atención médica se debe a que ni siquiera está cubierto un tercio de los puestos de trabajo asignados a los médicos, obligándoles tanto a ellos como a los enfermeros a asumir cargas de trabajo desmesuradas y a que los enfermeros tengan que asumir funciones que no les son propias», recalcan los afectados en una nota de prensa. En su opinión, al depender de Interior, los médicos pierden cualquier posibilidad de carrera profesional y perciben unas retribuciones económicas claramente inferiores.
El recurso presentado por el despacho López Rodó & Cruz Ferrer pide al TEDH que tutele el derecho de los detenidos a recibir una atención médica que les dispense una mínima protección de la salud, pero también el derecho de los médicos y enfermeros a trabajar en unas condiciones profesionales y económicas equivalentes a las de sus homólogos. Insiste en solicitar mecanismos que garanticen la independencia profesional en la atención médica dispensada a los detenidos (especialmente a los que están en situación de aislamiento), «enervada por la dependencia jerárquica de sus superiores de Interior».
La decadencia del sistema sanitario en los centros penitenciarios tuvo su auge en la primavera del año pasado, cuando las 19 prisiones que concentran mayor población reclusa se quedaron sin Atención Primaria. Unos 25.000 internos solo podían recurrir a los servicios de urgencias o a la teleasistencia, debido a la escasez de médicos. Las prisiones españolas se quedaron con apenas 167 facultativos, según datos del CESM, que alertó de decenas de jubilaciones en los meses siguientes.
Fuentes penitenciarias consultadas por THE OBJECTIVE destacan que desde el pasado verano se han cubierto con personal interino hasta 50 plazas de facultativos sanitarios que estaban vacantes en las prisiones. Recuerdan que la línea prioritaria de acción es la transferencia pendiente de la gestión sanitaria penitenciaria a las comunidades autónomas. «El Estado viene excusándose diciendo que no quieren asumir el servicio. El argumento es inaceptable porque la obligación corresponde al Estado», subraya Juan de la Cruz, especialista en Derecho Sanitario y socio fundador de López Rodó & Cruz Ferrer.
