El Gobierno ya supo en 2023 que la petrolera de Aldama vendía un 882% más de lo permitido
A los ocho meses de actividad saltaron las alarmas antifraude, pero no se hizo nada para evitarlo
El empresario Víctor de Aldama y la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera. | Ilustración de Alejandra Svriz
El Gobierno recibió una alerta de que Villafuel no cumplía las condiciones fijadas apenas ocho meses después de obtener la licencia como operador de hidrocarburos. La Corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos (Cores) advirtió en mayo de 2023 por escrito al director general de Política Energética, Manuel García Hernández, de que la empresa que usó Víctor de Aldama para defraudar al menos 182 millones de euros superaba en un 882% la previsión de ventas aprobada por el Ministerio de Transición Ecológica, liderada entonces por la actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.
Transición Ecológica habilitó a Villafuel el 15 de septiembre de 2022 para ejercer como operador al por mayor de productos petrolíferos. Lo hizo tras el visto bueno del Ministerio de Industria y después de subsanar varios errores en los documentos que habían remitido al ministerio en julio de ese año. Los investigadores sospechan que Aldama habría recurrido a la mediación del exministro José Luis Ábalos para conseguir la licencia a través de su asesor, Koldo García, que les habría ayudado a conseguir diversas reuniones con responsables gubernamentales.
La actividad de Villafuel llamó pronto la atención de Cores, la entidad vinculada a Transición Ecológica que se encarga de garantizar el suministro de hidrocarburos en nuestro país. En su junta directiva están representadas las grandes petroleras del país, como Repsol, Cepsa y BP.
El papel de Aldama
«La empresa ha declarado ventas durante los meses de septiembre de 2022 a marzo de 2023 y, en el total acumulado a dicha fecha, se ha superado la previsión de ventas aprobada por el Ministerio en un 29% en el grupo de las gasolinas y en un 882% en el grupo de los destilados medios (diesel y otros derivados). Si la compañía continúa con un nivel de ventas similar en los próximos meses, al final del primer año de actividad se podría superar en un 121% la previsión de ventas en el grupo de gasolinas y en un 1.583% en el grupo de destilados medios», dice el escrito que envió Cores a García Hernández.
Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalan en un informe al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que la desviación del plan de ventas aprobada por Transición Ecológica para empresa de la trama que «codirigían» Aldama y Claudio Rivas «en ningún caso fue objeto de comunicación formal por parte de la mercantil a los diferentes organismos de control», por lo que no existe ningún documento que acredite este extremo.
«En línea con la citada comunicación, resulta llamativo que una operadora de reciente incorporación a la actividad como mayorista registre ventas reales en el primer trimestre de actividad con una desviación sobre el plan de ventas inicial de un 882%, con una tendencia anual del 1.583% de desviación, superando las ventas de muchas operadoras. Estos extremos (…) sustentarían la venta del producto por debajo del precio de mercado, efectuado instrumentalmente a través de suministradoras fraudulentas», insiste la UCO en un informe incluido en el sumario del caso hidrocarburos.
El 18 de mayo de 2023, la Dirección General de Política Energética comunica por escrito a Villafuel una propuesta para revisar la estimación de ventas o consumos aprobados para el primer año de actividad. El texto otorga a la sociedad dirigida por Aldama un plazo de 10 días para formular alegaciones tras «haberse superado entre los meses de septiembre de 2022 a marzo de 2023 la previsión de ventas».
Las obligaciones de Villafuel
El 6 de junio, el departamento de García Hernández emite una resolución para cambiar la estimación y obliga a la operadora a cumplir con sus obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad durante los primeros 15 meses de actividad. Un día más tarde, la Dirección General de Política Energética remite la resolución a Cores y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Cuando Cores envió la comunicación a García Hernández, la UCO ya llevaba meses rastreando a Villafuel. Lo hizo desde finales de 2022. Desde esa fecha hasta el año pasado habría llevado a cabo un fraude de al menos 182 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos. La operación culminó el 7 de octubre con la detención de 11 personas, entre ellas Aldama y Rivas, a los que la Guardia Civil señala como «codirectores» de una estructura perfectamente jerarquizada y creada «ad hoc».
Los agentes destacan que Aldama y Rivas eran «imprescindibles para el funcionamiento de la organización debido a su capacidad económica, sus vinculaciones empresariales, contactos y conocimientos del sector de los hidrocarburos». Ambos ejercerían el control en todas las tramas de la trama. La UCO subraya que la red prosperó gracias a los contactos del comisionista de la trama Koldo, por la que fue detenido en febrero del año pasado y permitió identificar sus vínculos «con altos cargos del Gobierno y del PSOE».
La investigación revela que la trama de hidrocarburos habría «transferido fondos de procedencia delictiva a China, Colombia y Portugal» por un importe cercano a los 74 millones de euros. Aldama y Rivas habrían conseguido operar en la compra y venta de hidrocarburos en el país luso a través de la sociedad E F Iber Combustíveis – Distribuição De Produtos Petrolíferos y gracias a la mediación del hijo del presidente de la República, Nuno Rebelo de Sousa.
Petróleo de Venezuela
Como avanzó este diario, la Guardia Civil lleva meses investigando «una trama milmillonaria» que afecta a una decena de países y que se dedicaba a importar petróleo desde Venezuela vía República Dominicana, donde refinaban el crudo tipo Merey para adecuarlo a los estándares de calidad europeos. De esa manera, conseguían evadir el régimen de las sanciones que Estados Unidos y la UE vienen imponiendo al régimen chavista desde 2018.
La UCO comenzó a investigar en 2021 a Rivas, al que sitúa al frente de la empresa Gaslow, que resultó vital para conectar los supuestos pagos de la trama a Ábalos. El empresario disparó su facturación en los años posteriores, especialmente tras aliarse con Aldama, que le ayudó con Koldo García para que mediase con Industria, lo que podría haber facilitado la obtención de la licencia de Villafuel.
