Las acusaciones preguntarán a Sánchez sobre Barrabés para que se vea obligado a declarar

El juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar el próximo 30 de julio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hasta el momento, ha trascendido que el líder de los socialistas, pese a estar citado como testigo, puede acogerse a su derecho a no declarar contra su esposa, Begoña Gómez, porque lo ampara el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) mediante la cual, de manera excepcional, el testigo puede no declarar contra su cónyuge. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que las acusaciones populares le formularán preguntas sobre el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ambos imputados en este procedimiento. En este caso, explican, Sánchez se verá obligado a responder porque está citado a declarar como testigo –lo que le obliga a contestar a todas las partes: a la defensa, al juez y a las acusaciones– y no puede acogerse a la dispensa anterior porque con estos dos investigados no guarda una relación en «líneas directa ascendente y descendente».

Y es que es necesario conocer la versión de Sánchez después de que Barrabés asegurase en sede judicial, donde estaba citado en calidad de testigo y, por tanto, obligado a decir la verdad, que se había visto en un par de ocasiones con el presidente del Gobierno en el Palacio de La Moncloa. Barrabés aseguró que se reunió «cuatro o cinco veces» con Gómez y que en dos de ellas, celebradas en La Moncloa, estuvo presente el propio Sánchez. Fue en el año 2020 y por iniciativa de la esposa del líder socialista. Y en ellas también estuvo presente el responsable de la oficina económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, que es precisamente el hombre encargado de centralizar el reparto de los fondos europeos.

Lo que no aclaró Barrabés es la fecha exacta de esas reuniones y, por tanto, si se produjeron antes o después de que la empresa pública Red.es le adjudicara dos contratos millonarios. Por ello, explican fuentes judiciales, «es imprescindible preguntarle por este extremo a Sánchez».

Reuniones con Barrabés

Hay que recordar que THE OBJECTIVE desveló en exclusiva el pasado 8 de abril que Gómez había montado una cita entre Barrabés y Sánchez para hablar de fondos europeos en Moncloa. Según las fuentes a las que tuvo acceso este periódico, el objetivo de la reunión era hablar sobre los fondos que la UE había aprobado en junio de 2o2o y que se empezarían a distribuir de inmediato para levantar la economía europea tras la crisis de la covid.

A España en el reparto inicial le correspondían 70.000 millones de ayudas directas y otros 70.000 opcionales en forma de créditos. A esa primera reunión entre Sánchez y Barrabés le siguió una segunda cita de menor nivel donde el empresario presentó con más detalle una propuesta para repartir los fondos a través de una plataforma tecnológica.

Barrabés, considerado un experto en innovación digital y que cuenta con varias empresas especializadas en ello, quería que el Gobierno crease plataformas internas digitales que permitieran canalizar los fondos europeos con mayor eficiencia. Gómez y Barrabés se conocieron en 2020 en el evento social ‘Mañana’, creado por el propio Barrabés, que consiste en impulsar a personas, empresas e instituciones en su transformación hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

El empresario comentó con Begoña Gómez su idea para que el Gobierno buscase plataformas tecnológicas internas para repartir los fondos europeos. Una idea que le interesó a la mujer del presidente y que le instó a contársela a su marido. Por eso fue ella misma la que se encargó del inicio de la gestión de esa cita en La Moncloa con Sánchez.

Obligado a responder  

Por ello, no solo es imprescindible conocer la versión de Sánchez, sino que el estatuto legal es claro: mientras que el presidente puede acogerse a su derecho de no declarar en contra de su cónyuge, no podrá hacerlo en el caso de Barrabés y Goyache. Esta distinción es crucial, ya que cualquier intento de Sánchez de evadir preguntas sobre estos dos investigados será visto como una obstrucción a la justicia. El juez encargado del caso tendrá que evaluar la situación y decidir las medidas correspondientes. Los artículos 420, 716 y 418 de la LECrim establecen que la negativa injustificada de un testigo a contestar las preguntas en un juicio puede llevar a multas, sanciones por desacato, y en casos extremos, detención.

Las implicaciones de esta situación son amplias. Si Sánchez decide no responder preguntas sobre Barrabés y Goyache, podría enfrentar sanciones por desacato o por obstrucción a la justicia. Por otro lado, si proporciona información que incrimine a estos individuos, esto podría influir en el curso del caso, posiblemente llevando a nuevas imputaciones o a la reconsideración de las actuales. Además, la insistencia de las acusaciones en aclarar la naturaleza de las relaciones entre Sánchez y los imputados podría desvelar nuevas dinámicas y conexiones que hasta ahora han permanecido ocultas.