El juez solicita al Supremo investigar a Ábalos por su «papel principal» en el 'caso Koldo'
El magistrado acusa al exministro de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho
José Luis Ábalos. | Matias Chiofalo (Europa Press)
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo’, Ismael Moreno, ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que investigue al diputado del Grupo Mixto y exministro de Transportes José Luis Ábalos después de que se lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción.
En su resolución, que ha recogido Europa Press y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 se dirige al alto tribunal porque es el competente para abrir causa penal contra Ábalos por su condición de aforado. Alega, de esta forma, que existen «indicios fundados y serios» de su «papel principal» en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia.
El juez Moreno apunta en su escrito a la presunta comisión de un delito de pertenencia a organización criminal, así como de tráfico de influencias y de cohecho. El primero, «en tanto que ocupaba un papel principal en el entramado creado» por el empresario Víctor de Aldama «para la consecución de negocios con las Administraciones Públicas».
En cuanto al tráfico de influencias, lo argumenta en «que consta acreditada su intervención para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa», la empresa clave de la trama, «así como para la contratación por parte de dos empresas públicas», como INECO y TRAGSATEC.
Por último, el juez de la Audiencia Nacional considera que el exministro habría cometido un delito de cohecho «en tanto que en pago de su mediación en la adjudicación de los citados contratos de suministro le fue proporcionado el uso y disfrute» de un chalet en ‘La Alcaidesa’ y de la vivienda situada en el Edificio Torre en Madrid en el que residió su expareja Jésica Rodríguez.
Ahora, el magistrado ha remitido toda la causa al Tribunal Supremo, ya que este es el competente para investigar, si así lo considera, a Ábalos debido a su condición de aforado al ser miembro del Congreso de los Diputados. El alto tribunal también podría decidir quedarse con lo relativo al exministro y devolver al juez el resto de la investigación.
Origen de la causa
La resolución del juez apunta a la «existencia de una organización criminal» que se creó «para conseguir la adjudicación de los contratos», unos cobros que obtuvo Koldo García «para mediar y conseguir su adjudicación y las operaciones para ocultar tales cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos consecuencia de las irregulares adjudicaciones».
Moreno recuerda que el inicio de esta causa estuvo centrado en investigar el negocio de las mascarillas y permitió poner al descubierto la relación privilegiada que mantenía el empresario Víctor de Aldama en el entonces Ministerio de Fomento con Koldo García, que en ese entonces era asesor del ministro Ábalos.
Sostiene el juez que, como patrón general de comportamiento, Aldama pagaba a Koldo 10.000 euros al mes de forma recurrente y periódica para, de esta forma, prevalerse de la influencia de Ábalos. Este, a su vez, actuaba en beneficio del propio Aldama y de sus empresas.
«Estos pagos a Koldo, que podrían denominarse ordinarios, se han visto acompañados de otros de carácter extraordinario, cuyo beneficiario sería Ábalos. Los más evidentes observados hasta el momento son los relativos a la compra del chalet de ‘La Alcaidesa’, así como el pago a través de personas vinculada a Aldama del alquiler de un piso que disfrutaba la mujer con la que el ministro mantenía una relación», explica Moreno.
Las contraprestaciones «tendrían como principal razón de ser, mantener el acceso de Aldama tanto a Koldo como a Ábalos, en beneficio propio y de terceros directamente relacionados con el propio Aldama». «Así, esta acción corruptora llevaba a cabo por Aldama, le permitía asegurarse la consecución de un lucro económico, asentado en la estructura societaria criminal de sus socios, presuntos partícipes también de la organización criminal objeto de investigación», añade el juez.
