Las consultas para trasladar la residencia fiscal a Portugal se multiplican por cuatro tras el 23-J

¡Menos mal que nos queda Portugal! La expresión popular, una de las más utilizadas en Galicia, y también el título de un famoso álbum del grupo de punk-rock Siniestro Total, se ha viralizado estos días. En concreto, desde las 10 de la noche del 23-J, una vez que se conocían los resultados de las urnas y que la mayoría de sondeos se desplomaban, decantándose a favor de otro Gobierno de Pedro Sánchez, junto a los comunistas de Sumar, nacionalistas e independentistas.

La razón de la acuñada expresión no ha sido otra que el temor a que los socios de Sánchez le exijan, como ya han ido adelantando en campaña, que el impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas sea permanente —algo que también llegó a plantear el propio Ejecutivo— y, que por tanto pierda su carácter temporal, como en principio fue diseñado.

Marc Cantavella, fiscalista y abogado, además managing director y cofundador de la consultora digital Relocate&Save, así lo explica a THE OBJECTIVE. «De 50.000 visitas que teníamos de media, hemos multiplicado es cifra por cuatro al mes, siendo a su vez la mayor parte de esas consultas de personas de Madrid que nos preguntan por un cambio de residencia fiscal, sobre todo a países como Portugal, o también a Andorra».

Por otra parte, eso no excluye consultas de personas de otras comunidades como la catalana y de otros lugares, y que habiéndose ido hace años a Madrid, ahora están pensando poner rumbo a otro sitio.

El patrón de solicitantes no es el prototipo de rico que uno se pueda imaginar. Los hay que, ganando 40.000 o 50.000 euros, están interesados en el cambio de residencia. Pero para estos no es interesante porque el IRPF es progresivo, y sobre todo empieza a ser beneficioso a partir de 100.000 euros, y muy especialmente para rentas pasivas que tienen carteras de inversiones. Ahí se encuentran jubilados con planes de pensiones, nómadas digitales, emprendedores, ejecutivos de grandes empresas, grandes autónomos, algunos youtubers y, claro, los grandes patrimonios, tanto de ingresos como de patrimonio en sí.

La ventaja fiscal de Portugal

La inseguridad jurídica es una las principales preocupaciones de los clientes de Relocate&Save a la hora de plantear un cambio de domicilio fiscal, que tiene su procedimiento, y que no es tan sencillo como incribirse en el régimen residente no habitual del país luso, o en otros regímenes preferenciales de países como Luxemburgo, Grecia o Italia.

La consultora Relocate&Save, ubicada en Andorra, y con más de 30 abogados expertos en planificación fiscal internacional y otros tantos despachos colaboradores, ha visto como, desde que el Gobierno progresista anunció el impuesto a las Grandes Fortunas, las consultas se han incrementado. También ha visto cómo el resultado de las elecciones municipales y autonómicas del 28-Msupuso un parón, «porque la gente empezó a ver las cosas de otra manera y con más confianza, y por eso algunos clientes frenaron sus gestiones», explica Cantavella a THE OBJECTIVE. Y por último, y en esta tercera fase, ha comprobado un aluvión de consultas disparadas por miedo a las consecuencias también de otros asuntos, «como la ley de vivienda, la okupación de las casas o, lo que pasa en Cataluña —detalla el fiscalista—, que además de los numerosos impuestos de la administración catalana, está la agresividad y persecución de la Agencia Tributaria en esa comunidad».

Mayor presión fiscal, inversiones que se caen, bancos que se quedan sin clientes porque retiran sus cuentas para que no les persiga el fisco, la cuestión es que, cada vez hay más personas que quieren guardar su patrimonio en otro sitio diferente a España, entre otros motivos, porque impuestos como el de Solidaridad a las Grandes Fortunas «no existen en ningún sitio de Europa, son tributos políticos, nocivos y perversos que no recaudan apenas, y además, juzgan que es una doble imposición», apunta R&S.

Ahora bien, los cambios de residencia fiscal —aclara Marc Cantavella— hay que explicarlos bien. «Hay que detallar la jurisprudencia que hay, las sentencias, las reacciones de la Agencia Tributaria para que cuando una ciudadano cambie de país, no se lleve por detrás a la Agencia Tributaria».

