El Supremo amenaza con dar la estocada a García Ortiz antes de su declaración
La Sala de lo Contencioso-Administrativo resuelve este martes el recurso contra su nombramiento como fiscal general
El fiscal general, Álvaro García Ortiz. | Ilustración de Alejandra Svriz
Día clave para el futuro de Álvaro García Ortiz. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resuelve este martes el recurso contra su nombramiento que registró la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) al considerar que no reúne los requisitos necesarios. Si prospera, el fiscal general llegará despojado del cargo a la declaración como investigado por revelación de secretos prevista este miércoles en el Alto tribunal. El máximo exponente del Ministerio Público ha pedido desestimar el recurso porque la organización que la interpuso solo intenta «socavar» al Gobierno.
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se reúne este martes a partir de las 10.30 horas para deliberar y fallar el recurso de APIF contra García Ortiz. La intención de los magistrados es resolver la cuestión el mismo día, aunque está por ver si anticipan el fallo a la espera de la sentencia, explican las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE.
En caso de que la Sala estime el recurso de APIF, podría darse la situación de que el fiscal general acuda el día siguiente a declarar por la filtración del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, habiendo sido ya anulado su nombramiento. La causa seguiría adelante en el Supremo, ya que como fiscal de Sala García Ortiz está aforado en virtud del artículo 57 Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
La idoneidad de García Ortiz
APIF interpuso hace un año un recurso contra su designación como fiscal general al considerar que su «parcialidad» en favor del Gobierno demuestra que su nombramiento no se ajusta a la ley. García Ortiz fue designado el 19 de julio de 2022, después de que su predecesora, Dolores Delgado, dimitiera por razones de salud. El Consejo de Ministros del 28 de noviembre del año siguiente le renovó hasta 2027 a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le consideró «inidóneo» para el cargo.
La asociación que ahora preside Miguel Pallarés se opuso a la designación después de que el Supremo anulara el ascenso de Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal en detrimento de otros candidatos con más méritos. Los magistrados apreciaron en esa decisión «desviación de poder». Además, le acusan de «privar» al Consejo Fiscal de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de ley de amnistía.
García Ortiz ha tratado de apurar todas las opciones para evitar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo le despoje del cargo. Este lunes pidió que desestimara el recurso de la APIF al considerar que esta asociación solo intenta «socavar» al Gobierno y tener «publicidad». Así consta en el escrito de acusaciones presentado por su defensa. El documento, fechado el pasado 21 de noviembre, afea a la organización que intente «imputar al fiscal general actuaciones que no ha realizado nunca» y le acusa de basar su impugnación «en consideraciones de índole estrictamente subjetiva».
«Las afirmaciones que de modo gratuito se están utilizando en el escrito de conclusiones nos lleva a poder afirmar, sin ningún género de dudas, que este procedimiento es un claro ejemplo de lo regulado en el número 2 del artículo 11 de la LOPJ», insiste García Ortiz. Dicho apartado de la norma contempla que los jueces «rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal».
La querella del novio de Ayuso
La Sala que decidirá su futuro está compuesta por Pablo Lucas, Luis Díez-Picaso, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, Pilar Teso y José Luis Requero. García Ortiz ya trató de apartar sin éxito a cuatro de los cinco magistrados al ser los mismos que participaron en la sentencia contra su dedazo a Dolores Delgado. El Supremo ya archivó una querella del PP contra el fiscal general por el ascenso de su predecesora.
APIF está personada como acusación popular en la causa que investiga al fiscal general por un delito de revelación de secretos. La Unión Progresistas de Fiscales (UPF) le acusa de formar parte de forma «entusiasta» de una «auténtica caza de brujas» contra el fiscal general. La organización que preside Miguel Pallarés responde que su actuación fue necesaria por la «inacción» del Ministerio Público.
García Ortiz debe declarar este miércoles como investigado después de que Alberto González Amador se querellara contra él por una filtración con la que la Fiscalía pretendía contrarrestar una información que aseguraba que había sido el Ministerio Público quien ofreció un pacto al novio de Ayuso, que se declaró autor de dos delitos fiscales para alcanzar un acuerdo de conformidad.
El fiscal general solicitó aplazar su declaración y pidió que antes se practicaran una serie de diligencias, entre ellas citar al querellante, a varios periodistas e intervenir el dispositivo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso. No obstante, el juez que instruye el caso, Ángel Hurtado, ha rechazado sus reclamaciones. El magistrado también descarta que González Amador sea un «defraudador confeso» y lamenta «el daño reputacional» que le hacen los medios con esa calificación.
