El juez que rechazó la querella de Gómez contra Peinado se postula para sustituir a Castellón
José Manuel Suárez Robledano, magistrado del TSJM, ocupa el número 10 en el escalafón de la carrera judicial
José Manuel Suárez Robledano.
¿Quién va a sustituir al juez Manuel García-Castellón? Esta es la gran pregunta que flota en la Audiencia Nacional al quedar vacante el cargo que, en la actualidad, instruye macrocausas como el caso Villarejo, Púnica y Lezo. Parece que el enigma comienza a resolverse. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el magistrado y profesor de Derecho Internacional José Manuel Suárez Robledano ha trasladado a sus allegados su interés por el Juzgado Central de Instrucción número 6. Fuentes judiciales consultadas por este periódico recuerdan que este juez de la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es el décimo en el escalafón y la antigüedad es un factor relevante en el proceso de selección por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El mes pasado, el magistrado Robledano fue el ponente del auto de inadmisión de la querella de Begoña Gómez contra el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito continuado de prevaricación y por presuntos delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretos y/o de informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio y que no deban ser divulgados. Pero esta decisión la adoptó junto a sus compañeros María Prado y Francisco José Goyena, que conformaban el tribunal.
Los magistrados, en línea con el criterio de la Fiscalía, entendieron que no se apreciaba «el torticero alejamiento de la norma que alega la querellante», según recogía el auto. Era la tercera querella presentada contra Peinado que el TSJM desestimaba en el último mes: la primera fue la del periodista Máximo Pradera; y la segunda, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la querella, la defensa de Gómez aseguraba que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid habría trasladado a las acusaciones populares actuaciones procesales declaradas secretas y ello habría propiciado que fuesen publicadas por diferentes medios de comunicación.
Sin embargo, se ha publicado que el expresidente de la Audiencia Provincial de Orense, Antonio Piña, también se posiciona como candidato para ocupar la vacante que ha dejado libre García-Castellón. Fuentes judiciales consultadas por este periódico explican que, aunque este ocupa el número 2.046 en el escalafón de la Carrera Judicial, «se tendrá en cuenta de manera positiva el cargo que ocupaba hasta hace dos meses».
El artículo 340 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dice así: «Los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia y los Presidentes de las Audiencias Provinciales que cesaren en su cargo quedarán adscritos, a su elección, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aquel del que provinieran en su último destino, hasta la adjudicación de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer período para el que fueron nombrados, tendrán preferencia, además, durante los dos años siguientes al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por concurso voluntario y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista».
Por otra parte, las mismas fuentes confirman que, una vez terminado el plazo, «el magistrado Santiago Pedraz no se ha presentado para ser elegido titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, en contra con lo publicado en algunos medios de comunicación».
Jubilación de García-Castellón
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 2 de septiembre la jubilación del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, instructor de casos de corrupción como Púnica, Lezo y Villarejo, y otras causas como la recientemente archivada sobre la plataforma independentista catalana Tsunami Democràtic.
De esta forma hace efectivo el acuerdo del pasado 20 de junio de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial «por el que se declara la jubilación forzosa del magistrado». Manuel García-Castellón, con una dilatada trayectoria en la Audiencia Nacional y en otros cargos como juez de enlace con Francia e Italia, solicitó en 2022 prorrogar su jubilación hasta el máximo permitido por la ley, los 72 años.
Tras regresar a la Audiencia Nacional en 2017 se hizo cargo de importantes causas de corrupción como los casos Púnica, Lezo y Villarejo, en el que ha investigado decenas de piezas relacionadas con los negocios del excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo. También ha estado al frente de diversas causas de terrorismo, como en la que propuso juzgar a cuatro exjefes de ETA por su presunta responsabilidad como miembros de la cúpula de la banda en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco en 1997. Precisamente le tocó investigar este crimen en su primera etapa en la Audiencia Nacional.
El pasado mes de julio, García-Castellón archivó el caso seguido por los disturbios de octubre de 2019 atribuidos a Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del procés, en el que figuraban diez personas investigadas, entre ellas la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El juez acordó dicho archivo tras la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de declarar la invalidez de las diligencias en esta causa desde el 29 de julio de 2021 por un error en la prórroga de la instrucción, al no cumplir los plazos legales por acordarla 24 horas después del tiempo límite. Esto provocó que el Tribunal Supremo archivara la investigación contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg por sus vínculos con dicha organización.
