Los mismos agentes que exoneran a Gómez sí acusaron a Zaplana por «noticias en prensa»
THE OBJECTIVE ha podido comprobar que el instructor y el secretario del ‘caso Begoña Gómez’ son los mismos que los del ‘caso Erial’
Los mismos investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron al exministro del PP Eduardo Zaplana a raíz de investigaciones periodísticas, según sus propias declaraciones en el juicio, no ven nada en el caso de Begoña Gómez a pesar de los numerosos artículos de investigación que involucran en un presunto tráfico de influencias a la consorte del presidente del Gobierno.
THE OBJECTIVE ha podido comprobar que el instructor y el secretario del Grupo de Delincuencia Económica 3 del instituto armado que investigan la causa de Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, son los mismos que participaron en el proceso contra el exdirigente popular, cuya imputación se originó en el hallazgo fortuito de «seis papeles» entregados por un sirio colaborador del CNI.
En el juicio del caso Erial, los agentes de la UCO que investigaron la causa han sido interrogados. Uno de los principales argumentos que han utilizado es que, cuando ocurrieron los hechos investigados, Zaplana ostentaba la presidencia de la Generalitat y, por tanto, era una figura relevante. Esos mismos agentes ahora investigan a la esposa del presidente del Ejecutivo, quien, según fuentes consultadas, se relacionaba con empresarios en calidad de «primera dama».
Estos investigadores manifestaron en su declaración, en abril, en el marco del juicio del caso Erial, que «las fuentes abiertas» y «las noticias en medios de comunicación» fueron la principal aportación para el comienzo de la investigación. «En las distintas noticias publicadas en fuentes abiertas, de alguna forma, se ponía el foco sobre el trasfondo que existía detrás de estas adjudicaciones, así como la existencia de determinadas personas que poseían vínculos o relaciones de cierta amistad con esta persona (Eduardo Zaplana)», declaró el agente. El abogado del exministro del PP, el exfiscal Daniel Campos, le preguntó: «¿No sé a qué se está usted refiriendo con fuentes abiertas?« El investigador respondió tajante: «A noticias en prensa, principalmente, donde se hacía referencia a todo esto».
Fuentes consultadas por este periódico explican que «es positivo que los agentes continúen con las investigaciones iniciadas por periodistas, pues la máxima de estos últimos es auditar al poder y desvelar la corrupción». Sin embargo, señalan que «es, cuanto menos llamativo, que esas mismas investigaciones periodísticas no sean igual de relevantes cuando los investigados son de otro partido o, como en este caso particular, afecten a la esposa del presidente del Gobierno». Y es que hay que destacar que del informe entregado por la UCO de la Guardia Civil al juez Juan Carlos Peinado, que tiene imputada a Begoña Gómez, se desprende que –pese a los numerosos artículos de investigaciones periodísticas– no existen indicios suficientes contra la esposa de Pedro Sánchez.
Otro aspecto relevante para investigar a Zaplana, según el agente interrogado en calidad de testigo, fue que las adjudicaciones sospechosas –la privatización de las ITV, el desarrollo del plan eólico valenciano y la parte de privatización de las empresas de servicio de resonancias magnéticas– «se produjeron durante la época en la que esta persona era presidente de la Generalitat. A partir de ahí, hubo una serie de noticias en prensa que ponían el foco sobre el trasfondo que existía detrás de estas adjudicaciones y la forma en la que se habían producido. Además, incidían en la relación de amistad de terceras personas relacionadas con estos hechos con Eduardo Zaplana, en ese momento presidente de la Generalitat».
En el caso de Begoña Gómez los medios de comunicación han desvelado las relaciones de la mujer del presidente con algunos empresarios que le apoyaban económicamente en sus proyectos y luego estos recibían contratos públicos del Gobierno, produciéndose presuntamente un delito de tráfico de influencia. Sin embargo, esos mismos agentes de la UCO ahora no consideran que las evidencias, pruebas e investigaciones desveladas por los profesionales de la información sean un indicio suficiente y aseguran que no encuentran «en líneas generales», elementos diferenciadores que apunten a que los contratos –adjudicados a los empresarios que ella recomendó– «se hubieran valorado de forma distinta a otros expedientes similares» en relación con el «impacto que habrían tenido las supuestas cartas de interés y apoyo firmadas por María Begoña Gómez en favor de dicha UTE». Exculpan a Gómez pese a reconocer que ni siquiera han llevado a cabo la diligencia más elemental: solicitar a la empresa pública Red.es el contrato adjudicado al empresario Juan Carlos Barrabés.
Y, por último, otro aspecto que los agentes han querido recalcar para avalar su investigación en el caso Erial es la experiencia en las investigaciones de delitos económicos. «Llevaba 11 años dedicándome a la investigación económica y una documentación así, para mí, significaba esa posibilidad de blanqueo», manifestó. Esa documentación a la que hace referencia son los llamados papeles del sirio que fueron entregados por Imad Al Naddaf Yalouk, representante de la comunidad siria e islámica en Valencia, a Marcos Benavent, el conocido como el yonki del dinero. Este último ha manifestado en la vista oral que el ciudadano de origen sirio, que colaboraba con el CNI, le dijo que «le habían dado esos documentos a él» para que los entregara.
