La Audiencia de Sevilla ordena reabrir la causa por insultos racistas a Vinicius en el Villamarín
El tribunal estima el recurso de apelación de LaLiga y retoma la investigación por delito de odio contra el madridista
Vinicius Jr. durante el partido contra el Real Betis. | Europa Press
La Audiencia de Sevilla ha decidido reabrir la investigación contra un hombre acusado de emitir insultos racistas hacia Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid, durante un encuentro celebrado el 5 de marzo de 2023 en el Estadio Benito Villamarín. La Sección Tercera de la Audiencia estimó así el recurso de apelación presentado por la acusación popular, ejercida por LaLiga, después de que el Juzgado de Instrucción número diez dictara el sobreseimiento provisional de la causa el pasado 17 de junio.
El tribunal ha respondido favorablemente a la solicitud de la Fiscalía, que reclamaba la realización de una diligencia de reconocimiento en rueda para el investigado, identificado como J.E.H. Esta decisión se produce tras evaluar los elementos aportados en la denuncia, que incluyen fotografías y testimonios de testigos que presenciaron los insultos proferidos desde una sección específica de la grada.
Durante el mencionado partido, un grupo minoritario de espectadores ubicados en la grada de Gol Sur fue señalado por gritar repetidamente insultos racistas como «U-U-U» y «mono», dirigidos hacia el jugador brasileño. Estos hechos llevaron a la presentación de una querella contra el individuo señalado, por un presunto delito de odio, lo que inicialmente llevó a su declaración judicial, así como a la de varios testigos.
Sin embargo, la jueza instructora decidió inicialmente el sobreseimiento provisional de la causa, argumentando una motivación escueta y señalando la dificultad para determinar la autoría de los hechos. Esta decisión fue posteriormente recurrida por LaLiga, que solicitó la revocación del auto y la continuación de la instrucción.
La Sección Tercera de la Audiencia ha subrayado que, en este caso, es esencial determinar si los indicios de criminalidad son suficientes para proceder con la acusación y potencialmente llevar el caso a juicio oral. Los magistrados han argumentado que las diligencias propuestas por el Ministerio Fiscal y las partes personadas deben ser consideradas, a menos que se juzguen inútiles o perjudiciales, lo que refleja que el derecho a la prueba no es absoluto.
