Vox pide al juzgado que aclare el coste del dispositivo de seguridad de Begoña Gómez
La petición llega después de que el órgano rector de los juzgados se negase a suministrar la información
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Vox ha demandado este miércoles al juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, haciendo uso de su condición de acusación particular, que aclare el coste del dispositivo de seguridad que se desplegó en los alrededores de la sede judicial de Madrid cuando la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, acudió a declarar el pasado 5 y 19 de julio a la plaza de Castilla.
La petición de la letrada de la acusación popular llega después de que solicitasen esta misma información al Decanato, el órgano rector de los juzgados, que rechazó suministrar los datos del coste económico y de recursos humanos dedicados a garantizar las medidas de seguridad durante la llegada, la comparecencia y la salida de la mujer del presidente del Gobierno del juzgado madrileño.
Esta misma semana, el Ministerio del Interior también se negó a dar detalles sobre el dispositivo de seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se empleó el pasado 5 de julio, alegando que podría suponer un «potencial peligro» en futuros acontecimientos.
«La información solicitada se refiere al dispositivo de seguridad y, por lo tanto, no puede ser proporcionada, pues conocer los detalles del dispositivo de seguridad permite dimensionarlo y supone, con ello, un potencial peligro para actividades presentes y futuras», aseguran desde el Ejecutivo en la respuesta parlamentaria que también formuló Vox.
A pesar de que Begoña Gómez no ostenta ningún cargo gubernamental ni institucional su presencia en el Juzgado de plaza Castilla contó con un amplio despliegue policial en el que se pudieron contabilizar casi una decena de furgones de la Policía Nacional, unos 200 agentes encargados de proteger las zonas aledañas de la sede judicial e incluso un helicóptero que sobrevolaba la zona.
«Los motivos de dicha denegación se fundamentan en que la gestión de los recursos humanos disponibles, constituye un factor determinante de la capacidad operativa de las distintas unidades policiales», subrayó Interior en una respuesta a la que tuvo acceso THE OBJECTIVE el pasado 12 de agosto, en la que se negó a informar sobre los datos concretos del dispositivo.
«Por lo tanto, el conocimiento exacto de los efectivos desplegados en un determinado lugar, afectaría a intereses de naturaleza jurídica que se encuentran por encima del derecho de acceso a la información pública», informó el ministerio de Marlaska, que tampoco ofreció el coste económico del operativo, ya que en el mismo participaron funcionarios policiales «en el ejercicio de su actividad ordinaria» y en sus respectivos horarios.
