García Ortiz se aferra a la nulidad del registro para esquivar el caso del novio de Ayuso
El Supremo debe pronunciarse sobre una medida que el fiscal general tilda de vulneración de derechos fundamentales
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, tras declarar el pasado miércoles en el Supremo. | Daniel González (Efe)
Álvaro García Ortiz se aferra a la nulidad del registro de su despacho para esquivar la querella del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Durante su declaración del pasado miércoles catalogó el episodio del 30 de octubre como «una entrada invasiva de derechos fundamentales». Sus palabras han sido interpretadas como una estrategia para llevar la causa al Tribunal Constitucional con el objetivo de dejar sin efecto el auto que dictó el juez Ángel Hurtado. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo aún debe pronunciarse sobre el recurso que presentó el fiscal general el 8 de noviembre.
García Ortiz está siendo investigado por un delito de revelación de secretos. El novio de Ayuso, Alberto González Amador, se querelló el pasado abril contra el Ministerio Público por la filtración de sus datos privados. La Fiscalía emitió el 14 de marzo un comunicado para contrarrestar una información que aseguraba que había sido el Ministerio Público quien ofreció un acuerdo al empresario. En un email anterior, este confesaba dos delitos fiscales y pedía un pacto de conformidad para no llegar a juicio.
Durante su declaración del pasado miércoles en el Supremo, García Ortiz se refirió al registro en su despacho como «un allanamiento» insólito en Europa. El fiscal general aseguró que se trató de «una entrada invasiva de derechos fundamentales». Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permanecieron 11 horas en la sede de la Fiscalía General del Estado el 30 de octubre. Hurtado dictó un auto que días más tarde puso en tela de juicio el investigado con un recurso en el que pedía la nulidad de las diligencias.
García Ortiz carga contra el juez
La fiscal que lleva el caso, María Ángeles Sánchez Conde, se quejó ante Hurtado al considerar que no debió practicarse la declaración de su jefe hasta que la Sala de Apelaciones se pronunciara sobre el recurso que presentó el 8 de noviembre. Sin embargo, el magistrado no recogió el guante. García Ortiz cargó contra el juez, al que acusó de actuar de forma «predeterminada» y tener clara su decisión final una vez finalizadas las pesquisas. Fuentes presentes en el interrogatorio sostienen que le afeó partir de una certeza que «le impide descubrir la verdad».
García Ortiz rechazó responder a las preguntas del juez instructor, lo que ha llevado a un tercio de los miembros de la Junta de Fiscales a solicitar formalmente su dimisión. En una carta, 13 de los 36 miembros de este órgano de consulta del Ministerio Público solicitan que deje el cargo «por el bien de la institución que dirige». Entre los firmantes se encuentran antiguos fiscales generales como Consuelo Madrigal y María José Segarra, esta última integrante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que fue portavoz el investigado.
Durante su declaración, que se prolongó durante hora y media, García Ortiz repitió en varias ocasiones que el registro vulneró derechos fundamentales. Una estrategia que, según las fuentes consultadas, busca anular la instrucción a través del Constitucional. El órgano que preside Cándido Conde-Pumpido cuenta con una mayoría progresista de siete magistrados contra cinco.
La Abogacía del Estado y Sánchez Conde han dado ya los primeros pasos en ese sentido, al recurrir el registro ante la Sala de Apelaciones del Alto tribunal. Si la resolución no es favorable, se abre la puerta a acudir al Constitucional, aunque la doctrina consolidada no es halagüeña. Los juristas sostienen que para que prospere un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales es necesario agotar la vía judicial, ya que si se abre juicio oral es posible que la sentencia pueda restaurar el quebranto al que alude el fiscal general.
Vulneración de derechos fundamentales
Hurtado dictó el pasado 30 de octubre un auto en el que autorizaba la entrada y registro del despacho de García Ortiz. Los agentes de la UCO se incautaron de teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos electrónicos. El recurso de apelación denuncia que el fiscal general conoció la medida de forma parcial y que existieron «extensiones indebidas de ámbito objetivo de investigación». La Abogacía del Estado cree que se amplió el periodo de las pesquisas y que eso supuso una «grave vulneración de derechos fundamentales».
El texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, sostiene que la obtención de información de sus dispositivos electrónicos «no ha cumplido con la necesaria salvaguarda de dos derechos fundamentales», el derecho a la intimidad personal y el de limitación del uso de la informática. «Sobre esta base, podemos ya denunciar que en las diligencias previas tramitadas no existe ninguna sospecha objetivamente fundada de la comisión de una concreta infracción».
La defensa de García Ortiz se queja de que el registro de los dispositivos electrónicos no tuvo en cuenta los criterios de proporcionalidad ni de especialidad por el que «no podrán autorizarse medidas de investigación tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva». E insiste: «A mayor abundamiento, el auto recurrido también incurre en vulneración de los principios de excepcionalidad y de necesidad».
El recurso sostiene que en los terminales incautados al fiscal general «hay información que sin tratar de ser exhaustivos puede comprometer la seguridad del Estado, la actividad de otras instituciones, intereses nacionales, compromisos con terceros y en definitiva a la estructura de la Fiscalía en su conjunto».
«Cero mensajes»
El volcado del móvil de García Ortiz reveló que existían «cero mensajes» entre el 7 y 14 de marzo, los días claves de la filtración. Un informe posterior de la UCO detectó conversaciones entre el fiscal general y otra subordinada en la copia de los dispositivos de esta última, lo que demuestra que habrían sido borrados.
Este diario avanzó que García Ortiz ha cambiado de terminal y de número. Fiscalía explicó que los móviles se renuevan de forma recurrente, aunque dos fiscales negaron al juez que existiera tal protocolo. Durante su declaración, el fiscal general aseguró que desde que ostenta el cargo ha cambiado de móvil en seis ocasiones. Hurtado ha pedido recuperar las copias de seguridad y el tráfico de datos. Incluso ha emitido comisiones rogatorias a Google y Meta, matriz de WhatsApp, cuyas sedes se encuentran en Irlanda.
