La trama Koldo pretendía fijar la residencia fiscal en Estonia para eludir impuestos
El país báltico permite a los extranjeros solicitar la residencia virtual, que exime de tributos si se revierten los beneficios
Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. | Ilustración de Alejandra Svriz
La trama Koldo aspiraba a pagar menos impuestos. El entramado liderado por Víctor de Aldama creó empresas en distintos países, como Portugal o República Dominicana. Mientras estudiaba cómo extender sus negocios, peinaba el mercado para eludir tributos o lavar el dinero obtenido. La red puso sus ojos en Estonia, un país de apenas 1,4 millones de habitantes a orillas del mar Báltico. Su gobierno ofrece desde hace una década a los foráneos la posibilidad de solicitar la residencia virtual, que permite realizar operaciones online, no pagar el impuesto de sociedades y librarse de los tributos si se revierte una parte de los beneficios.
El comisionista del caso Koldo se apoyó en sus socios Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno para desarrollar sus negocios. Los investigadores creen que ayudaron a Aldama a despatrimonializar sus bienes en España a través de un complejo entramado. Sus conversaciones revelan transacciones económicas para dificultar la trazabilidad del dinero obtenido con la venta del material sanitario vía Pronalab, un laboratorio de análisis clínico con sede en República Dominicana. La isla caribeña habría tenido un papel clave para el blanqueo del dinero tras el pelotazo de las mascarillas en la pandemia.
Aldama y sus socios usaban un chat de WhatsApp denominado 4 mosqueteros para comunicarse. La primera mención a Estonia se produce el 15 de diciembre de 2022. Díaz Tapia envió un enlace a las 15.53 horas que lleva hasta una web del Gobierno estonio que ofrece la posibilidad de crear un DNI electrónico para emprendedores extranjeros. La página explica que solo se necesitan 15 minutos para abrir una empresa, cinco días para la emisión del número de IVA, que existen más de 4.000 e-residentes viviendo en España y que estos han creado más de 1.400 empresas.
Mordidas del caso Koldo
«Habría que preguntar por esto e informarnos», afirmó Díaz Tapia tras compartir el link. Otro socio del comisionista de la trama Koldo, Javier Serrano, recogió el guante: «Eso se utiliza mucho para empresas tecnológicas», según consta en los mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. THE OBJECTIVE no ha podido confirmar si los socios de Aldama acabaron logrando la residencia virtual en Estonia, una gestión rápida y sencilla que apenas cuesta 50 euros.
Estonia ingresó en la UE en mayo de 2004, por lo que no se considera un paraíso fiscal. El sistema e-residency es totalmente legal y supone un referente en cuanto a digitalización. No obstante, el país báltico ha estado en diferentes ocasiones en el punto de mira en cuanto a fraudes financieros. Apenas un mes antes de que los socios de Aldama consideraran la residencia virtual, una trama internacional de lavado de dinero y estafas con criptomonedas salpicó la política local.
La Policía detuvo a dos ciudadanos estonios acusados de un fraude de 530 millones de euros. Los arrestados establecieron un servicio de alquiler de equipos relacionado con monedas virtuales y un banco fraudulento denominado Polybius Bank que realmente nunca existió. En 2019, una de las entidades bancarias más importantes de Escandinavia, Swedbank, suspendió a la cúpula de su filial en Estonia tras otro escándalo de lavado de dinero.
Como consecuencia, el gobierno estonio endureció la legislación en marzo del año pasado. Medio millar de proveedores de servicios activos virtuales perdieron sus autorizaciones o cerraron de forma voluntaria. Sin embargo, e-residency nació para aportar transparencia. Obtener la ciudadanía digital no otorga permiso de residencia ni la nacionalidad, tan solo reduce la burocracia. Para conseguirlo, el Gobierno otorga una tarjeta con chip y certificado electrónico que permite a su titular realizar las operaciones sin demora.
Leyes más duras
La residencia virtual ofrece múltiples ventajas fiscales, lo que habría motivado a la trama Koldo a acogerse a ella. Para empezar, en el país báltico no existe cuota de autónomo. Cualquier empresa se considera automáticamente residente fiscal en Estonia al registrarse. E-residency no exime del doble domicilio fiscal ni de las obligaciones fiscales en el extranjero. No obstante, para evitar la doble imposición, el país que preside Alar Karis ha firmado convenios con más de 60 países, entre ellos España.
Las empresas estonias no pagan impuestos de sociedades y abonan entre un 14 y un 20% de los dividendos, aunque ese porcentaje puede descender hasta el 0% si se revierten los beneficios. Ese sistema ha permitido que el país báltico haya liderado el ranking de Índice de Competitividad Fiscal en la última década, desde el momento en que se puso en marcha.
El primer residente electrónico de Estonia fue el periodista británico Edward Lucas. A finales del año pasado, más de 100.000 personas de 181 países habían obtenido el estatus de e-residentes. Durante esta década se han creado más de 27.000 empresas. Uno de los requisitos para obtener la residencia virtual es que los solicitantes no hayan estado involucrados en alguna irregularidad financiera, como el lavado de dinero.
La trama Koldo barajó obtener el estatus de e-residente en Estonia apenas dos años y medio después de conseguir diversas adjudicaciones de las administraciones públicas por valor de 53 millones de euros. Durante ese tiempo, los investigadores sospechan que los socios de Aldama realizaron múltiples transacciones económicas en diferentes países para dificultar la trazabilidad del dinero obtenido con la venta del material sanitario.
El volcado de los datos de sus teléfonos móviles desvela que se llevaban fardos de dinero a Miami y a Dominicana, desde donde se «repatriaban» a España para, presuntamente, pagar las mordidas a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. Los investigadores de la UCO han constatado que Aldama creó siete empresas en Portugal para ocultar los 6,6 millones de euros que consiguió como comisionista en los contratos de mascarillas. Además, habría transferido parte del dinero a Brasil y Luxemburgo.