«La ventaja de Portugal es que el régimen de residente no habitual tiene 10 años de consolidación; es decir, que el cliente sabe y tiene la garantía de que ese cambio fiscal no lo van a modificar a la primera de cambio», sostiene.

183 días de residencia

Desde un punto de vista técnico, el catedrático y profesor de Derecho Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, César García Novoa, detalla para THE OBJECTIVE la morfología del Código Fiscal de Inversión de los portugueses, que introduce el Régimen Fiscal de Personas Singulares. En esencia, «se trata de un régimen especial de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los rendimientos obtenidos por personas que no habiendo residido fiscalmente en Portugal en los últimos cinco años, pasen a residir allí por reunir las condiciones necesarias exigidas para ello».

Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, comenta García Novoa, «se consideran residentes fiscales en Portugal, entre otras, las personas que hayan permanecido en su territorio más de 183 días durante los últimos doce meses y en caso de haber permanecido menos tiempo aquellas que puedan disponer en cualquier día del período referido de una vivienda en territorio portugués».

En términos fiscales, el régimen especial de residentes no habituales —añade el catedrático en Derecho Financiero y Tributario— contempla la aplicación de un tipo reducido en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 20% para los rendimientos del trabajo dependiente (categoría A) y los rendimientos de actividades empresariales y profesionales (categoría B).

Preocupación por la jubilación

Miguel Ángel Bernal, economista del Despacho patrimonial Bernal & Sanz Bujanda, entra a valorar el efecto del resultado de las elecciones del pasado domingo y afirma que, en efecto, hay un sentimiento de inseguridad fiscal sobre el patrimonio de los ciudadanos y las familias. Esta situación se da —infiere—, « principalmente, entre patrimonios medios, no en grandes fortunas y, especialmente, entre el grupo de mayor edad preocupados por su jubilación y la transmisión del mismo a su fallecimiento. Las grandes fortunas, desde hace tiempo, han creado estructuras que les permita solucionar y dar respuesta a sus preocupaciones, las mismas son variadas y hechas a medida».

«Sí, efectivamente, en estos momentos —sostiene Bernal— hay una demanda de información para cambiar el domicilio fiscal fuera de España. Y, Portugal y Andorra, principalmente, debido a su proximidad, así como a su regulación fiscal, son los principales puntos de interés de las consultas».

«Y los mensajes que emanan del PSOE, y sus posibles socios, defiende el también profesor universitario- no son tranquilizadores, porque, impuestos sobre grandes fortunas, aumento de los tramos del IRPF, supresión de exenciones y otras medidas para aumentar la recaudación impositiva intranquilizan y preocupan, y esa inquietud es el motor de las consultas», resuelve.

Pero lo cierto, señala Miguel Ángel Bernal, «aún no se está produciendo una salida de nuestros ciudadanos para buscar refugio fiscal, porque para tomar esa decisión es necesario pensarla y poner sobre el análisis los pros y los contras de una medida como ésta. Ahora bien —apunta—, no hay peor enemigo a la racionalidad y la toma drástica de decisiones como la inseguridad, en este caso fiscal. Por eso —concluye—, «veremos qué ocurre después del verano y si lo que ahora son consultas e información, no se transforme en cambios de domicilio de un grupo de españoles».

En contra del consumo

Para Antonio Barderas, director de la Asociación de la Empresa Familiar de la Comunidad de Madrid, «lo cierto es que para irse fuera de España, hay que observar todos los requerimientos legales, que son complejos y necesitan una preparación detallada».
Y es que, «el movimiento de personas y de capital es un derecho de los ciudadanos que puede provocar un relevante problema de formación de ahorro nacional», señala.

«Pero las economías —razona— no crecen por el consumo, crecen por el ahorro que es la que permite la inversión y el crecimiento sano a largo plazo, por eso, cabe preguntare si, en España se penaliza y se expulsa al ahorro nacional, ¿así se va a lastrar gravemente la creación de empleo y de riqueza?».

En opinión de Barderas, penalizar el ahorro no es la solución, más bien al contrario, porque «se debería fomentar el crecimiento de la renta per cápita de los ciudadanos y la convergencia real en esos términos con los países de la UE. Pero -matiza- lamentablemente, estamos en el camino contrario y el número de consultas para irse fuera está creciendo y previsiblemente crecerá en el futuro».