Puente brinda a Alvise una vía que ya usaron los independentistas para esquivar a la Justicia
Bélgica rechazó entregar a España al exconsejero catalán Lluís Puig tras alegar que sufría una persecución
Luis 'Alvise' Pérez y el ministro Óscar Puente. | Ilustración de Alejandra Svriz
Óscar Puente ha podido brindar a Luis Alvise Pérez una vía para salir airoso en futuros procesos judiciales. El ministro de Transportes y el eurodiputado mantienen desde hace años una encarnizada lucha que ha saltado de las redes sociales a los tribunales. El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) podría alegar una persecución contra él tras las últimas afirmaciones del dirigente socialista, según los juristas consultados por THE OBJECTIVE. Para ello debería esgrimir la Directiva Europea 343/2016, que refuerza la presunción de inocencia.
El artículo 16 de esa directiva señala que las autoridades públicas que se refieran a un sospechoso o acusado como culpable vulnerarían su derecho fundamental a la presunción de inocencia. Los independentistas ya usaron esta fórmula para evitar la extradición a España del exconsejero catalán de Cultura Lluís Puig, que se marchó a Bélgica tras el procés. Alvise ha reprochado a Puente en su canal de difusión, que acumula 711.000 suscriptores, que sea el primer ministro desde la Guerra Civil «en pedir prisión para un rival político sin condena judicial alguna en firme».
«Hueles a cárcel». Así de contundente se mostró Puente el pasado 28 de septiembre en su perfil de X. Era la respuesta a un tuit de Alvise en el que el eurodiputado le anunciaba que acababa de ponerle una querella por calumnias. El ministro había escrito anteriormente que «la caída en desgracia» del líder de SALF no se debía «a que se haya descubierto que es un estafador y un difamador profesional» porque «eso ya se sabía», sino a que antes «a la derecha le venía de perlas» y «ahora le estorba».
Los tuits de Alvise
Puente mantuvo ese argumento el pasado lunes por la noche en una entrevista en la Cadena SER. «Alvise, cada vez que publicaba una falsedad sobre mi vida, sobre la vida de un político de izquierdas, sobre la de [José Luis] Ábalos, siempre cerraba el tuit con una frase: hueles a cárcel. Pues eso es lo que yo le dije en redes el otro día. Él sí huele a cárcel. Y espero que acabe en la cárcel algún día porque se lo merece», declaró el ministro.
El presentador del programa advirtió a Puente de sus palabras: «Es durísimo que diga eso un ministro del Gobierno de España». No obstante, el dirigente socialista insistió: «¿Dónde merecen estar los delincuentes? En la cárcel. ¿O tú te has tragado el cuento ese de que ha cobrado porque no había hecho factura? No, está tratando de dar una explicación para eludir su responsabilidad penal (…) No es lo mismo cobrar 100.000 euros para tu campaña electoral a cambio de legislar a favor (…) que cobrar un trabajo sin factura».
Las declaraciones de Puente pueden hacerle un favor a Alvise si este acaba inmerso en un procedimiento penal. Los expertos en esta materia consultados por este diario consideran que el eurodiputado podría alegar una persecución contra él y la consiguiente vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. «El ministro se lo está poniendo fácil», insiste un penalista de reconocido prestigio. Para defenderse, el líder de SALF podría esgrimir la mencionada Directiva Europea 343/2016, que refuerza la presunción de inocencia.
El artículo 16 de esta normativa comunitaria establece que «se vulneraría la presunción de inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. Dichas declaraciones y resoluciones judiciales no deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable». Entre esas declaraciones públicas se incluyen las efectuadas por las autoridades judiciales, policías, ministros y otros cargos públicos.
La extradición de Puig
Los independentistas catalanes ya recurrieron a esta fórmula para evitar la extradición a España de Lluís Puig, que ejercía de consejero de Cultura en el Govern que organizó el referéndum ilegal de 2017. Poco después se marchó a Bélgica para esquivar a la justicia española, pero el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena le reclamó por un presunto delito de malversación de fondos públicos en el procés.
La Cámara del Consejo belga rechazó en agosto de 2020 tramitar la euroorden después de que la defensa de Puig argumentara que el Supremo no era competente porque el acusado no estaba aforado. La Fiscalía de Bruselas recurrió la decisión, pero el Tribunal de Apelación volvió a denegar en segunda instancia su extradición. La decisión se convirtió en definitiva porque el Ministerio Público no recurrió.
Los abogados de Puig alegaron la citada directiva europea. Aseguraron que los independentistas catalanes sufrían persecución en España, un argumento que compraron los jueces belgas tras estudiar el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria del 27 de mayo de 2019, presentado por el exconsejero en la representación permanente de España ante la ONU. Este grupo, creado por el Comité de Derechos Humanos, examinó el proceso iniciado contra Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Oriol Junqueras.
«Las conclusiones documentadas ampliamente del mencionado Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria con respecto a la suerte de otros tres políticos catalanes en relación con las declaraciones hechas por altos funcionarios y autoridades sobre la culpabilidad de las personas afectadas antes de la decisión judicial son válidas, entre otras cosas, por la supuesta relación estrecha entre los hechos imputados igualmente con respecto a Lluís Puig», determinó la justicia belga para rechazar la entrega de Puig en enero de 2021.
Entrega de 100.000 euros
Las últimas declaraciones de Puente ofrecen a Alvise seguir la senda que ya transitaron los independentistas catalanes. Los desencuentros entre el ministro y el eurodiputado no son nuevos, pero se han intensificado después de que el fundador de Madeira Invest Club (MIC), la oficina de inversión apadrinada por el activista, presentara un escrito ante la Fiscalía General del Estado asegurando que le entregó 100.000 euros en metálico en plena campaña de las europeas, según avanzó eldiario.es.
La documentación remitida al Ministerio Público afirma que Alvise recibió el pago en mano el pasado 27 de mayo, apenas unos días antes de que SALF obtuviera más de 800.000 votos en los comicios. El eurodiputado reconoció que había tomado esa cantidad, pero por «unos honorarios privados» por los que no ha abonado el correspondiente IVA. Usó esa fórmula para evitar que el Estado le quitara la mitad de sus ingresos porque Hacienda «es una mafia» y pidió a sus seguidores que siguieran su ejemplo.
Los rifirrafes comenzaron en 2021, cuando Puente aún era alcalde de Valladolid. En agosto de ese año, la bronca saltó a los tribunales cuando el socialista denunció a Alvise por compartir varias fotografías suyas durante las vacaciones conduciendo un vehículo de alta gama, propiedad de un grupo empresarial. El ahora eurodiputado le acusó de corrupto y adúltero en redes sociales. El ministro volvió a referirse a ese episodio este lunes en la SER.
«Alvise, durante los años que ha estado haciéndonos la vida imposible a algunas personas de izquierda, publicando fotos de nuestra hija menor diciendo que es prostituta (…) era muy simpático para la derecha. Durante este tiempo, a la derecha Alvise le ha venido de perlas, pero cuando se ha decidido a ser un competidor, entonces la derecha le ha puesto la proa», subrayó el ministro. La semana pasada, la Audiencia Provincial de Sevilla obligó a un juzgado a reabrir una causa contra el líder de SALF por un posible delito de revelación de secretos tras difundir una imagen de la hija del presidente del Gobierno.
