Denuncian a una juez del Supremo por no abstenerse en el fallo del letrado del Congreso
Pilar Teso es miembro de la Junta Electoral Central, de la que Fernando Galindo, beneficiario de la sentencia, es vocal
La juez y vicepresidenta de la Junta Electoral Central, Pilar Teso, a la derecha, en la constitución de este organismo el pasado día 6. | EP / Alejandro Martínez Velez
El letrado del Congreso de los Diputados, Manuel Fernández-Fontecha, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la magistrada del Tribunal Supremo, Pilar Teso Gamella, por «falta disciplinaria muy grave». El motivo es que no se abstuvo en el fallo que desestima la denuncia contra el nombramiento de Fernando Galindo, afín al PSOE, como letrado mayor de la Cámara Baja, según las alegaciones de Fernández-Fontecha, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La magistrada Pilar Teso Gamella es miembro de la Junta Electoral Central, en la que Galindo es vocal, «principal beneficiario de la sentencia dictada».
El polémico nombramiento de Fernando Galindo como secretario general del Congreso de los Diputados se dirime ahora en los tribunales, después de la polvareda que levantó la decisión de la presidenta socialista, Francina Armengol, de nombrarlo para este cargo. El hecho de que Galindo llegara a este puesto desde un cargo en la Administración socialista, así como su cercanía al PSOE, fue una de las razones por las que el Partido Popular votó en contra de su designación, cuando tradicionalmente se elegía por unanimidad.
En 2021, Fernando Galindo fue nombrado director general de Cooperación Autonómica y Local en el Ministerio de Política Territorial y dos años después Isabel Rodríguez le ascendió a subsecretario del Ministerio, donde cesó cuando fue elegido para ostentar la jefatura de los servicios jurídicos y administrativos de la Cámara. En el departamento de Política Territorial desarrolló funciones técnicas con las comunidades y una de sus tareas fue coordinar la transferencia de Costas al Gobierno balear de Francina Armengol.
El nombramiento de Galindo causó estupor en parte del Cuerpo de Letrados, formado por unos 50 funcionarios repartidos entre el Congreso y el Senado. De hecho, se produjeron varias dimisiones como la del interventor general del Congreso de los Diputados, Luis de la Peña, así como la de otras cinco letradas: la directora de Comisiones, Blanca Hernández Oliver; la de Relaciones Institucionales, Helena Boyra Amposta; la directora de Asesoría Jurídica, Paloma Martínez Santa María; la de Recursos Humanos y Gobierno Interior, Mónica Moreno Fernández-Santa Cruz; y la interventora del Congreso, Isabel Revuelta de Rojas. Estas tres últimas letradas se trasladaron al Senado.
El temor de que Galindo pusiera el Congreso de los Diputados al servicio del Gobierno de Sánchez se materializó con la Ley de Amnistía, al firmar un informe en el que permitía su tramitación en la Cámara. El letrado mayor aseguró en su informe que «la proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña cuenta con elementos que le diferencian de la Proposición de Ley Orgánica de los Grupos Parlamentarios Republicano y Plural, de Amnistía y resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español. Estos elementos permiten afirmar que no existe una contradicción evidente y palmaria con lo dispuesto en el artículo 62 i) de la Constitución». El anterior letrado mayor se había opuesto.
Uno de los letrados del Congreso, Manuel Fernández-Fontecha, denunció este nombramiento ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que, en sentencia del pasado mes de enero, la desestimó. El letrado está dispuesto a seguir su batalla jurídica contra este nombramiento y ha denunciado ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los magistrados que así lo han decidido.
Por una parte, denuncia a María del Pilar Teso Gamella por «una presunta falta disciplinaria muy grave de inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas». Teso fue una de las candidatas del PSOE para ocupar la presidencia del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. En su denuncia, Fernández-Fontecha señala que hay «una clara infracción de la imparcialidad, causante de una irremediable nulidad de actuaciones, al formar parte de ella doña María del Pilar Teso Gamella, vocal de la Junta Electoral Central (JEC) designada por el Pleno del 25 de septiembre de 2024». De esta JEC «forma parte como secretario don Fernando Galindo, principal beneficiario de la sentencia dictada, entre otros, por la citada señora».
«Falta disciplinaria muy grave»
En su denuncia se señala que «no era el primer incidente del proceso, pues la Sala y Sección no ordenó al Congreso de los Diputados a emplazar al afectado hasta estar ya presentados sendos escritos de conclusiones, omitiéndolo, por tanto, en el momento procesalmente oportuno, no al finalizar el proceso».
Al resto de magistrados que firmaron la sentencia, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Antonio Jesús Fonseca Herrero Raimundo, Luis María Díez-Picazo Jiménez y José Luis Requero Ibáñez, los denuncia por «una presunta falta disciplinaria muy grave de desatención o retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas, o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales».
Fernández-Fontecha asegura que la sentencia expone los hechos de forma «caótica y contradictoria», ya que declara conforme a Derecho el nombramiento de Fernando Galindo cuando «este se encontraba en excedencia especial por nombramiento del Gobierno en el Ministerio de Política Territorial, no en activo en las Cortes, dándose de alta solamente para ser nombrado, transitando directamente desde dos puestos políticos del Gobierno al nombramiento como máxima autoridad administrativa del Congreso de los Diputados sin aportar siquiera un currículum a la Mesa».
